Un 16% de los cigarrillos que se consume en el país son contrabandeados, lo cual causa al fisco pérdidas de $26 millones al año por evasión de impuestos.
Los datos, provenientes de una encuesta de Cid-Gallu p para la Cámara de Comercio Costarricense Norteamericana (Amcham, por sus siglas en inglés), reflejan en alguna medida la dimensión del comercio ilegal de ese producto en el país .
Para frenar el contrabando, la Asamblea Legislativa aprobó un protocolo internacional que pretende dar más instrumentos a inspectores de Salud y de Aduanas para detener, identificar y sancionar a quienes generan ese mercado ilícito de tabaco en el territorio nacional.
El Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco rige desde el 1.° de diciembre, cuando fue publicado en La Gaceta.
A partir de su aprobación, el país deberá montar todo un sistema para seguir la ruta de cada cajetilla de cigarros que se produce o ingresa al país, con el fin de detectar el tráfico ilegal.
El ministro de Salud, Fernando Llorca Castro, considera el protocolo como un instrumento internacional que facilitará unir fuerzas regionalmente.
Este es el segundo gran paso que da Costa Rica tras la ratificación del Convenio Marco para el Control del Tabaco, aprobado por los diputados en el 2008.
La ley y el reglamento que siguieron a la sanción de ese convenio prohíben la publicidad de cigarrillos y el fumado en sitios públicos, así como elevaron los impuestos a este producto para reducir el consumo.
La prevalencia de fumado en Costa Rica es de un 9%.
Bien visto
Roberto Castro Córdoba, responsable del asunto en el Ministerio de Salud, dijo que Costa Rica es uno de los primeros países que avala la norma.
Según explicó, el tratado de comercio ilícito establece una serie de recomendaciones a los países para mejorar los sistemas de control del comercio ilícito.
Teresita Arrieta, de la Red Nacional Antitabaco (Renata), considera la aprobación como un gran paso, pero advirtió de que el país no se debe quedar ahí.
Aún se requieren cambios a la ley antitabaco que faciliten poner en práctica el protocolo.
“La propuesta es que a través de unos sellos de seguridad en el paquete se le pueda hacer un rastreo al producto desde su producción hasta que se vende. Ahí nos daremos cuenta si es un producto que se desvió del camino y si tiene o no los permisos de Salud para ser comercializado. Este es uno de los principales temas que tienen que empezar a regir ya”, manifestó Arrieta.
Arturo Fernández, vocero de Tabacalera Costarricense –empresa afiliada a Philip Morris International– apoya la medida.
“Celebramos la ratificación por parte del Gobierno de Costa Rica, pues creemos que puede ser el primer paso para un marco legal efectivo a nivel nacional y regional con el objetivo de combatir el comercio ilícito”, manifestó Fernández.