La decisión del presidente Carlos Alvarado de nombrar a Ottón Solís como representante del país ante la OCDE, cuya sede está en Paris, Francia, desató una fuerte interferencia en el diálogo político en momentos delicados para el país.

El Gobierno abrió un flanco adicional de confrontación justo cuando los actores políticos necesitan concentrarse en resolver los desafíos económicos del país, sin renunciar al control político sobre los escándalos por presunta corrupción en obras viales e infiltración del narcotráfico.

Ahora, hasta el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) está en veremos.

Repasemos los hechos políticos más relevantes de esta semana:

1. Solís a París

Desde el fin de semana anterior, empezó a sonar en corrillos una aparente renuncia del fundador del PAC, Ottón Solís, al cargo de representante del país ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El pasado martes 6 de julio, el Consejo de Gobierno despejó la duda. No se trataba solo de una dimisión al BCIE, sino de una renuncia al Banco Centroamericano para ser nombrado, de inmediato, como el representante de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El anuncio, a diez meses de que termine la administración Alvarado Quesada, desató una tormenta de críticas políticas secundada por la inconformidad de cámaras empresariales.

La decisión del Poder Ejecutivo logró que seis partidos políticos de oposición unieran sus banderas en un comunicado de prensa para exigir “de forma enérgica” echar marcha atrás con el nombramiento, advirtiendo que “se pone en riesgo mucho del diálogo y los acuerdos para el resto” de este periodo gubernamental.

Firmaron el pronunciamiento el PLN, el PUSC, Restauración, Nueva República, el Republicano Social Cristiano y el PIN.

Básicamente, la oposición le achacaba a Ottón Solís no haber apoyado el ingreso del país a la OCDE, mientras que el fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC) declaró el mismo martes que ese argumento es una mentira.

Solís afirma que la oposición busca una “excusa para hacer guerra”. Alega que él apoyo el ingreso a la Organización desde que la idea fue planteada por la expresidenta Laura Chinchilla y que él objetó solo dos de los ajustes requeridos durante el proceso de adhesión.

Dijo haber objetado la incorporación de la banca pública comercial a la creación de un fondo de garantías para los ahorrantes, así como una frase que dice que el IMAS podrá atender a los agricultores si estos son desplazados con la apertura comercial.

Ottón Solís agregó que el presidente le propuso el puesto hace varias semanas y que fue el mandatario quien planteó su nombre al Consejo de Gobierno.

Por su parte, la jefa de fracción de Liberación Nacional (PLN), María José Corrales, subió el tono y calificó de “innegociable y requisito fundamental” la salida de Ottón Solís de la OCDE para mantener los puentes políticos.

Según Corrales, incluso está en evaluación la votación en segundo debate del crédito de $1.778 millones del FMI, previsto para el próximo lunes 12 de julio.

Otros diputados, como el republicano Otto Roberto Vargas, fueron más allá y dijeron que toda la agenda del ajuste fiscal está en peligro con el nombramiento de Ottón Solís.

2. De lo político a lo técnico

No obstante, la discusión luego pasó de un ámbito político a uno más delicado: el de lo técnico y lo legal.

El miércoles, el ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano, confirmó que él votó en contra el nombramiento de Ottón Solís durante la sesión del Consejo de Gobierno y que la propuesta del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) era designar en el cargo al actual representante, Manuel Tovar, por una razón técnica: para aprovechar su conocimiento acumulado sobre el quehacer de la OCDE.

Según dio a conocer La Nación este jueves 8 de julio, este nombramiento viola la ley de adhesión a la OCDE aprobada por los diputados y firmada por el propio presidente de la República, Carlos Alvarado.

El artículo 4 de la ley 9981 establece que “el Consejo de Gobierno, por iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), designará al funcionario que representará al país ante dicha organización”.

En este caso, el Consejo de Gobierno desoyó la propuesta del Comex, que era nombrar a Manuel Tovar, y acogió una propuesta del presidente.

Según explicó el abogado constitucionalista Rubén Hernández, la ley no prevé la posibilidad de que el presidente proponga el nombre del representante ante la OCDE, sino que restringe esa posibilidad únicamente al Comex.

“Aquí lo que cambia, la innovación, es que quien puede proponer el nombre únicamente es el ministro, el presidente no puede proponer nombres.

“Lo que dice la ley es muy clara en el sentido de que tiene que ser propuesta de ministro (de Comex)”, expuso el experto.

Rubén Hernández añadió que la ley tampoco señala qué pasa si el Consejo de Gobierno rechaza la iniciativa del Comex sobre la persona que representará al país ante la OCDE: “No dice nada, nada más dice que la iniciativa viene de ahí. Entonces, pareciera que la ley quedó clara”.

“El interés del legislador es que siempre se elija a alguien que venga recomendado por el Ministerio de Comercio Exterior. Si no viene recomendado por el Ministerio de Comercio Exterior, no pueden nombrarlo”, agregó.

El mismo jueves, el Gobierno emitió un comunicado en el que dijo tener la “convicción” de que la designación respeta plenamente lo establecido en la ley 9981: “El tema se vio por iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior, que planteó una propuesta específica, y el Consejo de Gobierno tomó la decisión final sobre la designación”.

Para el diputado del PLN y expresidente legislativo, Carlos Ricardo Benavides, el comunicado de la Presidencia es una burla al sentido de la ley y un intento por convertir la norma en una “pieza decorativa”.

Benavides advirtió de que los miembros del Consejo de Gobierno podrían exponerse a sanciones legales.

“El Consejo de Gobierno nombra y eso está clarísimo. Es una potestad del Consejo. La diferencia en este caso es que no es una libertad o una competencia irrestricta, sino que la ley dice que lo hará a instancia del Ministerio de Comercio Exterior, de forma tal que así es como debe de proceder.

Con él coincidieron Jonathan Prendas, de Nueva República; Eduardo Cruickshank, de Restauración Nacional; así como las liberacionistas Ana Lucía Delgado y Silvia Hernández, presidenta legislativa.

Prendas, quien fue el presidente de la comisión especial de la OCDE, recordó que se incluyó la potestad del Comex, en el proceso del nombramiento del representante del país, precisamente para evitar nombramientos a dedo.

Cruickshank, a su vez, señaló: “Si el Gobierno no quiere nombrar a una persona recomendada por Comex, podría apartarse de ese criterio, pero debería pedirle a Comex que le mande a otra persona, pero no puede subrogarse la iniciativa de Comercio Exterior que no le corresponde”.

Por ahora, ninguno de los actores cede en su posición. Al Gobierno se le agota el tiempo, pues el crédito del FMI sería sometido a segundo debate el próximo lunes. Tiene que decidir si mantiene su posición a un alto costo, exponiendo la agenda de ajuste fiscal y hasta exponiéndose a eventuales procesos legales.

3. Impuesto a casas de lujo

Precisamente sobre la agenda de ajuste fiscal pactada con el FMI, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, anunció que ahora el acelerador se pondrá sobre el proyecto para modificar el impuesto a las casas de lujo.

El ajuste implicaría un cobro anual del 0,5%, sobre el valor, a todas las casas por encima de los ¢150 millones.

Este esquema sustituiría al modelo actual que impone una tasa progresiva, que oscila entre el 0,25% y el 0,55%, a las casas de más de ¢133 millones.

Si se aprueba el nuevo esquema de cobro, el impuesto subiría de ¢375.000 a ¢750.000 para una casa de ¢150 millones.

En el caso de una vivienda de ¢300 millones, el dueño tendría que pagar ¢1,5 millones al año en vez de ¢750.000.

Consultado sobre la inclusión de los terrenos, el ministro Villegas explicó que el lote donde se ubica la casa sí se toma en cuenta para la valoración. “No el resto del área. No se contemplarían fincas”, detalló.

El proyecto está en la Comisión de Asuntos Jurídicos cuya presidenta es la liberacionista Franggi Nicolás.

Ella alega que hay diputados preocupados de que la iniciativa aumente la base de contribuyentes y “termine afectando a la clase media”.

Esa es una disyuntiva no tan fácil de dilucidar. El propio partido de Franggi Nicolás, el PLN, impuso este tributo a las viviendas a partir de los ¢133 millones, en un rango que está por debajo del propuesto ahora; es decir, la ley actual cubriría en teoría a más familias.

Ahora, el PAC plantea subir el rango a ¢150 millones, pero quiere homologar la tasa en un 0,5% del valor de la propiedad, en vez de hacerlo de manera progresiva. En todo caso, está claro que el Gobierno busca más ingresos fiscales con esta reforma. Su idea es recaudar ¢61.200 millones anuales, lo que significaría un incremento del 1.100% sobre los ¢5.000 millones que se recaudan en la actualidad.

4. ‘Terreno delicado’ con empleo público

El primero de los proyecto del ajuste fiscal pactado con el FMI ya está en la Sala IV y el presidente Carlos Alvarado declaró, por diversos hechos alrededor de este trámite, que ‘estamos entrando en un terreno delicado de la institucionalidad’.

Su declaración se debe a la consulta facultativa de constitucionalidad que la Corte Plena presentó, ante la Sala IV, contra el proyecto de Ley de Marco de Empleo Público.

Esta consulta, utilizada por primera vez en la historia por el Poder Judicial, entró a la Sala IV el 1.° de julio, seis días después de que, el 25 de junio, el tribunal constitucional había recibido de parte la Asamblea Legislativa el expediente de la reforma.

Alvarado argumentó que existe “un tema delicado de forma” porque la propia Sala IV ha dicho que, una vez recibido un expediente legislativo para análisis, cualquier otra consulta de constitucionalidad “está fuera de plazo y no puede ser recibida”.

“Y eso se lo ha dicho (la Sala) a los diputados, que son otro poder de la República (...) Lo primero que está es si se va a aplicar un principio de igualdad en esto o si va haber desigualdad. Y esa señal va a ser muy importante porque vamos a ver si, en verdad, hay igualdad entre poderes o si unos son más iguales que otros”, continuó.

Por ejemplo, el 23 de noviembre del 2018, por ejemplo, el Tribunal Constitucional declaró inadmisible una de las consultas de constitucionalidad presentadas por los diputados sobre la reforma fiscal porque fue presentada una hora y 31 minutos después de que la copia certificada del expediente del proyecto llegó a la Sala IV.

Así consta en la resolución 2018-19511, la cual también señala que el plazo de 30 días para resolver empieza a correr a partir del ingreso de la copia certificada íntegra del expediente legislativo.

En el caso la reforma al empleo público, a la Sala IV ingresaron tres consultas de diputados entre el 17 y el 23 de junio, antes de que llegara el expediente completo al tribunal (25 de junio), y la de la Corte Plena el 1.° de julio, después de que llegó el legajo.

Por su parte, el viernes 2 de julio, la Sala Constitucional informó en un comunicado de que, estando constituido el Tribunal que resolverá la consulta sobre el proyecto de la ley de empleo público, decidió acumular las cuatro consultas y que el plazo de 30 días para resolver empezó a correr ese día.

Agregó que “la Sala deberá, en el momento procesal oportuno, establecer si las consultas de constitucionalidad acumuladas cumplen o no con los requisitos formales exigidos, lo que se resolverá junto con la opinión consultiva”.

5. Ataques a casas de diputados

Dos diputados, una del PLN y otro del PAC, sufrieron el martes de esta semana ataques a sus viviendas en Ciudad Quesada, San Carlos.

Se trata de la jefa de fracción liberacionista, María José Corrales, y del oficialista Luis Ramón Carranza.

Un sujeto que circulaba en un BMW valorado en ¢32 millones lanzó huevos contra las viviendas de ambos y, en el caso de Carranza, al parecer entró hasta la sala de la casa en donde había menores de edad presentes. Según testimonios, gritó “empleo público”.

Las cámaras de seguridad del barrio de Corrales grabaron al sujeto.

El alcalde de San Carlos, Alfredo Córdoba, logró identificar a la persona con base en el video, como Marco Antonio Ramírez Guzmán.

Se trata de un exconcejal del Partido Liberación Nacional (PLN) en el distrito de La Fortuna, quien además fue inspector municipal de San Carlos hasta hace un año.

Según el alcalde liberacionista, Ramírez se involucró el año pasado en los bloqueos viales organizados por dirigentes como Célimo Guido.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) abrió una investigación de oficio.

6. Llamada de investigado a jefa del PLN

La jefa del PLN, María José Corrales, también estuvo en la palestra pública esta semana al trascender que William Herrera Chacón, uno de los empresarios investigados en el Caso Cochinilla, aseguró haber hablado con ella para contrarrestar una denuncia de la diputada liberacionista Silvia Hernández, actual presidenta del Congreso, sobre aparentes irregularidades en la vía a San Carlos.

El 5 de febrero del 2020, Silvia Hernández denunció en el plenario legislativo que, en la construcción del tramo Sifón-La Abundancia de la carretera a San Carlos, se habrían pavimentado accesos a fincas privadas y rutas cantonales. Ella se fundamentó en un informe del Conavi que mencionaba a Constructora Herrera, gerenciada por William Herrera, como una de las empresas implicadas en las presuntas anomalías.

En aquel momento, Hernández era la jefa de bancada de Liberación Nacional (PLN).

En una intervención telefónica efectuada al día siguiente, a las 8:09 a. m. del 6 de febrero del 2020, el OIJ escuchó a William Herrera decir que la diputada María José Corrales, de San Carlos, lo llamó “puteada” y “molesta”, porque una compañera de partido lanzó “un montón de acusaciones así tan feas y nosotros ni siquiera nos dimos cuenta”.

Herrera hablaba con Carlos Solís Murillo, exgerente financiero del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), ambos investigados en el expediente 19-000025-1218-PE sobre presunta corrupción en el manejo de obras viales.

El empresario también dijo que preparó un documento y se lo envió a la diputada mediante una prima hermana de él que es asesora de la actual jefa de fracción de Liberación.

El mismo día de la intervención telefónica, la actual jefa del PLN pronunció un discurso para criticar la compañera de su compañera Silvia Hernández, quien la escuchaba de pie, detrás de ella.

Consultada por este medio, la diputada Corrales dijo que “honestamente” no recordaba haber sostenido esa conversación con William Herrera o haber recibido un documento de su parte, al tiempo que reconoció que una asesora suya es prima del empresario.

Insistió en que su preocupación era el futuro de la carretera a San Carlos. Sobre la denuncia que hizo su compañera Silvia Hernández, dijo: “sus acusaciones me generaron un sinsabor muy grande”.

Aunque el año pasado alegó que la ley exige al Conavi devolver a su estado original vías cantonales que se vean afectadas durante la construcción de una ruta nacional, ahora la jefa del PLN dijo que, lamentablemente, cree “que sí existen dudas razonables y que debe investigarse a profundidad” lo sucedido con esta obra en San Carlos.

7. Calle de exministro de Solís

El pasado martes 6 de julio, La Nación publicó una noticia relacionada con el exministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Villalta, quien ejerció ese cargo durante el gobierno de Luis Guillermo Solís, entre el 2016 y el 2017.

Una finca privada propiedad del exministro, en San José de la Montaña, tiene una calle de unos 200 metros que fue construida sin permisos de la Municipalidad de Barva ni del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

Andrea Bonilla Miranda, exesposa de Villalta, declaró al OIJ que la constructora MECO le obsequió la pavimentación de una vía de unos 150 metros como pago por una supuesta asesoría, en un terreno que estaba en condición de potrero y que el exjerarca recibió como herencia de su madre.

El camino de acceso fue construido en el 2015 en la comunidad de El Bajito, en Barva de Heredia.

En aquella época, Villalta era el director de la Unidad Ejecutora PIV-I, equipo que administró un préstamo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le otorgó al Gobierno de Costa Rica, por $300 millones (¢186.000 millones), para desarrollar diversas obras viales de gran envergadura.

Parte de las obras fueron adjudicadas a las constructoras MECO y H. Solís, las cuales son investigadas en el expediente judicial conocido como el Caso Cochinilla, sobre presunta corrupción en obras viales.

Con dinero de este préstamo del BID, la empresa MECO se encargó de construir el paso a desnivel de Paso Ancho en la carretera de Circunvalación, el cual fue terminado en agosto del 2016 por un monto de $9,4 millones. Además, fue una de las contratistas de los puentes de la ampliación de la vía Cañas-Liberia.

Consultado por La Nación, Villalta no quiso referirse al tema.