Caracas
La oposición venezolana retoma esta semana su ofensiva contra el gobierno de Nicolás Maduro, fracturada y sin una estrategia clara para lograr su objetivo de sacar del poder al chavismo, que luce más fuerte pese a los augurios de una crisis aún peor en el 2017.
A un año de asumir el control de la Asamblea Nacional, la oposición renovará la junta directiva parlamentaria el jueves, cambiará a su equipo coordinador y redefinirá su hoja de ruta, tras fracasar en el 2016 en su plan de revocar el mandato de Maduro, dividirse y perder apoyo popular.
"Están en una situación doblemente difícil: luchan contra una fuerza que tiene el poder económico, militar y político; y lo hacen fraccionados, sin organización sólida, y con pugnas internas insalvables", comentó a la AFP Luis Vicente León, presidente de la firma Datanálisis.
La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ya anunció que buscará motivar la presión social. Pero no le será fácil, pese a que 78,5% de los venezolanos, según Datanálisis, rechaza la gestión de Maduro cansados de la altísima inflación y la escasez de alimentos, medicinas y hasta de dinero en efectivo.
Tras arrasar en las legislativas del 2015, terminando con 17 años de hegemonía chavista en el Parlamento, esa alianza opositora no logra capitalizar el descontento. Según Keller y Asociados, su apoyo bajó de 45% a 38% en los últimos dos meses, por sus desacuerdos, errores estratégicos y desconexión social.
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"Hubo altísimas expectativas que no fueron satisfechas. La oposición ha carecido de una estrategia de poder", admitió Jesús Torrealba, quien podría ser relevado como secretario ejecutivo de la MUD.
La MUD agudizó sus diferencias luego de que el poder electoral –al que acusa de aliado del chavismo– suspendió el proceso de referendo revocatorio el 20 de octubre y, pese a ello, diez días después entabló un diálogo con el Gobierno, auspiciado por el Vaticano y la Unasur.
Las negociaciones fueron rechazadas por muchos seguidores de la MUD y la mitad de los 30 partidos que la integran –entre ellos el del líder preso Leopoldo López–, por considerar que el gobierno las planteó para enfriar las protestas.
"No son divisiones superficiales. En la MUD hay diferencias estructurales entre moderados y radicales sobre la vía para atender el problema Maduro y conflictos de intereses entre sus líderes", opinó León.
Entre críticas, la MUD congeló el diálogo en diciembre, al acusar al gobierno de incumplir con la excarcelación de opositores y la definición de un calendario electoral que incluya la reactivación del revocatorio o el adelanto de las elecciones de 2018.
En vísperas de Año Nuevo, fueron liberados siete opositores, entre ellos el excandidato presidencial Manuel Rosales, lo que para algunos dirigentes opositores debería de llevar a la MUD a la ronda del 13 de enero. Para otros, eso es insuficiente.
"La libertad de gente inocente no es ningún premio, no se puede tratar de un trueque", dijo el saliente presidente parlamentario, Henry Ramos Allup, al considerar "inútil" dialogar "con una dictadura".
Aunque van 17 opositores excarcelados desde que comenzaron las pláticas, según la MUD permanecen presos un centenar, entre ellos los de mayor peso: López y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.
"Estas liberaciones son puntuales, no van al fondo del problema del diálogo: la desconfianza; por eso está en un punto muerto", afirmó a la AFP el politólogo Ricardo Sucre.
López, Ledezma y otros opositores proponen retomar la ofensiva desde la Asamblea Nacional y la calle, y "recuperar el voto". "Debemos luchar por el cambio de gobierno", dijo el excandidato presidencial Henrique Capriles.
Pero la MUD no aclara cómo: si se concentrarán en las elecciones de gobernadores y alcaldes de este año o insistirán en un revocatorio, que en el 2017 implica solo el reemplazo de Maduro por su vicepresidente y no comicios presidenciales como hubiera ocurrido si se hacía en el 2016.
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"Un revocatorio ya no tiene sentido. Las elecciones regionales son la opción que les queda", afirmó Sucre.
Por el lado del Parlamento, en diciembre declaró a Maduro responsable político de la crisis y evaluará a partir del jueves la figura del "abandono de cargo", acusándolo de no cumplir con garantizar la gobernabilidad del país.
Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia, señalado de servir al chavismo, ha anulado prácticamente todas las decisiones del Legislativo.
Julio Borges, quien dirigió la bancada opositora en el 2016 y sustituirá a Ramos Allup en la presidencia legislativa, dice que trabajará por la "unidad".
Para León, la MUD tiene dos retos claves: entender que sin "unidad" no logrará nada y que la negociación no debe excluir la presión social, ni los políticos a la sociedad civil, como ha ocurrido.