EscucharSan Ramón. Un polémico proyecto de eliminación de basura en San Ramón, Alajuela, que se discutía desde hacía cuatro años, fue sepultado ayer por el Concejo Municipal.
La sesión, de dos horas, concluyó con los votos de los siete regidores en contra del proyecto mediante el que se pretendía contratar una firma estadounidense que instalara una planta y tratara la basura hasta por 35 años.
Pancartas y protestas de un numeroso grupo de vecinos, liderados por el Foro de Occidente, marcó el fin de la discordia alrededor de las 7 p. m. Se anuló el borrador del contrato y se ordenó el cese de relaciones con Environmental Engineering Inc. S. A. (WRA), la firma interesada en la obra.
El plan era promovido, sobre todo, por la alcaldesa ramonense, Mercedes Moya, aunque la discusión de los términos del contrato arrancó antes de que ella llegara al puesto.
Moya considera que el proyecto de gasificación de residuos sería una solución definitiva, amigable con el medio ambiente y útil para generar energía eléctrica a partir de fuentes limpias.
“Entregar la basura a esta empresa solo traerá beneficios: nadie se verá afectado, no se volverá a enterrar basura, habrá nuevos empleos y tecnologías y se generará electricidad limpia”, dijo Moya.
Discordia. Múltiples argumentos motivaron la oposición de un grupo de vecinos respecto a la entrada en operaciones de la empresa.
En primer lugar, se opusieron al tránsito diario por el cantón de unos 100 camiones recolectores que, según los términos del convenio, habría resultado inevitable a la hora de transportar los desechos.
También rechazaron una cláusula que indicaba que el municipio debía pagar multas en caso de no cumplir con un número concreto de toneladas de desechos cada día, por lo que debía “importar” basura de otros cantones para dar abasto.
“La empresa propuso que entregáramos 1.000 toneladas diarias, pero eso ya lo descartamos porque San Ramón produce máximo 60”, dijo la alcaldesa Moya, previo al voto definitivo de los regidores.
De aprobarse, la concesión habría sido otorgada a la firma privada por 25 años, con la posibilidad de una prórroga hasta por una década. Aún no estaba claro cuál terreno se habría utilizado para instalar la planta de tratamiento.
El Concejo decidió ayer que se comprarán propiedades aledañas al relleno sanitario vigente para levantar ahí un nuevo vertedero exclusivo para los desechos del cantón, que costaría unos $5 millones.
La iniciativa de eliminación de basura nunca estuvo clara; la alcaldesa Moya insistía en que el proyecto sería de gasificación de residuos, mientras los opositores aseguraban que estos resultarían incinerados, un método mucho más contaminante.
Alexánder Rodríguez, regidor municipal y miembro del Foro de Occidente, explicó que nunca quedaron claros los deberes de las partes ni los términos del contrato.
San Ramón debe decidir qué hará con sus residuos antes del 19 de agosto del 2015, debido a que la Sala Constitucional ordenó el cierre técnico y la clausura del actual relleno sanitario del cantón.
