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Al contrario de lo que habían pensado los diputados el 21 de diciembre pasado, la desconvocatoria de proyectos que hizo el Poder Ejecutivo no los manda a vacaciones durante el mes de enero.
Este lunes, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa emitió un criterio en el cual establece que, cuando el Gobierno limpia la agenda de proyectos de ley, los legisladores pierden únicamente la iniciativa de hacer leyes, pero no la de hacer control político.
Esa potestad de control político de los legisladores incluye hacer investigaciones y discutir los respectivos informes que emanen de esas investigaciones.
Eso significa que, al no haber aprobado una moción para irse de receso durante todo el mes de enero, los diputados están obligados a volver a funciones en el Congreso e, incluso, celebrar sesiones del plenario, con los asuntos propios del régimen interno, lo que incluye control político, nombramiento de magistrados y discusión de informes.
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Si hubiese algún permiso de atraque de barcos pendiente, también eso sería materia que pueden tramitar los parlamentarios durante la primera parte de la sesión plenaria, que se lleva a cabo, regularmente, entre las 3 p. m. y las 4 p. m., de lunes a jueves.
El criterio AL-DEST-OFI-27, dirigido al presidente de la Asamblea Legislativa, Gonzalo Ramírez, el director de Servicios Técnicos, Fernando Campos, explica que el propio artículo constitucional que habla sobre la desconvocatoria de proyectos establece que eso no quita que los diputados se puedan seguir dedicando a sus labores.
“El Poder Ejecutivo podrá convocar a la Asamblea Legislativa a sesiones extraordinarias. En estas no se conocerá de materias distintas a las expresadas en el decreto de convocatoria, excepto que se trate del nombramiento de funcionarios que corresponda hacer a la Asamblea, o de las reformas legales que fueren indispensables al resolver los asuntos sometidos a su conocimiento”, dice el artículo 118 de la Constitución.
Las sesiones extraordinarias son dos períodos durante los que el Poder Ejecutivo tiene la potestad de establecer cuáles son los proyectos de ley que se tramiten en todos los órganos legislativos, incluyendo plenario, los tres miniplenarios y las comisiones dictaminadoras.
El primer periodo de extraordinarias se celebra durante el mes de agosto y el segundo se prolonga del 1.° de diciembre al 31 de abril.
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Ante el inminente regreso a labores, varias fracciones han pujado para que se establezca como una prioridad la discusión del informe de la Comisión Especial Investigadora de Créditos Bancarios sobre los préstamos de varias entidades al empresario Juan Carlos Bolaños, para que importará cemento desde China, y los funcionarios que estuvieron involucrados en ese caso.
Sin embargo, varias fracciones legislativas, entre ellas la Unidad Social Cristiana (PUSC), Renovación Costarricense y Acción Ciudadana (PAC) alegan que se deben discutir, antes, otros informes de investigaciones pasadas.
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En una reunión de los nueve jefes de las fracciones políticas, este lunes, a las 11 a. m. se tomará la decisión sobre cuál informe se tramitaría primero y si existen los 38 votos necesarios para colocar en el primer lugar el informe sobre el caso del cemento chino.
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