En una carta abierta, ocho obispos pidieron al presidente Luis Guillermo Solís que interceda para revertir la decisión del Sinart de quitar de su programación, a partir del 2018, la misa dominical y el rosario.
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Esto lo plantearon, no sin antes expresar en el documento su rechazo "rotundo" a la decisiones tomadas por los administradores del canal.
"Humildemente le solicitamos interponer sus buenos oficios para que tan grande mal a los habitantes de la República y en especial de los ciudadanos y ciudadanas católicos sea revertido, y así los medios de comunicación del Sinart estén verdaderamente al servicio del pueblo", solicitaron los obispos al mandatario.
Entre sus argumentos, los prelados alegan que el criterio elaborado por la defensora de audiencias, Nathalia Rojas, con el que se recomendó eliminar estos contenidos religiosos, corresponde a "una decisión parcializada, con visos de autoritarismo y a todas luces contraproducente a los intereses de los costarricenses".
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Según los sacerdotes, la recomendación de Rojas, lejos de estar fundada en una correcta interpretación de la Ley, se basa más bien al “repudio” que en lo personal siente la funcionaria por las personas que practican la fe católica.
Para decir esto último, se basaron en las manifestaciones hechas en Twitter por Rojas, el año pasado, luego de la homilía del 2 de agosto.
“Es demasiado el repudio que siento por esa institución (Iglesia católica). Me he tardado bastante en hacerlo”, tuiteó Rojas en 2016, al tiempo que manifestó que quería hacer una “apostasía colectiva”, o renuncia colectiva a la religión. La presidencia ejecutiva del Sinart informó que pedirá explicaciones a la funcionaria
Para los obispos, no puede permitirse que un funcionario público utilice las instituciones del Estado para hacer prevalecer sus opiniones o convicciones.
"La decisión del Sinart, tomada al amparo de este criterio ‘técnico’, deviene no solo en ilegal, sino contrario a la ética, pues no persigue el bien común, sino que está dirigida a hacer prevalecer opiniones personales en agravio del pueblo de Costa Rica, especialmente de las personas en una mayor situación de vulnerabilidad como adultos mayores que no pueden salir de sus casas o albergues, de los privados de libertad, enfermos hospitalizados, personas que por vivir lejos de centros de población no pueden participar de la Santa Misa o del Santo Rosario, entre otros", indican los religiosos.
El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, había manifestado la semana anterior su desacuerdo con la decisión del Sinart alegando que es "perfectamente normal" que esas manifestaciones de religiosidad sean parte de la programación de un canal público.
Por el contrario, la defensora de los Habitantes, Montserrat Solano, consideró que la decisión del canal es "congruente" con la obligación del Estado de garantizar la pluralidad de religiones.
Los sacerdotes expresaron en su carta que el Sinart "irrespeta los derechos de los habitantes de ejercer sus creencias religiosas dentro del marco del respeto, la tolerancia y la Ley; también en los medios de comunicación propiedad del Estado".
Según ellos, el Estado debe garantizar el disfrute de la libertad religiosa, un derecho humano de "primera generación" a todos los habitantes del país.
Mario Alfaro, director ejecutivo del Sinart, dijo a este medio que respeta "profundamente" la posición de la Iglesia católica, así como el de todas las denominaciones religiosas que se han sumado a la discusión.
"La carta no va dirigida al Sinart, pero tomamos nota de la solicitud que hacen y los argumentos que utilizan. Esta semana el Consejo Ejecutivo se reune para analizar el tema", dijo Alfaro.