El Poder Ejecutivo presentó un plan de ley que pretende obligar a las empresas de telecomunicaciones a bloquear la prestación de servicios en el interior de los centros penitenciarios del país.
La iniciativa tiene el expediente 19.332, y fue presentada por Casa Presidencial como parte de una estrategia para tratar de frenar las estafas y delitos que se generan desde las cárceles.
La medida surge ante el incremento en los delitos, incluidos los informáticos, que se cometen dentro de las prisiones, según registra el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Durante el 2014, el OIJ contabilizó 468 faltas a la ley, para el 2015 esa cantidad subió a 685.
De este último dato, se desprende que en el 2015 se reportaron 28 delitos de fraude informático, mientras que solo para el mes de enero del año 2016 ya se tenían reportados 77. Es decir, en tan solo un mes se incrementó en un 275% lo que se reportó en todo un año.
El plan de ley le da seis meses de tiempo a las tres operadoras de redes telefónicas en el país para que implementen las medidas necesarias para bloquear la señal celular a lo interno de los centros carcelarios.
El esfuerzo no es nuevo, tampoco las denuncias. Conforme la tecnología de telefónos inteligentes se dispara, aumentan las posibilidades para que los delincuentes sigan operando al otro lado de las rejas.
En el 2009 las autoridades penitenciarias habían implementado la colocación de antenas para bloquear llamadas con celulares desde el centro penitenciario La Reforma, en Alajuela; sin embargo, las extorsiones y estafas siguieron en aumento.
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Las antenas colocadas bloqueaban únicamente señal GSM, y los reos seguían delinquiendo, utilizando telefónos con tecnología TDMA.
En 2011 las autoridades del Ministerio de Justicia hicieron otro intento. En esa ocasión se prohibió el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles, y se implementó un sistema de venta de tarjetas telefónicas.
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Sin embargo, el imparable tráfico que se da en los centros penitenciarios hizo que la regla pasara sin pena ni gloria.
El actual proyecto pretende que sean las telefónicas, a través de sus sistemas, los que permitan bloquear la señal.
Esta medida no es novedosa en otras latitudes. Desde el 2012 la prisión La Picota, en Bogotá, implementó el sistema. y en el 2014 esa restricción también se implementó en Honduras y Guatemala.
El inconveniente, sin embargo, es la protesta de los vecinos de comunidades cercanas a los centros penitenciarios, pues arguyen que se les violenta su derecho a la comunicación.
Así lo reflejan publicaciones de El Tiempo, de Colombia, de HRN de Honduras y de Prensa Libre de Guatemala.
Este es uno de los puntos que tendrán que resolver tanto autoridades como las operadoras de telefónía celular, en caso de que el Congreso apoye la iniciativa del gobierno de Luis Guillermo Solís.
