El juicio por aparentes delitos de corrupción y dádivas cometidos durante la construcción de la denominada trocha fronteriza volvió a suspenderse, luego de que el Tribunal Penal de Hacienda acogiera la solicitud de inhibitoria del juez Jorge Tabash Forbes por un vínculo con uno de los abogados defensores.
El departamento de prensa del Poder Judicial confirmó que Tabash indicó este lunes, durante el arranque del debate, que no podía continuar en la causa porque mantiene una relación cercana con el jurista José Joaquín Ureña Salazar, quien representa a un hombre de apellidos Castillo Villalobos.
De acuerdo con CRHoy, el juez explicó que tiene una amistad con el abogado. Detalló que ha almorzado en su casa en múltiples ocasiones, han asistido juntos a eventos deportivos y que incluso lo ha recomendado como profesional en otras oportunidades.
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Otro asunto que deberá analizarse antes de que se reanude la audiencia, es que Miguel Ramírez Marín, uno de los imputados y quien para el momento de los hechos era encargado de supervisión de obra, sufrió un accidente el 17 de abril pasado y actualmente se mantiene hospitalizado a la espera de una operación.
“Está en el hospital del Trauma y será sometido a cirugía el próximo miércoles en la mañana. Dependiendo del grado de incapacidad que le den, eso podría extender también el inicio del juicio hasta que esté recuperado”, comentó José Miguel Villalobos Umaña, abogado defensor de Ramírez.
Ahora el juicio deberá esperar la designación del cuarto juez o jueza, por lo que se desconoce cuándo se retomaría nuevamente el debate. En asuntos complejos como este se cuenta con la participación de cuatro jueces, en caso de que alguno deba ausentarse.
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Más de una década de espera
La audiencia por la trocha fronteriza estaba programada del 27 de marzo anterior al 22 de setiembre, pero fue suspendido desde el primer día porque dos de los abogados recusaron a dos de los jueces, Franz Paniagua Mejía y Alfredo Arias Calderón, que para entonces integraban el tribunal.
El defensor público Mauricio Paniagua advirtió que él, en una causa abierta en el 2019 por presunto prevaricato, había sido el representante de los jueces Paniagua y Arias y que este asunto podría significar un cuestionamiento a la imparcialidad en el nuevo debate.
El caso trascendió en mayo de 2012, cuando la entonces presidenta de la República Laura Chinchilla Miranda reveló en conferencia de prensa que hubo presuntas dádivas y desvío de dineros en la construcción del camino de 160 kilómetros a un lado del río San Juan, en la frontera con Nicaragua.
La construcción del camino se impulsó con un decreto de emergencia emitido por la administración Chinchilla, ante la invasión de Nicaragua a isla Calero, en el Caribe norte de Pococí, en el 2010.
Aunque inicialmente en el proceso se investigó a 73 personas, en noviembre del 2018 la Fiscalía dictó sobreseimiento contra 47 de ellas, en cuenta la exmandataria, su segundo vicepresidente Luis Liberman, su ministro de Obras Públicas Francisco Jiménez y otros miembros del gabinete.
Luego, en febrero del 2020, cuando se anunció que se elevaría a juicio, se mencionó que solo 13 personas irían a debate. Actualmente, se desconoce cuántas personas están involucradas como imputadas.