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Un encarecimiento en los créditos sería la consecuencia más inmediata y palpable si Costa Rica ingresa en la lista gris de países que no cooperan con medidas legales para frenar el financiamiento al terrorismo y la legitimación de capitales.
Esta lista es elaborada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo creado en 1989 en París, para promover medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento a actividades terroristas.
Actualmente figuran en el grupo Afganistán, Bosnia Herzegovina, Corea del Norte, Etiopía, Irán, Irak, Laos, Siria, Uganda, Vanuatu y Yemen.
Las consecuencias de ingresar en este infame club podrían ser sentidas tanto en el Gobierno como en las empresas nacionales.
De acuerdo con Annabelle Ortega, directora Ejecutiva de la Cámara de Bancos, una primera afectación será la menor oportunidad del Gobierno de financiarse en el exterior.
Se prevén escenarios en donde las entidades financieras internacionales lleguen a subir las tasas de interés de los créditos vigentes con el Estado, reduzcan los plazos de pago de los créditos o congelen los préstamos a futuro.
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Annabelle Ortega, directora ejecutiva de la Cámara de Bancos, dijo que las mayores necesidades de capital para estimaciones llevará a incrementos de intereses lo cual provocará menos demanda de crédito y menos colocaciones.
"Es un costo mayor por donde lo mire. La comunidad internacional no nos vería con los mismos ojos, estaríamos mandando un mensaje de que somos un país más riesgoso. Se afectarían los bancos y las empresas clientes de los bancos por las dificultades de realizar esas transacciones internacionales", comentó.
Más implicaciones. Del mismo criterio es Mario Gómez, abogado de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), quien asegura que las implicaciones, más allá de afectar solo al Gobierno, también tocarían el bolsillo de los costarricenses y las empresas locales.
"Algunas entidades financieras internacionales simplemente no tratan con empresas de países que estén en esa lista", sostuvo Gómez.
Agregó que, limitar el crédito al país y a las empresas, provocaría una presión de las tasas de interés en el mercado local. "Esos recursos que el país, o las empresas captaban fuera, van a tener que buscarse en el mercado interno y al hacer eso se presionan las tasas y hasta podría provocar devaluación".
Lejos del sector bancario nacional, una baja en la atracción de inversión proveniente del exterior también se enlista entre las implicaciones que podrían darse de entrar el país en ese grupo.
Riesgo latente. Desde ayer lunes 8 de mayo y hasta el próximo jueves 11, una comitiva estatal tratará de evitar el ingreso de Costa Rica a esa 'lista gris'.
El grupo de delegados costarricenses, encabezados por el ministro de la presidencia Sergio Alfaro, participa en un espacio "cara a cara" ante miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para defender los avances realizados por el país para el fortalecimiento de su sistema antilavado y contra el financiamiento al terrorismo.
Sin embargo, el país llega a la cita sin la aprobación de uno de los proyectos urgentes para el Gobierno en ese tema. Se trata del expediente legislativo 19.951, una reforma a la Ley de Estupefacientes para introducir la regulación de varias actividades profesionales no financieras que se consideran, según las normativas internacionales, riesgosas para el flujo de dinero irregular.
"También hay que avanzar en otras áreas, como la eficiencia del Poder Judicial y el Ministerio Público. La comunidad internacional no solo nos juzga por si no tenemos las normas, sino sobre si las estamos ejecutando y poniendo en marcha", agregó Gómez.
En agosto del 2016, Costa Rica logró sortear ese riesgo, cuando el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) acogió una solicitud del Gobierno de recalificar al país en 11 de las 40 variables técnicas, que evalúa el organismo para definir si una nación entra o no a la lista.
