El viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, reconoció ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, que la creación de un registro de accionistas de sociedades anónimas es solo una de tres opciones para cumplir los requisitos de entrada a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La declaración se dio en el marco del careo entre autoridades de Hacienda y de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), el mediodía de este miércoles en la Comisión de Hacendarios.
La Uccaep niega que el registro sea obligatorio para que Costa Rica ingrese a la OCDE, foro de 34 países que comparten políticas económicas y sociales para mejorar el desarrollo y que trabajan en la búsqueda de soluciones a los problemas comunes.
Rodríguez explicó que la OCDE exige al Gobierno asegurarse el acceso a la información sobre los accionistas de las empresas y, para ello, sugirió tres vías: contener los datos en un registro público, que estén en las declaraciones de impuestos o mantenerlos en manos de las empresas pero a disposición del Estado cuando este los solicite.
La intención del Ejecutivo es crear el registro a través de una modificación en el proyecto de Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, expediente 19.245, actualmente en discusión legislativa.
Ante la obligación de que el Gobierno pueda asegurar la disponibilidad de la información, Hacienda le sugirió a la OCDE la posibilidad de hacer un registro de accionistas, pero que no sea público, sino manejado exclusivamente por la Administración Tributaria.
Desconfianza.
Enrique Egloff, segundo vicepresidente de la Uccaep, aseguró que desconfían del manejo de estos datos en manos de la Dirección General de Tributación, aunque Hacienda insiste en que serán confidenciales.
De hecho, Luis Mesalles, también de la Unión de Cámaras, sentenció que, para ellos, el viceministro Fernando Rodríguez no es un interlocutor válido.
Mesalles consideró que Rodríguez faltó a la verdad al decir, en declaraciones al Diario Extra en diciembre pasado, que la creación del registro de accionistas es un requisito para cumplir las fases previas al ingreso a la OCDE.
Egloff añadió que la poca seguridad en el manejo de la información queda manifiesta por declaraciones de Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), quien asegura que tiene información tributaria de grandes evasores y que la obtuvo por filtraciones en Tributación.
Sin soluciones.
Después del careo entre ambas partes, para los diputados el camino no queda claro. Una parte de la Comisión de Hacendarios defiende la posición del Gobierno para crear la lista de accionistas y beneficiarios de las sociedades anónimas, mientra que otra se inclina a no hacerlo.
En esa tesis están Gerardo Vargas, del Frente Amplio; Jorge Rodríguez, del Partido Unidad Social Cristiana, y los oficialistas Víctor Morales Zapata y Henry Mora.
Sin embargo, los liberacionistas Rolando González, Paulina Ramírez y Olivier Jiménez, así como la socialcristiana Rosibel Ramos y el libertario Otto Guevara, dudan de que esa sea la solución al problema.
Para los empresarios, se puede dejar la información en manos de las empresas y endurecer las penas contra quienes se nieguen a entregar los datos a Tributación.
Sin embargo, el Ministerio Hacienda enfatizó en que, a pesar de que sí existe la potestad para solicitar la información legalmente, en la práctica las compañías se niegan a darla, alegando amparo en la Ley para la protección de los datos personales.
Rodríguez consideró que la única manera de tener a disposición la información, para perseguir el fraude fiscal en el país y colaborar con la lucha contra el fraude en otros países, es la creación del registro.
