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El Gobierno nombró ilegalmente al exdiputado José Joaquín Salazar Rojas en el cargo de viceministro de Agricultura, pues él tenía prohibido regresar a la función pública durante un periodo de siete años luego de haberse acogido a una movilidad laboral voluntaria, el 15 de noviembre del 2012, en el CNP.
La prohibición la establece la Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público, la cual regula el otorgamiento de prestaciones e incentivos a los funcionarios que aprovechen los procesos de retiro voluntario.
Esta veda alcanza a las personas que aspiren a acceder al cargo de viceministro. Así lo confirmó la Procuraduría General de la República en un pronunciamiento del 10 de julio del 2015 y, esta tarde, la ratificó el procurador de Hacienda, Julio César Mesén.
En una entrevista con La Nación, el viceministro aceptó que, en el 2012, decidió acogerse a la movilidad laboral voluntaria en el Consejo Nacional de Producción (CNP), donde había laborado 25 años. Esa entidad liquidó al actual jerarca por más de ¢53 millones, lo que incluía cesantía, un incentivo por acogerse a la movilidad, un rubro para concretar la jubilación y otros beneficios laborales.
Según Salazar, pese a la prohibición que tenía para volver a la función pública, decidió aceptarle al presidente Luis Guillermo Solís la oferta de ser viceministro del MAG porque, según él, así lo permitía un pronunciamiento jurídico que emitió la PGR en el 2014 a solicitud de la entonces diputada, Jeannette Ruiz.
Empero, el procurador de Hacienda, Julio Mesén, afirmó este miércoles a La Nación que dicho pronunciamiento se refería a que la prohibición de los siete años no cobija a funcionarios elegidos popularmente, como el presidente de la República, diputados y regidores, no así en el caso de los viceministros, que son elegidos directamente por el presidente de la República.
Así lo explicó, luego, el pronunciamiento del 2015 (OJ-67-2015), emitido a solicitud del diputado Edgardo Araya, del Frente Amplio. "El cargo de viceministro no es de elección popular ni tiene rango constitucional, por lo que no puede dársele un trato distinto al que se le otorga a los demás aspirantes a ocupar un cargo público", dice el documento.
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José Joaquín Salazar dijo que incluso, al conocer de ese pronunciamiento, congeló su pensión para recibir el sueldo de viceministro, que es mayor.
El procurador Mesén agregó a este medio: "Por el hecho de ser viceministro, (Salazar), no estaba excluido de la prohibición que, en el caso de la movilidad laboral voluntaria, es absoluta. Es decir, ni aunque hubiera reintegrado el monto de la liquidación, habría podido acceder al cargo", explicó.
Según el procurador, si fuera del caso, la nulidad del acto de nombramiento de José Joaquín Salazar debería conocerse a través de una denuncia ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
El viceministro, quien se encuentra de gira en Honduras, dijo a La Nación que está en disposición de renunciar al salario de determinarse que incurrió en anomalías al aceptar el puesto pese a la prohibición que lo afectaba: "No tengo ningún problema. Si tengo que estar de viceministro y la Procuraduría dice que no, sencillamente renuncio al salario, porque no estoy ahí por plata".
Salazar y el ministro del MAG, Luis Felipe Arauz, están en medio de un escándalo político por haber condicionado la ayuda que les solicita la Cooperativa Agrícola Múltiple de Alfaro Ruiz (Coopagrimar R.L.).
La Junta Administrativa de esa empresa acusa a Arauz y a Salazar de hacer presiones políticas para remover a sus miembros y a su actual gerente, Vinicio Rodríguez, a cambio de readecuar una deuda que tiene la empresa con el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop) y de prestar la Red de Frío del cantón de Zarcero a los asociados.
