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Una vez desechada la regla fiscal que le preocupaba, el presidente Luis Guillermo Solís ofreció apoyo a la oposición para discutir los proyectos de contención de gasto en empleo público, pero con otra condición: que el debate incluya a sindicatos y empresarios.
Así se lo manifestó Solís al presidente de la Asamblea Legislativa, el liberacionista Antonio Álvarez Desanti, en una carta enviada este lunes 16 de mayo, en respuesta a un mensaje enviado por los opositores la semana pasada.
Según el mandatario, él coincide con la oposición en la necesidad de eliminar los abusos en los salarios de los empleados públicos. No obstante, sostuvo que el proceso debe llevarse a cabo en un entorno de "diálogo social", sin especificar el método al que le daría el visto bueno.
Liberación Nacional, por ejemplo, evalúa una comisión mixta. Ese es un tipo de foro que incluye a diputados y otros actores en la discusión, aunque en las votaciones solo los legisladores pueden participar. La Unidad Social Cristiana (PUSC) se opone a ese método y se inclina por una comisión especial de vía rápida (artículo 208 bis el Reglamento legislativo), en la que los diputados otorgan audiencia a los sectores para escuchar sus criterios con la ventaja de que se acortan los tiempos para discutir mociones.
Solís escribió a la oposición, luego de que esta aceptara eliminar del proyecto 19.923, de racionalización del gasto público, una regla fiscal que habría obligado al Gobierno, en tiempos económicamente adversos, a tener un déficit primario de cero. Es decir, que los gastos no pueden superar los ingresos, sin contar con los intereses que se pagan por la deuda pública.
El presidente alegó que tomar esa medida lo obligaría a recortar casi ¢1 billón y, por ejemplo, a despedir 55.000 empleados.
Aunque alegaron no compartir la posición del presidente, aceptaron desistir de esa idea el PLN, el PUSC, el Movimiento Libertario, Alianza Demócrata Cristiana, Renovación Costarricense, Restauración Nacional y Accesibilidad Sin Exclusión (PASE). En su lugar, acogieron la regla fiscal propuesta por el Gobierno, en la que el crecimiento del gasto depende del comportamiento de la economía y del producto interno bruto (PIB). A la vez, pidieron al gobernante los votos del Partido Acción Ciudadana (PAC) para darle vía rápida a los proyectos de contención de gasto.
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"Nos complace la decisión de adoptar como base de discusión el texto de regla fiscal propuesto por el Poder Ejecutivo, cuya implementación es gradual e integral para atender el fenómeno del déficit fiscal y su control", dijo Solís al respecto.
Luego, agregó a los opositores: "Coincidimos con la intención de iniciar un 'proceso prudente, sensato y amplio de discusión y negociación' sobre los temas de empleo público. El Gobierno de la República mantiene su posición de que estos asuntos estén sujetos a un debate objetivo, abierto y transparente, con la participación de los sectores sociales y empresariales correspondientes. Esta discusión debe estar dirigida a eliminar los abusos que existen en el sistema, tal como lo hemos venido haciendo en el Poder Ejecutivo al denunciar las cláusulas injustificadas de las convenciones colectivas, sin menoscabo de los derechos laborales y las regulaciones constitucionales y convencionales sobre la materia".
"Con base en esa promesa, el Gobierno está en la mejor disposición de coadyubar para que estas intenciones se materialicen en una propuesta de procedimiento legislativo, ya sea 208 bis o cualquier otro, que fortalezca el diálogo social en la tramitación y explicación al país de los alcances del expedienter 19.923 o cualquier otro que apunte a modificar el sistema de remuneraciones del sector público", añadió.
Estas son algunas de las propuestas de la oposición sobre el empleo público:
- Las instituciones públicas deberían pagar los salarios de manera quincenal y no bisemanal.
- La dedicación exclusiva solo sería para los funcionarios cuyas funciones sean sustantivas y diferenciadas de la gestión de apoyo de la institución. No podría ser superior al 50% del salario, hoy es un 65%. Solo se podría aplicar de forma anual y no es un derecho adquirido.
- El porcentaje de empleados que reciban el pago por disponibilidad no podría superar el 20%. La compensación no puede ser superior al 15% del salario base.
- El incentivo de anualidad, por desempeño, no podría ser superior al 1,94% del salario base. Hoy, en algunas instituciones, como la UCR, se paga un 5,5%. Además, se deberían incluir metas e indicadores cuantitativos en la evaluación de desempeño de los funcionarios públicos, de los cuales dependería el pago de la anualidad.
- No podrían tener aumentos por arriba de la inflación los jerarcas y funcionarios públicos que reciban un salario superior a la suma de 18 veces el salario mínimo más bajo del sector privado.
- Las convenciones colectivas caducarían nueve meses después que se concluya su vigencia. Hoy, no hay un plazo de caducidad, aunque sí existe un plazo de dos años que llama a renegociar. Superado ese plazo de nueve meses, sin que se concrete la nueva negociación, la convención colectiva cesaría y tendría que iniciarse un nuevo proceso de negociación. Hoy, en cambio, la convención siguen vigente si no se renegocia.
- Los jerarcas de las instituciones públicas deberían denunciar sus convenciones colectivas.
- Las dietas que reciben los miembros de las juntas directivas de las instituciones públicas que no están en competencia no aumentarían durante seis años.
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Contención de gasto con más impuestos. Eso sí, en su carta a la oposición, Solís añadió que el compromiso de apoyo incluye la pronta votación de los proyectos de caja única (que permitiría recoger dinero ocioso en instituciones) e impuesto a las sociedades jurídicas, así como dar vía rápida a los planes de impuesto al valor agregado (IVA) y reforma al impuesto de renta.
El presidente agregó que , según el Ministerio Hacienda, es conveniente que la Asamblea demuestre un avance significativo antes de que las calificadoras de riesgo, que evalúan estado de la economía pública, inicien el próximo proceso de medición.
Solís también vio con agrado que la propuesta de la oposición de aplicar vía rápida a los proyectos de reforma en pensiones y al proyecto contra el fraude fiscal, que permitiría a Tributación embargar bienes y cuentas de contribuyentes morosos con la aprobación de un juez, así como crear un registro de los beneficiarios finales de las sociedades anóminas.
El 1.° de mayo, al revalidar la alianza que permitió a la oposición controlar el Directorio legislativo, los siete partidos opositores acordaron no dar vía rápida a los planes de impuestos del Gobierno mientras no se aprobasen proyectos de contención de gasto.
