Caracas
El poder electoral de Venezuela alejó este martes la posibilidad de que el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro se realice este año como pretende la oposición, tras anunciar las etapas que aún faltan para llegar a la convocatoria.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, anunció que la recolección de cuatro millones de firmas (20% del padrón electoral) necesarias para convocar al referendo se realizaría a fines de octubre.
"Si se cumpliesen todos los requisitos establecidos en la norma (...) la recolección de firmas del 20% (del padrón electoral) se llevaría a cabo hacia finales de octubre", dijo Lucena, en un acto en la sede del CNE, al que fueron invitados diplomáticos, altos mandos militares y representantes de los poderes públicos.
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La funcionaria precisó que una vez que la oposición recolecte las firmas, lo cual debe hacer en tres días, el órgano electoral tendrá "entre 28 y 29 días" para verificarlas, y, en caso de que sean avaladas, se convocará al referendo en un plazo máximo de tres meses.
La MUD acusa al CNE de estar al servicio del chavismo y de retrasar el proceso para evitar que el referendo se realice antes del 10 de enero de 2017, cuando se cumplen cuatro años del mandato de Maduro.
Si el referendo se realiza este año y Maduro pierde, se debe llamar a elecciones; pero si es revocado después de esa fecha límite, los dos años restantes de mandato los completará su vicepresidente.
El anuncio de Lucena, transmitido por la televisión estatal, cayó como un balde de agua fría en la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que ratificó su llamado a una gran marcha nacional hacia Caracas el 1 de setiembre para exigir la fecha de recolección de las cuatro millones de firmas.
"Acosar al poder electoral y a sus funcionarios es un intento por torcer la vía constitucional. Se busca presionar al máximo para hacer creer a la población que la aplicación de la ley es un capricho", manifestó Lucena.
El presidente socialista enfrenta el descontento de una población que sufre por una escasez de alimentos y medicinas que alcanza el 80%, y una inflación que fue de 180,9% en 2015, proyectada por el FMI en 720% para 2016.
Según la firma Venebarómetro, 64% de los electores (unos 12 millones) votaría por revocar a Maduro, para lo cual se necesitan más de los 7,5 millones de votos con los que fue elegido en 2013.
"No se atreve (el CNE) a decir que no va a haber revocatorio este año, porque sabe muy bien que trancar la vía democrática, la ventanita democrática, coloca a Venezuela en una situación sumamente peligrosa", aseguró el excandidato presidencial Henrique Capriles, en una rueda de prensa de la dirigencia de la MUD.
Hace una semana, la alianza opositora solicitó formalmente el referendo, tras superar la primera fase del proceso con la validación de 200.000 firmas (1% del padrón) que la acreditan como promotora de la consulta.
El CNE cuenta con 15 días continuos para analizar esa solicitud y luego con 15 días hábiles (entre el 24 de agosto y el 13 de setiembre) para dar la fecha y puntos de recolección de las cuatro millones de firmas en todo el país.
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"Si el CNE se empeña en aplicar lapsos innecesariamente largos el referendo revocatorio podría realizarse entre febrero y marzo", opinó Eugenio Martínez, experto en asuntos electorales.
Varias analistas, como el constitucionalista José Ignacio Hernández, aseguran que el referendo podría hacerse a más tardar el 4 de enero, pero ha advertido que ello depende de la voluntad política del CNE.
Luis Emilio Rondón, único de los cinco rectores del CNE cercano a la oposición y quien estuvo ausente de la comparecencia de Lucena, aseguró a la prensa que "no hay impedimento jurídico, tecnológico, logístico" para que la recolección de firmas del 20% se haga antes de octubre.
Pero el chavismo descarta de plano la posibilidad de un referendo en 2016, mientras empuja 8.600 recursos legales contra la MUD, acusándola de fraude en la recolección de firmas para activar la consulta.
El oficialismo también demandó a la coalición ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -al que la oposición acusa igualmente de servir al chavismo- y la semana pasada pidió al CNE inhabilitarla como actor político.