--¿Tiene cigarros sueltos?
--A ¢200.
--Pero ocupo el paquete.
--El paquete vale ¢1.000.
El vendedor mira a la derecha y a la izquierda, y sube el pie a un borde del muro de la casa cural del templo de La Merced, sobre el bulevar de la avenida 4, en el centro de San José; saca una cajetilla de cigarros Silver Elephant (chinos), y los da.
El acto se repite una y otra vez. Ya sean sueltos o en paquete, los cigarrillos contrabandeados son fáciles de conseguir en el centro de la capital.
Según estudios de la Cámara de Comercio Costarricense Norteamericana (Amcham, por sus siglas en inglés), en casi cualquier pulpería o minisúper del país se pueden obtener.
¿La razón? A criterio del viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, dos reformas legales aprobadas por los diputados en el 2012 favorecieron el crecimiento del tráfico y el contrabando de tal mercancía.
Se trata de la Ley General de Control del Tabaco (9028), vigente desde el 22 de marzo del 2012, y de la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria (9069), que entró en rigor el 28 de setiembre de ese año. Ambas se reglamentaron en el 2013.
En ninguna de las normas se previó el efecto final: la apertura de puertas al contrabando de cigarrillos en el país, por un lado, y por el otro, un vacío en la recaudación de impuestos.
Datos de Amcham y Hacienda apuntan a que la evasión de impuestos por el contrabando de cigarrillos llegó en el 2014 a la cifra de ¢20.000 millones.
El ministro de Hacienda, Helio Fallas, expuso esta semana que luego de las reformas aprobadas en el 2012, el decomiso de cigarrillos ilegales en el 2014 alcanzó la cifra récord de 33,5 millones de unidades.
En el 2012, los decomisos de este producto apenas superaban los 2 millones de unidades.
Según Amcham, uno de cada cuatro cigarros que se llevan a la boca los ticos son vendidos por medio del contrabando.
En el Ministerio de Salud, Yadira Fernández Muñoz, del Programa de Control del Tabaco, informó de que tal mercancía viene en su mayoría de China. Además, hay de otras naciones (India, Paraguay y Panamá), que entran al territorio nacional por la frontera con la nación vecina.
Tanto en Hacienda como en Salud coinciden en que los cigarrillos no cuentan con estudios, no se sabe de qué están hechos y lo único evidente es que atentan contra la salud.
Cómo nacieron las leyes. Las propuestas de reforma legal fueron impulsadas por el gobierno de Laura Chinchilla como parte de una agenda de fortalecimiento tributario en el caso de la 9069 (tras el fracaso de la reforma fiscal), y como incentivo a la salud pública en cuanto a la 9028.
La ley de control al tabaco creó un impuesto que prácticamente duplicó el precio de ese producto, sin que se tomaran medidas de contención para frenar el contrabando, que se presumía iba a ocurrir como respuesta para abastecer un mercado barato.
Esta legislación prohibió la venta de cigarrillos al menudeo; algo que aprovechan los traficantes para dar mayor oferta al comprador.
Además, como sucede con los productos ilegales, es más barato. Una cajetilla certificada por el Ministerio de Salud cuesta en promedio ¢1.800, mientras que una de contrabando, ¢700.
Eso sí, no se puede negar que el impuesto es efectivo. Para el 2014 Hacienda recaudó ¢32.177 millones por el tributo al tabaco.
No obstante, la ley no dispuso de dineros para fortalecer controles sobre el contrabando, ni para la Policía de Control Fiscal.
Esta situación es lamentada por la subdirectora de esa unidad, Melissa Rodríguez, quien aseguró que el tráfico subió sin que a ellos se les dé apoyo extra.
Actualmente, el impuesto se distribuye entre la Caja Costarricense de Seguro Social (60%), el Ministerio de Salud (20%), el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (10%) y el Instituto Costarricense del Deporte (10%).
Según Rodríguez, si se les diera al menos el 10% de lo recaudado, la Policía de Control Fiscal duplicaría su presupuesto.
Por otro lado, antes de la aprobación de la ley 6.069 (Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria), con solo introducir al país de forma ilegal $5.000 en mercancías, las autoridades podían abrir un proceso penal por contrabando. Luego de la aprobación de la ley, esa cifra pasó a $50.000.
De acuerdo con Gerardo Lizano, de Amcham, este cambio hizo que los contrabandistas perdieran el miedo a procesos penales por trasegar mercancías con valores menores a los $50.000.
Ahora, los congresistas corren para tratar de enmendar esta ley, y dejar el umbral para declarar delito penal de contrabando en $10.000 de mercancía.