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La remodelación de las oficinas centrales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ocurrirá; es un hecho. Lo que aún no definen las autoridades de la institución es de dónde saldrán los fondos.
La Junta Directiva baraja dos opciones para sufragar los ¢13.000 millones requeridos para las reparaciones, explicó ayer la presidenta ejecutiva de la CCSS, Ileana Balmaceda, en conferencia de prensa.
La primera opción es el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), propietario del inmueble. La otra posibilidad es comprar el edificio al IVM y que la CCSS asuma el gasto.
Según Balmaceda, aún se está analizando la viabilidad de esta última opción, para la cual habría que buscar financiamiento.
“IVM es una posibilidad porque es su edificio, pero la Junta Directiva, el mismo día del acuerdo, decidió solicitar a las gerencias diferentes escenarios para definir el financiamiento más adecuado”, manifestó la jerarca.
La semana pasada, La Nación informó de que el edificio que alberga la sede central de la Caja –en avenida segunda, San José– se remodelaría con recursos del IVM.
Aunque en el Portafolio institucional de proyectos de inversión en infraestructura y tecnologías 2013-2017 la CCSS calcula el valor de ese proyecto en ¢23.000 millones, ayer Balmaceda dijo que son ¢13.000 millones.
Advertencia. Un informe de la Superintendencia de Pensiones (Supén) alertó sobre el posible riesgo de esa inversión para el IVM.
Ayer, José Luis Quesada, gerente de Pensiones de la CCSS, desmintió que existiera tal peligro, pues dijo que la inversión representa un monto pequeño de la cartera.
Como ejemplo, Quesada dijo que los ¢13.000 millones representan apenas un 11% de los intereses anuales del fondo, que actualmente rondan los ¢120.000 millones.
El gerente aseguró que, de asumir las obras, el alquiler que el fondo cobra a la Caja ascendería a ¢80 millones (hoy, son ¢57 millones).
Gabriela Murillo Jenkins, gerente de Infraestructura y Tecnología de la CCSS, explicó que la decisión de remodelar el edificio se basó en criterios técnicos, en aras de resguardar la seguridad de las más de 3.000 personas que ingresan al edificio a diario.
Según Murillo, los estudios de vulnerabilidad sísmica y materiales revelaron diferencias entre las exigencias del Código Sísmico vigente y las condiciones actuales de la estructura. Balmaceda aclaró que no se trata de un remozamiento cosmético, sino de una intervención estructural urgente.
