Diputados del PUSC y de las bancadas evangélicas preparan su cruzada en contra del decreto con el que el Poder Ejecutivo pretende reactivar la técnica de la fertilización in vitro (FIV), anunciado esta mañana por el presidente de la República, Luis Guillermo Solís.
Armados con un discurso jurídico y moral, acuerpados por la iglesia Católica y señalando al Gobierno como benefactor de una puerta al aborto, los diputados contrarios a la técnica anunciaron esta mañana que aplicarán los recursos legales necesarios para neutralizar el decreto con el que el Ejecutivo pretende revivir la FIV.
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El jefe de bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Johnny Leiva, afirmó esta mañana que van a presentar recursos ante la Sala Constitucional una vez que el presidente firme el decreto, cuyo texto fue enviado hoy a consulta al Colegio de Médicos y a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) previo a su firma.
"Nos parece una gran irresponsabilidad de parte del Gobierno de no respetar la separación de poderes, porque una cosa que dijo la Corte (IDH) fue que debíamos legislar (a través del Congreso) y no firmar decretos", cuestionó el diputado de Renovación Costarricense, Gonzalo Ramírez.
"Costa Rica abre hoy la puerta para convertirse en un estado que hará una masacre de seres humanos en estado embrionario", añadió Ramírez, quien cuestionó que además, el procedimiento "acrecienta la difícil situación de la Caja Costarricense de Seguro Social".
"Es una página triste y la acción más lamentable que yo tendría que calificarle a este Gobierno. Me parece que es habilitar una licencia que facilita el sacrificio de embriones humanos", opinó el diputado de la Alianza Demócrata Cristiana (ADC) Mario Redondo.
El decreto anunciado esta mañana por el Gobierno responde a la condena que en diciembre del 2012 emitió la Corte IDH, mediante la cual obliga al Estado a reactivar la aplicación de la FIV.
TAMBIÉN: Presidencia sostiene que decreto sobre FIV no tiene roces constitucionales.El decreto, que no se ha firmado y sigue en estado de borrador, plantea que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sea la encargada de aplicar la técnica a mujeres mayores de edad que tengan condición de infertilidad.
La propuesta permite que se fecunden un máximo de dos óvulos en cada tratamiento a través de técnicas de laboratorio, y no discrimina si las mujeres son solteras o casadas.
El borrador de decreto será presentado esta tarde ante los jueces de la Corte IDH como prueba de que el país está tratando de cumplir con la condena dictada en el 2012, luego de tres años de fracasos legislativos.
Sin embargo, para los diputados evangélicos y del PUSC, la medida del Gobierno irrespeta al Congreso, que tiene bajo estudio un proyecto de ley para permitir y regular la aplicación de la fertilización asistida.
Además, prohíbe el desecho, la comercialización, la experimentación, la selección genética, la fisión, la alteración genética, la clonación, la inseminación pos mortem y la destrucción de los óvulos fecundados.
El presidente Luis Guillermo Solís dijo que el decreto será firmado hasta que sea consultado por el Colegio de Médicos y la Caja Costarricense de Seguro Social.
