El Gobierno construirá una cárcel nueva valorada en $20 millones (unos ¢11.000 millones) para albergar a 1.609 reos.
El inmueble se levantará en los mismos terrenos donde se ubica el centro penal La Reforma, en San Rafael de Alajuela.
El anuncio lo hizo la ministra de Justicia y Paz, Cristina Ramírez, ante la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel sobre el Hacinamiento Carcelario del Poder Judicial.
Según explicó, la infraestructura comprende celdas, dormitorios para policías, espacios de visita familiar e íntima, salón multiusos, aulas de capacitación, cocinas, comedor, puestos de seguridad, armería, locutorios, espacios para atención técnica, edificio administrativo y parqueo.
“Esta nueva cárcel pretende darle a la población privada de libertad una atención integral y estamos pensando un espacio idóneo para que nuestros funcionarios puedan trabajar adecuadamente”, dijo Ramírez.
La semana pasada, La Nación publicó un reportaje el cual evidenció que 10.860 reos (78,5%), ubicados en 135 ámbitos en todo el país, conviven en hacinamiento crítico en pésimas condiciones de reclusión. El Gobierno dice que la sobrepoblación es de 4.697 reos (51,4%).
Ese cálculo del 78,5% se realizó con base en los datos de población desglosados por ámbito, que la ministra debió entregar a este diario por orden de la Sala Constitucional.
Críticas. Para el juez de ejecución de la pena, Roy Murillo, resulta “espeluznante y vergonzoso” mantener reclusos en esas condiciones, por lo que es imposible alcanzar cualquier finalidad resocializadora de la pena. “El castigo solo alcanza una dimensión neutralizadora y se convierte en un mecanismo para el maltrato”, sostuvo.
La ministra Ramírez señaló que, desde mayo del 2014, han habilitado 1.072 espacios carcelarios para combatir el hacinamiento. Añadió que el próximo mes funcionarán 80 espacios en un módulo que se construye en el complejo La Reforma, para trasladar a los adultos jóvenes quienes están en el centro de formación Zurquí, en celdas con un 216% de hacinamiento.
Dijo que en junio estarán listos los planos de 15 unidades productivas que albergarán 2.200 reos, bajo un modelo de trabajo. Se espera que la construcción se inicie a finales de año, con $50 millones del préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Marta Iris Muñoz, directora de la Defensa Pública, sostuvo que todas estas construcciones son como “echar agua en el desierto”, pues resultan insuficientes para atender la cantidad de población que entra todos los meses.
Muñoz recordó que ya hay un proyecto de ley para transformar los delitos menores, como el hurto, en contravenciones y bajar los niveles de ingreso.
José Manuel Arroyo, vicepresidente del Poder Judicial, explicó que desde la Comisión se impulsaron las rebajas a las penas para mujeres por introducir droga a centros penales, además de la ley que aprobó los brazaletes electrónicos para reos, como medida alterna a la prisión.
“Hay que hacer conciencia entre los jueces de que la medida cautelar es excepcional, y que pueden manejarse alternativas que posibiliten la vinculación del acusado al proceso, sin necesariamente esperar juicio detenido”, dijo el magistrado Arroyo.
Precisamente, Luis Mariano Barrantes, director de Adaptación Social, llamó la atención por la cantidad de personas que envían los jueces a prisión.
Solo entre enero y febrero, por ejemplo, entraron 890 reos a prisión preventiva (14 diarios) y 190 por condenas en firme.
Magda Pereira, presidenta de la Comisión, comentó que ya han capacitado a jueces en materia de imposición de medidas cautelares, para que únicamente utilicen prisión preventiva en casos excepcionales.
Personal. El juez Murillo cuestionó que cada vez se construyen más espacios carcelarios, pero cada vez hay menos funcionarios para encargarse de la población.
Ante esta situación, la ministra Ramírez pidió a la Comisión del Hacinamiento instar al Ministerio de Hacienda para que Adaptación Social sea excluida de las directrices del Poder Ejecutivo que impiden reponer o contratar a más personal.
Ramírez explicó que ella ya informó a Hacienda sobre la necesidad de más policías penitenciarios; sin embargo, está pendiente hacer el requerimiento del personal técnico faltante para atender a toda la población, por lo que un equipo lo está analizando.
Por ejemplo, a nivel de salud, señalaron que hay un médico por cada 1.000 reos y lo conveniente es que exista un doctor por cada 500 presidiarios.