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“No es la tarea de las organizaciones sociales ni de las personas comunes poner su vida en riesgo para proteger el ambiente. Esas funciones de policía son tareas que deben estar en manos de los Gobiernos”.
Así de categórico fue ayer John Knox, experto independiente de Naciones Unidas, al concluir su visita de una semana a Costa Rica para evaluar cómo se ejercen los derechos humanos en materia ambiental en este país.
Knox fue nombrado por un período de tres años y deberá rendir un informe –que incluirá sus observaciones sobre el país– ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el 2014.
Al cierre de su visita, el experto adelantó algunas impresiones.
Retos. Aparte de incluir el derecho a un ambiente sano en su Constitución Política, Knox reconoció que el país fue más allá al crear una institucionalidad que facilita la participación ciudadana.
En este sentido, el experto destacó la importancia de contar con la Sala Constitucional, el Tribunal Ambiental Administrativo y la Defensoría de los Habitantes.
Sin embargo, Knox destacó que urge reforzar el control y vigilancia en áreas silvestres protegidas y fuera de ellas por parte del Estado.
Esto porque, ante la desprotección, organizaciones sociales y comunales han asumido funciones de vigilancia que no les corresponden y esto les pone en peligro.
“La sociedad civil en Costa Rica desempeña un rol relevante en la protección del ambiente y es importante no desmotivarla de participar en estos esfuerzos. La calidad ambiental de la que tanto se enorgullecen ha sido construida y desarrollada gracias a que la sociedad civil realiza acciones como monitorear las playas donde las tortugas depositan sus huevos, por ejemplo”, dijo Knox y agregó: “Las amenazas criminales a esa participación debilita una de las fortalezas que tiene el país como lo es la participación ciudadana”.
En este sentido, el experto consideró que la sociedad civil está llamada a participar en procesos de toma de decisiones, investigación, educación ambiental, activismo e incluso protesta social.
Durante su visita, el experto tomó nota sobre la propuesta de crear una comisión para llevar un registro sistemático de las amenazas a ambientalistas en función de su trabajo. Según Knox, esa comisión podría ser un modelo innovador para otros países.
“Una preocupación que los ambientalistas suelen tener con este tipo de amenazas es que son tratadas como incidentes aislados y no como parte de un patrón de amenazas dirigidas a personas en función de su labor ambiental. Algo que hace interesante la idea de esta comisión es que permitiría determinar cuando una amenaza o atentado es un incidente aislado y cuando forma parte de algo más”, dijo el experto.
Asimismo, y en declaraciones a La Nación, Knox reconoció la importancia de hacer públicas estas denuncias y amenazas.
“No hay duda que los defensores de los derechos humanos, incluidos los ambientalistas, están más desprotegidos cuando la amenaza no se conoce públicamente. Cualquier cosa que se haga que pueda ayudar a esa persona que está amenazada y hacer que esa amenaza se vuelva una preocupación del colectivo, ya es valioso”, dijo.
