El ministro de Ambiente, Édgar Gutiérrez, aprobó este martes la normativa que regula la coincineración. Con su firma, levantó la prohibición a la técnica interpuesta por el Ejecutivo, en junio del 2014.
Esa moratoria fue acordada entre el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Ministerio de Salud, con el alegato de que la actividad no estaba reglamentada. Eso les impedía vigilar la operación de las plantas, así como prevenir eventuales efectos de las emisiones en la salud pública y el ambiente.
Las reglas, elaboradas por una comisión técnica, quedaron listas en noviembre, pero el periodo de modificaciones por parte de ambas carteras tardó nueve meses . El texto final entrará a regir una vez publicado en el diario oficial La Gaceta .
“El reglamento se ajusta a la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (8.839), que obliga al reciclaje, la reducción y reutilización. Solo podrán ser coincinerados los residuos que no puedan ser reciclados”, dijo el jerarca.
Gutiérrez recordó que las tecnologías de coincineración son muy costosas y requieren un volumen mínimo diario de basura, para ser rentables. Por ello, es el deber de los alcaldes concretar negocios responsables y el de los pobladores, vigilarlos, pues las deudas quedarán en sus manos.
Eugenio Androvetto, jerarca de la Dirección de Protección al Ambiente Humano de Salud, explicó que la decisión del ministro y el nuevo reglamento (elaborado de forma participativa) les da opciones a los municipios para que escojan la técnica que prefieran.
Existen varias tecnologías para generar electricidad a partir de residuos, pero en el país se habla de dos: incineración y gasificación. Ambas conciben los desechos como combustible para sus procesos termoquímicos, cuya finalidad es generar suficiente calor para que se forme el vapor que mueve las turbinas.
Celebran. La firma del ministro alegró al menos al 50% de los municipios del país, los cuales, según la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), están interesados en la técnica.
Gilberto Monge, vicepresidente de ANAI y alcalde de Mora, agregó que la decisión beneficia a las empresas interesadas, pues les da seguridad jurídica. Según dijo, unas 40 firmas de todo el mundo han intentado ingresar.
“Esto nos alegra mucho, abre las puertas y llena un vacío grande. Claro que no es lo único; debemos trabajar en la educación, en cambiar hábitos, en reciclar. Ya los rellenos sanitarios empiezan a ser parte de la historia”, dijo.
La venia alegra a municipios que, antes de la moratoria, tenían proyectos en camino. El más avanzado era el de León Cortés, el cual ya había conseguido el aval para contratar a la firma Agropecuaria 7048 y construir una planta gasificadora para convertir 45 toneladas en un megavatio.
Leonardo Quesada, alcalde de ese cantón, reclamó que el traslado de basura hasta Paraíso de Cartago les ha provocado una deuda millonaria. Para él, la gasificación llevaría a bajas en las tasas que se pagan por recolección.
La alcaldesa de San Ramón, Mercedes Moya, había intentado promover un proyecto de gasificación que no prosperó. Según dijo, la firma del ministro es “un enorme logro y bendición”.
Estaban interesadas en incinerar su basura unas 30 municipalidades de la Gran Área Metropolitana (GAM); también Nicoya y Carrillo, por ejemplo, mediante una planta que pretende construir y operar Coopeguanacaste.
El aval no solo toca a municipios; la coincineración es posible para empresas que quieran generar energía para autoconsumo.
