A finales de octubre entrará formalmente en operaciones el escáner de la empresa APM Terminals en Moín, como primer paso de un sistema de inspección de mercancías para luchar contra el tráfico de drogas, armas, contrabandos y dólares por nuestro país.
Así lo confirmó el viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, quien también detalló que 31 empresas llegaron el 30 de setiembre a la presentación de este modelo de vigilancia que se extendería por el resto de nuestras fronteras terrestres, puertos y el aeropuerto Juan Santamaría.
Se trataría de un sistema de inspección no intrusiva de todas las mercancías para exportación o importación.
Para la compra e implementación de nueve de esos dispositivos el Gobierno estima una erogación de $30 millones (unos ¢17.400 millones), explicó Acosta.
A los representantes de esas empresas se les dijo que tienen 15 días para formalizar la propuesta con las tecnologías, formas de contratación y demás pormenores.
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (N.° 9235), aprobada en diciembre del 2018, dispone que ese Ministerio debe instalar a corto plazo los equipos tecnológicos para inspeccionar todas las cargas que entran y salen del territorio.
La Organización Mundial de Aduanas define la inspección no intrusiva como el reconocimiento de las mercancías sin la necesidad de abrir el medio de transporte.
La Dirección General de Aduanas propone que los escáneres se instalen en los puestos de Tablillas en Los Chiles de Alajuela, así como en Peñas Blancas de Guanacaste, ambos fronterizos con Nicaragua.
Otros estarán en puerto Caldera de Puntarenas, así como en Paso Canoas y Sabalito, fronterizos con Panamá.
A ellos se sumará un escáner en el muelle Hernán Garrón, conocido como muelle alemán, Limón, y otro en la terminal Gastón Kogan, junto al plantel de Recope en Moín. A pocos kilómetros de ahí está el de APM Terminals para exportaciones y la idea es agregar otro que también revise las importaciones. El noveno se destinará al aeropuerto Juan Santamaría en Alajuela.
Acosta afirmó que, además del aporte a la seguridad nacional y evitar el ingreso de plagas fitosanitarias, los escáneres serán vitales para evaluar las declaraciones aduaneras y así luchar contra la subfacturación.
Sobre los mecanismos para el cobro del servicio, dijo que están apenas en evaluación. Se desconoce si APM o los mismos exportadores cubrirán los gastos que el sistema conlleva. “Participar en el sistema de inspección no intrusivo le da un plus a los exportadores, en el tanto pueden asegurarse que sus exportaciones van limpias”, dijo.
Laura Bonilla, presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), agregó que el resguardo que brindarán los escáneres tiene que verse como un beneficio de seguridad, por lo que ven oportuno que sea cubierto por el Gobierno.
“Entendemos que gozar de instrumentos como estos demandan inversiones en mantenimiento; no obstante, nuestro sector enfrenta una desaceleración considerable en sus ventas, y no podría asumir este costo ni el correspondiente al Documento Único Aduanero (DUA) por contenedor”, explicó.
Pidió que se ponga en operación el sistema y que el Gobierno cumpla con la fecha prevista para poner en funcionamiento el escáner de APM y que no se posponga de nuevo.
Lecciones aprendidas
En tanto, Acosta reconoce que la implementación del dispositivo en el Moín les dejó muchos aprendizajes.
"Por ejemplo el lenguaje general que establece la Organización Mundial de Aduanas y que será incorporado en los requerimientos de la nueva solicitud de escáneres”, dijo el viceministro al comentar el retraso en la entrada en operación del equipo en el Caribe.
El gobierno pretendía que ese escáner estuviera en operación el 1.° de julio, pero será más de 100 días después cuando entre a operar de manera formal, debido a inconvenientes tecnológicos y pugnas entre el proveedor y operadores. La megaterminal de contenedores funciona desde el pasado 28 de febrero.
Ya se instaló en San José el Centro de Inspección Remoto (CIR), donde se reciben en tiempo real las imágenes del escáner de APM, explicó el funcionario.
Solo falta ajustar ciertos protocolos de aplicación internacional, para que la información sensible que llega al centro de información esté bien resguardada y no quede expuesta a terceros que puedan desvirtuar su naturaleza.
El sistema lo integran el CIR, los escáneres, cámaras de lectura de placas y números de contenedor, básculas, sistema de riesgo anticipado y antenas de radiofrecuencia.
Revés diplomático con China
Simultáneamente, el gobierno actual tuvo que disculparse con la República Popular China, luego de que declinó una gestión realizada por la administración pasada (Solís Rivera, 2014-2018) para la donación de tres escáneres nuevos y la rehabilitación de otros dos, donados por el gigante asiático en el 2008.
El diputado Jonathan Prendas, del bloque Nueva República y el independiente Erick Rodríguez, ambos de la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, criticaron el hecho de que primero el Gobierno pidiera cooperación a China y luego diera un paso atrás.
Según Prendas, le dieron la espalda a su propia solicitud de tener escáneres de alta tecnología y que contaban con las especificaciones solicitadas por nuestro país.
Por su parte, Rodríguez calificó como una “barbaridad” que no se recibiera el equipo solicitado a China, alegando que se queda corto para lo que se pretende hacer.
La solicitud de cooperación para contar con los escáneres fue gestionada en noviembre del 2014 por el canciller de entonces, Manuel González, con el fin de que sirvieran para “combatir el crimen organizado, el narcotráfico, el trasiego ilegal de estupefacientes, armas, drogas, explosivos, legitimación de capitales y contrabando”, dice el oficio DM-0758-11-2014.
Luego de que China contrató a la empresa Nuctech y tuvo listos para la entrega los tres dispositivos, valorados en $15 millones, el Gobierno echó a atrás y no los recibió.
El actual viceministro de Comercio Exterior y presidente del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (Conafac), Duayner Salas, afirmó que más allá de asuntos políticos, fueron factores técnicos y de mantenimiento de los equipos los que llevaron a desistir de la donación.
“Se hicieron investigaciones de mercado, se analizó la respuesta de China a los cambios y se consultaron diversos proveedores internacionales. Determinaron que no era conveniente para el país aceptar una donación en esos términos, pues el mantenimiento lo podía realizar solo la empresa fabricante y el Estado costarricense debía comprometerse a suscribir un contrato”, indicó.
Añadió que otros inconvenientes tenían que ver con funcionalidades que se requerían y de las que los equipos carecían.
"La embajada China, con insumos de la empresa, dijo que esas funcionalidades se podían añadir a los equipos, pero tenían un costo adicional, lo cual se presentaba como una erogación para el Estado y todo eso llevó al criterio técnico con el que Conafac rechazó por unanimidad la donación.
Un día antes de que terminara labores la administración Solís Rivera, llegó a la Cancillería la carta de rechazo a la donación, por lo que correspondió al actual Gobierno responder a su homólogo de China, el 27 de julio del 2018.
Epsy Campbell, canciller al inicio de la presente administración, se lo hizo saber al embajador Teng Hang en la nota DM-0285-2018.
El 7 de agosto el embajador chino le contestó que ..."la parte china lamenta profundamente el acuerdo tomado por esta entidad (Conafac) y al mismo tiempo no concuerda con los análisis y la evaluación que evidentemente no corresponden a los hechos".
En una posterior reunión con el embajador y representantes de Nuctech, las autoridades actuales le hicieron ver que “de ninguna manera la empresa actuó de mala manera y que el Gobierno no cuestiona ni pone en duda la buena fe y la excelente disposición del Gobierno de la República Popular China, pero se hizo referencia a que las condiciones de la donación no eran las idóneas”.
El caso se cerró y lo único que se ofrece a la empresa Nuctech es la opción de participar como oferente para la licitación de los nuevos escáneres que se van a adquirir para los diversos puntos fronterizos.
Según Salas, ya se ofrecieron disculpas a China por la forma en que se manejó esa posibilidad de ayuda, haciéndole saber que esa nación sigue siendo un socio estratégico para nuestro país y que no querían que eso afectara las relaciones diplomáticas, políticas ni comerciales.
Sobre los viejos escáneres donados en el 2008, Salas afirmó que ya su vida útil venció.
El Ministerio de Hacienda informó de que esos aparatos están en el patio 14 de Japdeva, en Moín, Limón.
Aunque se trasladaron desde el 2015 al Servicio Fitosanitario del Estado, el director de esa dependencia, Fernando Araya Alpízar, dijo que Hacienda los tiene registralmente y ese despacho debe decidir qué se hace con ellos.
El viceministro Acosta sostiene que corresponde al Ministerio de Agricultura, que los tiene en custodia, decidir su futuro.
Acosta enfatizó que esos equipos no van a ser considerados en el nuevo modelo de inspecciones.
Contaminan mercancías
La carencia de estos controles ha facilitado los constantes envíos de droga en contenedores que pasan por APM y otras terminales portuarias. Millonarios cargamentos han sido decomisados en Europa, Estados Unidos y Centroamérica, con el consecuente desprestigio para muchas exportaciones nacionales.
El caso más reciente ocurrió el miércoles 18 de setiembre cuando la Policía de Control de Drogas (PCD) detectó 1.500 kilos de cocaína en un contenedor en el muelle administrado por APM Terminals en Moín.
El cargamento saldría hacia Bélgica el domingo 22 de setiembre. En Europa el valor de la droga es más alto que en Estados Unidos, lo que torna ese mercado más rentable para las organizaciones del narco.
El depósito donde camuflaron la droga llevaba cilindros de óxido de etileno que pertenecían a una empresa exportadora, la cual no está relacionada con el cargamento ilícito.
El 4 de agosto en esa misma terminal se detectaron 240 kilos de cocaína que también iban hacia Bélgica a bordo de un contenedor con estañones de miel que había salido de Colón, en Panamá.
Hace un año, en octubre del 2018, se detectó en España un cargamento de coca de seis toneladas, valorado en $1.150 millones, el cual iba oculto en una carga de banano en un barco que había salido de Limón y llegó al puerto portugués de Setúbal.
Según Laura Bonilla, presidenta de Cadexco, medios europeos como SwissInfo y FranceInfo ubican a nuestro país en el tercer lugar de los que más envían droga a Europa, solo detrás de Brasil y Ecuador.