Estado prolonga beneficios laborales sin revisarlos

Aunque el Código de Trabajo permite renegociar cada tres años dichos acuerdos, en los últimos tiempos son contadas las veces en que el Poder Ejecutivo y los trabajadores se han sentado a revisar sus cláusulas.

La misma ley prevé, en caso de que las partes no invoquen el diálogo, la renovación automática de todos los artículos.

De momento, la mayoría de ajustes hechos a estos convenios obedecen a fallos de la Sala IV que han modificado o eliminado beneficios que los magistrados consideran irracionales o desproporcionados.

Sin embargo, de acuerdo con una revisión hecha por La Nación , en las principales convenciones del sector público subsisten artículos que llaman la atención por el tipo de concesiones que otorgan.

Algunos ejemplos son el pago del 100% del servicio de soda, pago de medicinas no cubiertas por el seguro social, transporte gratuito, pluses por trabajar en altura y pago de exámenes médicos, entre otros.

Cobertura. En la actualidad, 124.000 empleados de ministerios, entidades autónomas, empresas públicas y municipios están cobijados por 77 convenciones colectivas. Ellos representan el 42% de los funcionarios públicos.

Mientras, en el sector privado solo 1.570 trabajadores están adscritos a una convención.

Pese a la amplia cobertura de estos convenios, el Gobierno admite desconocer el costo económico de los pluses vigentes.

“Hay muy poca información. Prácticamente habría que agarrar una por una e ir haciendo el cálculo respectivo de cada artículo”, comentó José Rafael Pacheco, viceministro de Hacienda.

Pacheco opina que sería bueno tener esa información, sobre todo en el caso de beneficios que puedan considerarse abusivos. “Pero no se está trabajando en eso en este momento”, admitió.

Olman Segura, exministro de Trabajo, reconoció que durante la administración anterior no se planteó una evaluación integral de las convenciones.

Revisión. El actual gobierno creó una comisión interinstitucional para revisar 26 convenciones colectivas de ministerios, entes autónomos y empresas públicas, las cuales expirarán entre diciembre de este año y setiembre del 2017.

Víctor Morales, ministro de Trabajo, comentó que a dicho grupo se le asignó la tarea de identificar beneficios abusivos para renegociarlos con los sindicatos.

“Somos un Gobierno que está empeñado en cuidar los fondos públicos; a eso responde esta revisión”, aseveró Morales.

La primera convención en análisis es la del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), cuya evaluación comenzó hace dos semanas.

Ante esta iniciativa, los gremios reaccionan con recelo.

“Los vientos que soplan son complicados para las convenciones”, manifestó Ana Doris González, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).

Mientras tanto, Édgar Morales, de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), sostuvo que no le sorprende la revisión anunciada por el Gobierno.