El sector camaronero deposita sus esperanzas en el proyecto de ley (expediente Nº 18.968) que se encuentra en estudio en la Comisión Especial de Puntarenas, de la Asamblea Legislativa.
Este proyecto propone el uso obligatorio de excluidores de tortugas y peces como medida para garantizar la sostenibilidad del arrastre de camarón y así reinstaurar este arte de pesca.
También propone ampliar el abanico de especies objetivo del arrastre a langostino chileno, sardina y atún, y permitir la pesca solo a embarcaciones nacionales, las cuales tendrían licencias diferenciadas en tres categorías: aguas costeras, aguas profundas y artesanales.
Para Jorge Jiménez, director de Fundación MarViva, este proyecto de ley carece de fundamento científico, una de las condiciones que estipuló la Sala IV en la resolución N.º 2013-010540.
“El uso de excluidores no elimina el resto de impactos al ecosistema”, aseguró Jiménez, quien cuestionó que el proyecto fuera presentado a la Comisión Especial de Puntarenas cuando el argumento de la Sala IV se basó en lo ambiental.
“Este proyecto solo se enfocó en lo social, dejando por fuera lo ambiental”, alegó Jiménez.
Además, el director de MarViva consideró que, incluso en lo social, no se contempló a los 15.000 pescadores artesanales que se ven afectados por los barcos camaroneros.
Aparte de pescar camarón, las redes de arrastre también capturan peces –como pargos y corvinas, entre otros– que son de interés para la pesca artesanal, lo cual ha derivado en roces entre ambos sectores.