Washington
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió este lunes "programas fuertes" de control migratorio, mientras enfrenta una doble ofensiva judicial y política y el descontento popular contra su orden de prohibir la entrada a inmigrantes de países musulmanes.
De visita el lunes en Florida al CENTCOM, el comando militar encargado del Oriente Medio y la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI), el mandatario republicano prometió vencer el "terrorismo islámico radical" y no permitir "que eche raíces" en Estados Unidos.
"Necesitamos programas fuertes para que las personas que nos aman y quieren amar a nuestro país (...) se les permita entrar, pero no a quienes quieren destruirnos", señaló Trump.
En un decreto del 27 de enero, el mandatario suspendió por 120 días el ingreso de refugiados (para los provenientes de Siria el plazo es indefinido) y por 90 días para ciudadanos de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, países de mayoría islámica.
La medida rápidamente provocó protestas en varias ciudades de Estados Unidos y el exterior, y sus críticos advierten de que la prohibición podría perjudicar la cooperación antiterrorista, al promover la propaganda del Estado Islámico.
Pero, el viernes, un juez federal de Seattle, en el estado de Washington, dejó en suspenso la implementación del decreto, una decisión mantenida el sábado por el tribunal federal de apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco, California, y que abre una batalla legal para la joven adminsutración Trump.
El gobierno presentó este lunes por escrito una defensa del decreto. El documento, de 15 páginas, afirma categóricamente que la firma de decretos constituye un "ejercicio legal" de la autoridad presidencial.
Los tres jueces que componen esa corte de apelaciones convocaron a las dos partes a una teleconferencia, el martes en la tarde, para presentar argumentos orales.
Además del bloqueo en los tribunales, que para frustración del plan de Trump reabrió las puertas de Estados Unidos a los refugiados y los ciudadanos de los siete países, la orden presidencial se ganó también la oposición de las principales compañías tecnológicas.
Oposición variopinta. Gigantes de Silicon Valley como Apple, Facebook, Google, Microsoft y Twitter -en total, casi un centenar de empresas- presentaron la noche del domingo un documento legal ante el tribunal de apelaciones en San Francisco en respaldo a la demanda en curso contra el decreto de Trump.
Las empresas tecnológicas, que contratan a miles de inmigrantes, denunciaron que la orden presidencial "inflige un daño significativo a los negocios estadounidenses, a la innovación y al crecimiento".
Además, los fiscales generales del Distrito de Columbia (asiento de la capital, Washington) y 15 estados, entre ellos California, sumaron su respaldo a la suspensión en el caso ante la corte de San Francisco.
Trump también parece enfrentar una opinión pública adversa: dos nuevos sondeos revelaron que una leve mayoría de los estadounidenses se opone a la prohibición migratoria.
Pero Trump desestimó de plano esas encuestas: "Todos los sondeos negativos son noticias falsas, tal como los sondeos electorales de CNN, ABC y NBC", escribió en Twitter este lunes.
"Lo siento, la gente quiere seguridad fronteriza y chequeos rigurosos", añadió el mandatario, que también promete construir un muro en la frontera con México.
Contra prensa y justicia. Al hablar ante jefes militares en el CENTCOM, Trump volvió a la carga contra la prensa.
De acuerdo con el presidente los riesgos con "terroristas" en Estados Unidos se tornaron tan comunes que el país llegó "a un punto en que (los ataques) no son siquiera informados por los medios".
"Y en numerosos casos, la prensa muy, muy deshonesta ni siquiera quiere tomar en cuenta" esos ataques, añadió. "Tienen sus razones y ustedes bien lo saben", concluyó.
Ante los obstáculos de la Justicia a una de sus principales promesas electorales, Trump lanzó una feroz catarata de tuits contra el juez de Seattle tachándolo de "dizque juez" y acusándolo de exponer al país a un "peligro".
"He dado instrucciones a Seguridad Interior de que controle MUY CUIDADOSAMENTE a la gente que está entrando al país. ¡Los tribunales están dificultando el trabajo!", escribió el domingo en Twitter.
El vicepresidente Mike Pence se unió a las críticas presidenciales denunciando la "frustrante" decisión del tribunal.
Pero el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, expuso que la Justicia hacía su trabajo y se distanció del decreto, expresando el domingo temor a que su redacción deje la puerta abierta para implementar un "examen religioso" a los inmigrantes.
"Todos queremos tratar de mantener a los terroristas fuera de Estados Unidos. (...) Pero ciertamente no queremos que los aliados musulmanes que pelearon junto a nosotros no puedan viajar a Estados Unidos", subrayó.
La opinión pública también se opone al decreto: el 53% de los estadounidenses, según un sondeo de CNN, y 51%, según CBS, rechaza la prohibición migratoria.