El futuro de la causa penal que enfrentan la pareja de mujeres que contrajo matrimonio en 2015 depende de una resolución de la Sala Constitucional.
Sin embargo, ahora esos fallos pendientes del alto tribunal podrían verse permeados por la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el reconocimiento de todos los derechos a las parejas homosexuales.
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La Fiscalía ya había presentado la acusación contra Jazmín Elizondo y Laura Flórez-Estrada, además de Marco Castillo –notario que las casó– por los delitos de matrimonio ilegal y falsedad ideológica. Ese expediente, incluso, ya se había trasladado al Juzgado Penal de San José, en espera de que dictara o no orden de elevarlo a juicio.
Así lo informó la Oficina de Prensa del Ministerio Público.
El caso, sin embargo, estaba suspendido a la espera de que la Sala Constitucional resuelva acciones contra el artículo 14 inciso 6 del Código de Familia, que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo.
"El Ministerio Público deberá esperar a que la Sala Constitucional resuelva las acciones. Dicha resolución afectará directamente la tipicidad o la procedencia de las conductas acusadas", señaló la Oficina de Prensa, ante consultas de este diario.
Se intentó conocer si la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos agilizaría la resolución de los casos pendiente en la Sala sobre el tema de matrimonio igualitario, sin embargo, por el momento, no hay claridad.
Vanlly Cantillo, vocera del tribunal constitucional, explicó que la Sala "debe resolver todo lo que se le presente".
"Habrá que esperar cuál es el criterio", dijo.
La Corte Interamericana ordenó que de manera inmediata se debe permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, y se deben otorgar los mismos derechos que tienen esos vínculos entre heterosexuales.
Este jueves, el Registro Civil solo esperaba la notificación por parte del Poder Ejecutivo para tomar las medidas pertinentes.
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Asimismo, señaló que deben permitir a las personas modificar su nombre, según el género "autopercibido".
Tras el criterio externado por la Corte IDH, Flórez-Estrada y Elizondo sostienen que la acusación que pesa contra ellas ante la Fiscalía por “matrimonio ilegal” carece defundamento.
Ellas contrajeron matrimonio al detectar un error en el Registro Civil, pues una aparecía inscrita como hombre. Luego de que se diera a conocer su historia, el Registro corrigió el error y presentó una denuncia contra ellas.
Las mujeres acudieron a la Sala Constitucional en marzo del 2016.
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