La Superintendencia General de Seguros (Sugese) frenó la donación de ¢10.000 millones que el Instituto Nacional de Seguros (INS) aprobó para el plan Mi Primer Empleo, del Gobierno.
La Superintendencia concluyó que la aseguradora no tiene la capacidad legal para financiar dicho proyecto, según el informe SGS-DES-0-1235-2015, del pasado 21 de agosto, del cual La Nación tiene copia.
La Sugese enfatizó que un decreto ejecutivo, en el cual se fundamenta la dotación de dinero, no es suficiente para usar parte del patrimonio del INS y aportarlo a un proyecto de subsidio gubernamental.
“En una entidad tan grande como el INS, si se abre una puerta para hacer donaciones, tendrá una fila eterna de solicitudes de recursos para actividades ajenas a su negocio que son los seguros”, detalló Tomás Soley, jerarca de la Sugese.
La empresa pública argumentó a la entidad supervisora que el dinero se iba a transferir en dos tractos de ¢5.000 millones en el 2016 y el 2017. Los recursos se iban a tomar de las ganancias.
La Sugese detalló en el informe que la ley del mercado de seguros establece con claridad que el 75% de la utilidad del INS es para capitalizar su negocio y el restante 25%, para el Estado. Sin embargo, la donación iba a salir del dinero destinado para capitalizar al Instituto.
Elian Villegas, presidente del INS, cuestionó la prohibición de la Sugese, pese a que se acató.
“Nos parece que la Sugese está actuando como un contralor de legalidad y esa no es su función, pero tenemos claro que no podemos actuar mientras la Superintendencia mantenga esa posición”, explicó Villegas.
El funcionario adelantó que consultarán a la Contraloría General de la República para aclarar si pueden hacer donaciones.
En el 2014, el INS tuvo una utilidad de ¢82.000 millones antes de impuestos y de la repartición de sus ganancias. El Gobierno anunció, en setiembre anterior , un programa de subsidio para crear 30.000 empleos con una inversión de ¢43.680 millones. El aporte del INS equivale al 23% del ese monto.
Víctor Morales, ministro de Trabajo, confirmó que si el aporte del INS falla, deberán pedir recursos a otras instituciones públicas.
Advertencia. Por otra parte, la Superintendencia advirtió al Instituto de que el otorgar préstamos para financiar carreteras tampoco es parte de la actividad aseguradora, aunque sea legal.
“Hay que tener cuidado porque los créditos no son la actividad principal del INS. Es algo accesorio. Debe existir prudencia en el límite de recursos a prestar”, enfatizó Soley.
La empresa pública anunció , en agosto anterior, una línea de crédito por $21,5 millones para impulsar la ampliación de la carretera San José-San Ramón y ¢1.500 millones a la Asociación Costarricense para Organizaciones de Desarrollo (Acorde) para prestar al sector piñero.
“De la vía San José-San Ramón nos pidieron revisar con detalle el plan, pero no nos dictaron ninguna orden. Está claro que el INS tiene competencia para dar créditos”, explicó Villegas.
A inicios de noviembre, el INS dijo que analiza la posibilidad de prestar ¢3.000 millones para financiar los estudios de preinversión para ampliar la carretera Florencio del Castillo, que une San José con Cartago.
