El Ministerio de Justicia y Paz ha repartido $3,2 millones (unos ¢1.700 millones) entre 119 consultores con fondos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la construcción de unidades productivas, delegaciones policiales y centros cívicos para la paz.
Esos contratos se han suscrito durante 24 meses desde febrero del 2013. La Asamblea Legislativa aprobó los recursos por $132 millones en enero del 2012.
Los dineros son administrados por la Unidad Ejecutora del Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social.
Entre los 119 consultores hay biólogos, abogados, psicólogos, arquitectos, ingenieros civiles, mecánicos y eléctricos, geólogos, topógrafos, geógrafos, estadísticos, politólogos y arqueólogos.
Cincuenta de esos contratos se suscribieron por menos de $20.000; la mitad (65) por montos entre $20.001 y $70.000, tres entre $70.001 y $90.000, y uno por $120.000. En promedio, las consultorías duraron cinco meses.
Adicionalmente, ocho firmas privadas ganaron contratos por $53.680, en total, para anuncios en periódicos, alquiler de salones para charlas y auditorías.
Por su parte, el consorcio CGL World Solutions-OBP Arquitectos Costa Rica obtuvo el contrato más elevado, por $3,9 millones, para diseñar los planos de las 15 unidades productivas.
Repartición. Según explicó Gonzalo Elizondo, coordinador de la unidad ejecutora, del total de consultores, 80 se encargaron de realizar planos constructivos y tramitar los permisos ambientales para levantar edificaciones. El resto realizó labores de gestión y creó los modelos de atención.
“Las consultorías son necesarias, razonables, legales, supervisadas y satisfactorias. La unidad ejecutora está abierta a mostrar sus resultados y rendir cuentas”, declaró Elizondo.
Contratos. De febrero del 2013 a abril del 2014, se firmaron contratos de consultorías por $2 millones y de mayo del 2014 a enero del 2015, la cifra subió a $5,2 millones, monto que incluye consultores particulares y firmas privadas.
Hernando París, exministro de Justicia de Laura Chinchilla, explicó que él salió el 22 de enero del 2012, antes de que se iniciaran las contrataciones. Se intentó conversar con los exjerarcas Fernando Ferraro y Ana Garita, pero no respondieron los correos.
Por su parte, la actual ministra, Cristina Ramírez, dijo: “El préstamo no se puede ejecutar en tiempo récord sin personas con conocimiento técnico y la experiencia, porque el plazo de ejecución vence en marzo del 2017”.
Ejecución. De los $132 millones del crédito, se desembolsaron $10 millones y otros $19,5 millones están comprometidos (por pagar).
Es decir, ha habido una ejecución total de $29,5 millones (22%), de los cuales $22,3 millones corresponden a bienes y construcciones (75,6%) y $7,2 millones a asesoría técnica (24,4%).
Según el BID, a bienes y obras se han destinado $11,5 para construir tres centros cívicos para la paz (CCP) en Aguas Zarcas de San Carlos, Garabito y Santa Cruz. Los dos primeros ya se construyeron, el último está en proceso y aún falta por diseñar cuatro más.
Adicionalmente, $10,2 millones para seis delegaciones policiales en Liberia, Guararí (Heredia), Carrandi (Matina), Palmares, Alajuela y Pérez Zeledón. Todas están en proceso de construcción y falta diseñar otras cinco.
Asimismo, destinó $324.248 a equipar el CCP de Garabito y $276.014 a otros bienes.
Las licitaciones de esas nueve edificaciones fueron adjudicadas a la Constructora Mavacon ($6,6 millones), Edificadora Beta ($5,5 millones), consorcio JOF Control-Potencia El Guadalupano ($4,4 millones), Soluciones Arquitectónicas Sicsa ($3,2 millones) y a la Constructora Valva ($1,9 millones).
