La jerarca presentó la denuncia ante el Ministerio de Trabajo. Así se le llama al procedimiento mediante el cual las autoridades de una institución pública expresan su voluntad de dar por terminado un acuerdo de beneficios laborales, para entablar otro.
McKinley alegó ante el Ministerio que debe existir proporcionalidad entre el costo de los servicios públicos y la calidad de estos. Añadió que el ciudadano común no estaría tan preocupado por el costo de las convenciones colectivas si estas ayudaran a garantizar servicios de primera calidad, pero en este caso no son así.
Ella aboga por un acuerdo de beneficios laborales que incluya metas de producción y eficiencia, a cambio de mejores ventajas económicas y sociales para los 1.500 empleados, en la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
En su criterio, los derechos de los trabajadores no pueden poner en apuros las finanzas del Estado y existe una anormalidad económica que se debe corregir en Japdeva.
La convención actual de Japdeva entró a regir el 1° de enero del 2013 y vence el 31 de diciembre del 2014.
"Japdeva no puede seguir adelante con esta convención colectiva y se hace necesario entrar a esta revisión. Ha llegado a este punto por la irresponsabilidad de administraciones anteriores", dijo la jerarca.
"Cada vez que había alguna huelga las negociaciones acababan con entregar este tipo de beneficios sin tener en cuenta el impacto en las finanzas y operatividad de Japdeva", continuó.
Entre los beneficios que otorga la convención colectiva a los empleados de Japdeva, están los siguientes:
- Un incentivo del 30% sobre el salario base a los profesionales
- Treinta días de vacaciones al año a quienes tengan más de ocho años de laborar en la entidad.
- Un subsidio adicional de casi ¢34.000 por laborar un feriado y se les paga a los empleados el 100% del servicio de soda, aunque ellos pueden cambiar ese último beneficio por cajas de leche, si lo desean.
- Hasta cuatro empleados a la vez pueden tener un mes libre con goce de salario para recibir capacitaciones dentro del territorio nacional. Si son cursos en el extranjero, pueden ausentarse hasta tres meses con sueldo.
En el 2012, Sintrajap calculó que la convención colectiva le costaba a la institución alrededor de ¢1.300 millones.
La Junta de Administración Portuaria denunció el acuerdo laboral en medio de la huelga que hoy cumple diez días en los muelles de Limón y Moín y que este viernes fue declarada ilegal. Los afiliados de Sintrajap paralizaron sus funciones porque se oponen al contrato de concesión que permitiría a la empresa APM Terminals construir un megapuerto en Moín exclusivo para barcos portacontenedores.
Esta mañana, Ronaldo Blear, secretario general de Sintrajap, sostuvo que la huelga no tiene por objetivo influir en la renegociación de la convención colectiva: "No estamos pidiendo gollerías, salarios ni mucho menos, ni beneficios convencionales".
McKinley, en tanto, aseguró que el sindicato está consciente de que es necesario hacer la revisión: "Hay que hacer los ajustes para que sea compatible con los desafíos de Japdeva como empresa pública competitiva".
Víctor Morales, ministro de Trabajo, confirmó que su cartera recibió la denuncia sobre la convención colectiva de Sintrajap, pero alegó que debía estudiar más el tema.
