Con 50 votos a favor y tres en contra, el plenario legislativo acordó este lunes debatir, durante un periodo de dos semanas, el informe de la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios sobre los contactos que el importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, logró hacer en el Estado en favor de sus negocios.
Votaron a favor las fracciones del PLN, PAC, Frente Amplio, PUSC, Alianza Demócrata Cristiana y Renovación Costarricense.
Votaron en contra los frenteamplistas Ligia Fallas y José Ramírez (quienes ya no participan en las reuniones de fracción), así como la diputada del PAC, Nidia Jiménez.
No estuvieron presentes los diputados del PASE y de Restauración Nacional, Óscar López y Fabricio Alvarado, así como el libertario Otto Guevara y el independiente Carlos Hernández.
El independiente Víctor Morales Zapata y el liberacionista Rolando González, para quienes el informe pide medidas, votaron a favor. No obstante, este último dijo que "jurídicamente el plenario estaba incurriendo en una inconstitucionalidad".
Con la moción aprobada, el informe de la comisión será debatido lunes, martes y jueves de esta semana de 3 p. m. a 6 p. m. y, el miércoles, de 3 p. m. a 5 p. m.
La otra semana, el horario será similar, salvo en el caso del jueves, cuando habrá tiempo de discutir, antes de votar el informe, hasta las 11:59 p. m.
El informe de 294 páginas que emitió la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios recomienda sanciones para 29 funcionarios públicos de los tres poderes de la República y de dos bancos estatales.
En la lista aparece desde el presidente la República, Luis Guillermo Solís, hasta diputados, magistrados, fiscales y candidatos a diputados.
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La votación se produjo luego de que, en la mañana, los nueve jefes de fracción de la Asamblea Legislativa alcanzaron un borrador de acuerdo para discutir el informe.
Así lo informaron el presidente legislativo y los coordinadores de varias fracciones.
Las sesiones de estas semanas serán para hablar, exclusivamente, del informe de la investigación de los préstamos bancarios otorgados al empresario Juan Carlos Bolaños, para que trajera cemento desde China, así como las responsabilidades de los funcionarios públicos que tuvieron alguna vinculación con los trámites del empresario ante el Estado.
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El acuerdo se dio después de que un criterio del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso estableciera, la mañana de este lunes, que la desconvocatoria de proyectos de ley que hizo el Poder Ejecutivo no mandaba a los diputados a vacaciones, ni les permitía hacer receso en el mes de enero.
Ante ese criterio y ante la presión de varias fracciones por volver a labores este 8 de enero, el presidente del Directorio legislativo, Gonzalo Ramírez, y los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) tuvieron que cambiar el criterio que habían externado originalmente, donde afirmaban que si la Presidencia de la República había limpiado la agenda de proyectos, entonces ellos no podían asistir a las sesiones del plenario.
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En cuanto a la convocatoria de los cuatro proyectos recomendados por la Comisión Investigadora de los Créditos Bancarios, Gonzalo Ramírez afirmó que aún no se ha recibido ningún decreto de convocatoria en la Asamblea Legislativa y añadió que el acuerdo de las fracciones es solamente discutir el informe sobre el cemento chino y nada más.
De todas formas, cuando se reciba el decreto de convocatoria de los cuatro proyectos y se lea en el plenario, no se pueden tramitar en un plazo de 24 horas, por disposiciones reglamentarias.
Los cuatro proyectos que el presidente, Luis Guillermo Solís, informó de que pondrá a discusión de los diputados son: 19.117, Ley para la pérdida de credenciales del diputado por violación del principio de probidad; 19.587, Ley contra el nepotismo (nombramiento de familiares de los diputados) en la Asamblea Legislativa; 19.996, Ley de creación del Tribunal Administrativo de la Competencia, y 19.251, Ley reguladora del cabildeo en la función pública.