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El Poder Ejecutivo sostiene que el ahorro de los proyectos para frenar el crecimiento del gasto en pluses salariales y pensiones se vería a largo plazo.
Tal es la percepción de los viceministros Alfredo Hasbum, de Trabajo, y José Francisco Pacheco, de Hacienda, quienes coinciden en que esas medidas tienen un efecto en cadena, el cual crecería en la medida en que pasan los años.
Eso ocurriría con la entrada en vigencia de los proyectos de ley que buscan regular los incentivos por anualidades y ponerles coto a las pensiones de los regímenes a cargo del Presupuesto Nacional, iniciativas que son demandadas con urgencia por la oposición.
Incluso, la alianza opositora que dirige el Congreso no apoyaría la creación de nuevos impuestos, como propone el Gobierno, hasta que no se aprueben recortes en ese sentido, para lo cual presentaron sus propias iniciativas.
El jefe de fracción del Movimiento Libertario, Otto Guevara, también considera que los beneficios se verán a largo plazo, pero insiste en la urgencia de no aletargar más la aprobación de esos planes.
“Todo eso va a tener un efecto a mediano y largo plazo muy importante para parar el crecimiento exponencial del gasto público, de tal manera que si la economía crece más rápido que el gasto, vamos a ir reduciendo con el pasar del tiempo el desequilibrio en las finanzas públicas”, dijo el libertario.
Anualidades. El imponer un tope al incentivo de anualidades, el cual en el papel se le paga al funcionario de acuerdo con su desempeño a lo largo del año, pero que en la práctica se le desembolsa al 99% de la planilla del Estado, generaría en el primer año un ahorro de ¢10.000 millones.
Ese monto equivale a un 0,12% del Presupuesto Nacional de este año que ronda los ¢8 billones, mientras que el déficit fiscal cerró en el 2015 en un 5,9% del producto interno bruto.
El plan del Ejecutivo busca impedir que ese plus sea superior al 2,54% del salario, tomando en cuenta que en instituciones como la Universidad de Costa Rica (UCR) se paga un 5,5%.
“El proyecto de anualidades tiene un interés de índole de eficiencia del gasto, que a los empleados públicos se les pague en función de lo que hacen y no tanto un interés fiscal, porque sabemos que el cortar anualidades no tiene efectos al corto plazo, sino que el efecto es al larguísimo plazo”, declaró José Francisco Pacheco.
“Si ese proyecto ya se hubiese aprobado, el otro año se comenzaría a ver el efecto en cadena, se ahorra las anualidades que no se pagaron en el 2016 y las que no se van a pagar en el 2017, o sea, se va teniendo un efecto acumulativo”, agregó el viceministro.
Pensiones. Hasbum afirmó que la reforma en las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional (expediente 19.661), que propuso el Gobierno, generaría un ahorro de unos ¢21.000 millones anuales; es decir, un 0,26% del plan de gastos para este año.
Esa reforma le pone un tope de ¢3.150.000 a las pensiones y rebaja el cálculo de la jubilación al 80% del promedio los últimos 24 salarios, en vez del 100%.
Sin embargo, Hasbum destacó que el mayor ahorro lo generaría el hecho de que las pensiones aumenten solo por inflación. Esa reforma eliminaría los ajustes de un 30% anual que reciben los exdiputados y sus herederos, así como los incrementos por revaloración del cargo.
Esta última circunstancia es la que permite a un pensionado recibir un incremento si el funcionario que ahora ocupa su cargo recibe un alza por recategorización del puesto u otra razón.
Con solo eliminar el alza del 30% en las jubilaciones de los exlegisladores, el Estado se ahorraría ¢7.700 millones al año, según estimaciones de la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) Sandra Piszk, quien promueve una reforma similar a la que acogió el bloque opositor. Ella también cree que son cambios con efecto a largo plazo.
Este proyecto del Gobierno también coincide con el de la oposición en que los jubilados que tengan una pensión que supere 12 veces el salario base (¢3.150.000) deberían contribuir, de forma solidaria, con un aporte adicional, el cual oscilará entre el 25% y el 75% del excedente mientras más alta sea la pensión.
La iniciativa de la alianza, que a su vez recoge un proyecto de Sandra Piszk, va más allá, pues permitiría al Poder Ejecutivo aumentar el porcentaje de cotización que aportan los pensionados de Gobierno hasta en un 18%; actualmente, el tope es del 9%.
Además, establece que las pensiones de Hacienda y exdiputados solo podrían ser heredadas por los hijos de hasta 25 años, siempre y cuando sean solteros y estén estudiando.
Esta última reforma generaría un ahorro anual de ¢1.650 millones, pues actualmente el 85% de la planilla de pensiones de hijos de jubilados corresponde a personas por arriba de esa edad.
El efecto en el régimen del Poder Judicial, todavía es incierto, pues el proyecto del Ejecutivo está en fase de análisis. Ese plan establece que el monto de la jubilación de los funcionarios judiciales se calcularía con base en los últimos 120 salarios en vez de los 24 y que ninguno podría jubilarse antes de los 55 años.
