Por segundo mes consecutivo, el Ministerio de Hacienda se atrasó con el giro de ¢50.000 millones para el pago de las ayudas que da el Fondo Nacional de Becas (Fonabe).
Los afectados son 87.200 estudiantes de escasos recursos de preescolar, escuela y universidad, informó Mauricio Donato, director del Fonabe.
De acuerdo con el jerarca, el Ministerio de Educación Pública (MEP) debía recibir el dinero de Hacienda a tiempo para que los beneficiarios recibieran su beca antes del 18 de setiembre, pero esa transacción se atrasó.
Los recursos ingresaron a las cuentas del Fonabe hasta el jueves de la semana pasada (21 de setiembre), por lo que se espera que el trámite para el depósito de las becas se termine este lunes, dijo Donato.
50% del presupuesto para becas de Fonabe sale de la Caja Única del Estado, la otra mitad la financia Fodesaf. (Mayela López / Archivo.)
La misma dificultad se presentó en agosto.
"Es algo que se escapa totalmente de la gestión de Fonabe. Eso pasó el mes pasado, fueron pocos días y sí se cumplió con la fecha estimada que nos dieron, pero sí hubo un atraso. Nosotros tratamos de darle la información a los medios para que los usuarios estén tranquilos", dijo Donato.
Este diario envió consultas a Hacienda para conocer el motivo del atraso y se encuentra a la espera de respuesta.
Los ¢50.000 millones atrasados provienen de la Caja Única del Estado y constituyen un 50% del presupuesto de Fonabe para el pago de becas. La otra mitad la financia el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf). Con esa partida no ha habido inconvenientes, dijo Donato.
El mes pasado, el presidente Luis Guillermo Solís ordenó que las transferencias a instituciones se pongan en el segundo nivel de prioridades de pago del Estado, según su "urgencia social", como parte de las medidas para atender los problemas de liquidez que atraviesa el Estado.
Lo primero, dijo el mandatario, es el desembolso de la deuda pública, los salarios y pensiones con cargo al Gobierno.
Ese anuncio suscitó la reacción de Montserrat Solano, defensora de los habitantes, quien le exigió a Solís garantías de que la crisis de liquidez no afectaría los derechos humanos de la población más vulnerable, lo cual, en su opinión, podría ocurrir si se prioriza el pago de la deuda externa por encima del financiamiento de programas sociales básicos.
