EscucharEl vicepresidente del Movimiento Libertario, Ronaldo Alfaro, fue llevado a la cárcel de Cartago la tarde de este lunes, donde deberá descontaría los ocho meses de prisión preventiva dictados por el Tribunal Penal de San José.
Así lo confirmó el Ministerio de Justicia y Paz a La Nación.
La disposición se desprende de la condena de ocho años impuesta el pasado viernes por el Tribunal Penal de San José, luego de determinar que Alfaro fue el autor intelectual del fraude de ¢209 millones de colones.
Cindy Morales, defensora pública de Alfaro, informó de que se encuentran trabajando en la apelación de la medida cautelar.
Aún no se ha definido la fecha en la que presentarán el recurso, informó el presidente del partido, Danilo Cubero, quien calificó la medida cautelar de 'excesiva':
“Pudo haber sido algún otro tipo de medida. Él ya había tenido medidas cautelares y siempre ha cumplido con ellas. Quienes conocen la calidad de persona que tiene sabe que no es necesario”, aseguró.
Precedente. Cubero se refiere a las medidas cautelares impuestas a Alfaro en 2011, cuando un juez le prohibió salir del país y acercarse a la sede del partido por seis meses, además de firmar cada 15 días.
La medida se había tomado luego de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanara la sede del Libertario y la casa de su entonces tesorero, Alfaro, como parte de la investigación del presunto delito de estafa al TSE.
El viernes anterior, luego de la lectura de la sentencia, el dirigente libertario fue llevado a una de las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en San José, donde permaneció hasta su traslado al centro penitenciario de Cartago.
La estafa. Las juezas que conocieron el caso concluyeron que Alfaro, en su función de tesorero del partido, fue autor de un plan con el que se le cobraron 194 capacitaciones ficticias al TSE, dentro del monto de deuda política correspondiente a la campaña del 2010.
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Además de la apelación de la prisión preventiva, a cargo de la defensora pública Cindy Morales, el partido apoya apelar la condena de ocho años de cárcel, pues considera que no se probó que hubiera dolo al cobrar las capacitaciones.
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