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Acuerpado por el Gobierno, el ICE insiste en incursionar en la construcción de obras viales, pese a que un criterio de la Procuraduría General de la República advirtió de que esa función se escapa de sus competencias, las cuales se limitan a electricidad y telecomunicaciones.
Carlos Obregón, presidente del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), contradijo al abogado del Estado al decir que el ICE y sus empresas pueden suscribir alianzas estratégicas y vender servicios a terceros bajo el alero de la ley actual.
No obstante, la Procuraduría dictaminó lo contrario el 4 de agosto, ante una consulta del diputado Otto Guevara, del Movimiento Libertario, quien preguntó si la entidad podría entrar en la construcción de obras viales y edificios.
La procuradora general adjunta, Madga Inés Rojas, afirmó que ese mercado no figura dentro de las competencias de la entidad y solo sería posible si la Asamblea Legislativa reforma la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones (la 8.660) y “el decreto ley que dio origen al ICE”.
Según Rojas, el ICE fue concebido exclusivamente para actividades de los sectores de telecomunicaciones y electricidad, así como para competir en el mercado regional eléctrico.
“Nosotros no hacemos una conclusión específica sobre infraestructura, nos limitamos a señalar que ese es el marco de competencia (del ICE) y, que cuando se quiere que incursione en otros campos, el legislador está habilitado de acuerdo con las normas constitucionales para ampliar esa esfera de competencia”, explicó la procuradora a La Nación . Este criterio de la Procuraduría no tiene carácter vinculante.
Experiencia. El mandatario, Luis Guillermo Solís, tampoco cree en el criterio de la Procuraduría, pero se muestra cauto.
El Poder Ejecutivo insiste en que el Estado no puede desaprovechar la experiencia y “la capacidad probada del ICE en algunas obras”, principalmente en la construcción de túneles , como el que su administración evalúa encargarle para conectar la carretera de Circunvalación, en Zapote, con la autopista a Cartago, en Hacienda Vieja, Curridabat.
Para Solís, al menos se le debe permitir al Instituto participar en las licitaciones públicas y ser considerado como una opción, pues eso volvería “competitivos los precios en el mercado” y “no necesariamente” significaría competencia desleal con el resto de las empresas privadas.
“Si esto no se puede hacer sin modificar la ley, como dice la Procuraduría, yo creo que no necesariamente es así, que sí existirían condiciones para que puedan hacerlo, pues valdría la pena valorar la posibilidad de una modificación legal para que quede absolutamente clara esa posibilidad”, dijo Solís.
En tanto, el presidente del ICE insistió en que el criterio de la Procuraduría no se puede generalizar y que cada proyecto en que eventualmente participe la institución se debe analizar por separado. “Pese a no ser vinculante, consideramos que lo que el ICE pretende –apoyar al sector público para el desarrollo de infraestructura– no riñe con el criterio vertido por la Procuraduría”, declaró Carlos Obregón.
Él, a diferencia de Solís, no cree que sea necesaria una reforma legal. A esa conclusión llegó la entidad tras un análisis jurídico de la legislación actual.
“No se está pensando en eso (una reforma a la ley 8.660). Hay que ver cada caso en concreto, pero creemos que en términos generales, el marco legal que ya existe permite al ICE acompañar al sector público en el desarrollo de infraestructura pública”, añadió.
El ICE sufrió una considerable reducción en sus utilidades a partir del 2011, cuando estas bajaron de ¢125.000 millones (del 2010) a ¢21.000 millones.
Para el 2013, las utilidades subieron a ¢31.000 millones, pero e l año pasado se desplomaron y el Instituto terminó con una cifra negativa de ¢83.000 millones , la peor de la última década.
