Casa Presidencial
El gobierno de Luis Guillermo Solís enviará entre 300 y 400 policías a la frontera con Panamá para tratar de contener la migración ilegal, ahora que se descubrió la muerte por ahogamiento de al menos diez migrantes extracontinentales que intentaron cruzar Nicaragua a través del lago Cocibolca.
El Ejecutivo acordó un conjunto de acciones de corto y largo plazo para atender una oleada de migrantes que el país enfrenta desde la semana pasada. Se estima que están ingresando unos 150 cada día.
La más inmediata de las medidas, que entrará en vigencia a partir de este jueves, es el aumento en la vigilancia policial de la frontera sur.
Gustavo Mata, ministro de Seguridad Pública, indicó que el plan de blindaje incluye oficiales la Fuerza Pública y de la Policía de Fronteras, así como patrullas y otros medios de transporte.
Mata afirmó que el contingente se divirá en grupos de 40 efectivos que patrullarán por turnos. El jerarca no detalló cuánto costaría el plan.
"La frontera sur, principalmente, es muy, muy porosa, y hablar de un blindaje total (para detener migrantes) es realmente imposible por las circunstancias geográficas de la misma. Quiero ser muy honesto: llevar más recurso policial a esa zona, pues va a generar que saquemos ese recurso de otros lugares. Estamos en una disyuntiva porque queremos hacer un blindaje importante en nuestras fronteras, pero, a la vez, no desproteger a la ciudadanía frente a la delincuencia común y el crimen organizado. Tenemos que raspar la olla", advirtió Mata.
El martes, la Policía nicaragüense informó del hallazgo de ocho cuerpos de migrantes a la orilla del lago Cocibolca, quienes al parecer provenían de Costa Rica. Este miércoles, aparecieron dos más.
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Atención humanitaria. Por el lado humanitario, el ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, indicó que el Gobierno enfoca la atención de los migrantes en cuatro albergues oficiales.
Esos sitios están ubicados en Río Claro de Golfito, Buenos Aires de Puntarenas, El Jobo de La Cruz de Guanacaste y Las Vueltas de Peñas Blancas.
Adicionalmente, Herrera indicó que el Gobierno accedió a otorgar asistencia sanitaria y humanitaria a más de 1.100 migrantes instalados en un sitio ilegal en Peñas Blancas, conocido como "parqueo Deldu".
"En la última semana han estado entrando 150 personas a diario, cuando el promedio usualmente iba entre 50 y 100 personas. Se ha detectado que más del 80% de quienes están entrando son haitianos aunque esas personas ocultan su nacionalidad y se identifican como africanos provenientes del Congo. Es importante recalcar que Costa Rica no tiene condiciones para recibir y atender esta cantidad de migrantes y que Costa Rica mantiene su frontera cerrada a la migración irregular y que no está otorgando visas a personas que ingresen de esta forma al territorio", aseguró Herrera.
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El ministro dijo que los migrantes ilegales llegan a Costa Rica después de cruzar la frontera entre Colombia y Panamá por lo que llegan a Costa Rica con importantes lesiones físicas.
Herrera indicó que desde el 21 de abril hasta hoy se han atendido 5.601 personas que se han registrado ante Migración de Costa Rica.
Desde el 26 de junio hasta hoy, se han entregado 3.778 permisos temporales de permanencia por 25 días a personas de países como Haití, Congo, Senegal, Ghana, Afganistán, Suráfrica e Irak, principalmente.
Sin embargo, el Gobierno estima que la mitad se ha ido del país hacia el norte por sus propios medios o con ayuda de traficantes de personas.
"Estamos haciendo dos conjuntos de acciones, uno de cortísimo plazo, que tienen que ver con el acondicionamiento de los campamentos o centros de atención, la atención a las autoridades de Fuerza Pública para que refuercen la vigilancia de fronteras y salvaguarden la soberanía nacional y sacar del parqueo Deldu a los migrantes. Y las medidas de mediano y largo que tienen que ver con algo que no existe y que hay que hacer y se llamará la Política Nacional para la atención del migrante indocumentado", explicó Luis Guillermo Solís.
El mandatario profundizó en este tema y dijo que las leyes migratorias costarricenses actuales no alcanzan para atender el fenómeno de la migración masiva que el país enfrenta desde finales del año pasado y que, según el mandatario, se extenderá aún más en el futuro.
Solís dijo que las características de la migración actual que enfrenta el país requieren de un nuevo marco legal, por lo que encargó a la ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez, que prepare en un plazo no mayor a 60 días una política que cubra las necesidades del país para enfrentar la oleada migratoria.
El gobernante dijo que esa política va a tener elementos nuevos como que será una directriz que incluirá al Poder Ejecutivo y a los gobiernos locales, que son los que llevan la carga de la atención humanitaria de los migrantes, así como incorporar a organizaciones de la sociedad civil de carácter reliogioso y empresariales, que también participan en la atención de migrantes.
"Esas medidas no se aplicarán de inmediato pues requieren ser consultadas a la Asamblea Legislativa y a organismos internacionales y probablemente requerirán de cooperación internacional", alertó Solís.
De manera inmediata, Casa Presidencial pidió a la Fuerza Pública detener a los migrantes que encuentre cruzando ilegalmente la frontera sur para abrirles un proceso de deportación. El Poder Ejecutivo también involucró a la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) para que negocie con los migrantes detenidos procesos de repatriación a sus respectivos países.