El empresario Juan Carlos Bolaños Rojas afronta una acusación por 28 delitos como parte del caso que se conoce como cemento chino– Banco de Costa Rica (BCR). Así lo reveló la Unidad Especializada de la Fiscalía General este miércoles, al detallar que finalizó la investigación desarrollada dentro del expediente 16–000013–0033–TP.
Como parte del proceso, el Ministerio Público comunicó a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la entidad bancaria el requerimiento conclusivo. Ahora, esas instituciones deberán comunicar en los próximos días si se constituyen en querellantes o interponen una acción civil.
“Una vez que la PGR y el BCR regresen el expediente con sus gestiones, la Unidad Especializada de la Fiscalía General se encargará de analizar los planteamientos de ambas entidades y de remitirlo al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública con la acusación y solicitud de auto de apertura a juicio”, precisó el ente acusador del Estado en un comunicado de prensa.
A Bolaños Rojas, el Ministerio Público lo señala por: 11 presuntos delitos de peculado, ocho de aparente receptación, legalización o encubrimiento de bienes; tres por el supuesto uso de documento falso, otros tres de influencia sobre la hacienda pública y tres más por captación indebida de manifestaciones verbales en su condición agravada.
La Nación consultó al empresario acerca de la situación; sin embargo, dijo que en un video que publicó en su perfil de Facebook dio una amplia explicación de su posición. En la grabación, el hombre afirma que desconoce los hechos por los que se le acusa y destaca que en este caso están involucrados tres funcionarios que fueron denunciados por un aparente incumplimiento de deberes.
“Si (la acusación) es lo mismo que venimos discutiendo en el contexto de las audiencias de medidas cautelares, más la omisión de todas y cada una de las investigaciones que no realizaron (los fiscales), seguro de caución y reaseguros, un audio que se ha denunciado que es falso, ocultamiento de $37 millones a lo interno del Banco de Costa Rica y ¢3.700 millones que generaron una denuncia (...), todo lo relacionado a las actuaciones internas de esta Unidad (Especializada de la Fiscalía General) ha sido cuestionable”, resumió Bolaños, quien agregó que él es el único que ha buscado romper el monopolio del cemento en Costa Rica.
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Involucrados
Dentro de esta causa también figuran como acusados otros dos empresarios de apellidos Cortés Zúñiga y Rojas Segura, así como seis personas que para el momento en el que abrió la investigación, en el 2017, laboraban en el BCR. Se trata de Leonardo Acuña Alvarado (subgerente de Finanzas y Riesgos), Gilberth Barrantes Campos (gerente corporativo de Riesgos y Control Interno), Marvin Corrales Barboza (subgerente de Banca Minorista), Paola Mora Tumminelli (expresidenta del BCR), Rodrigo Ramírez Rodríguez (director de Gestión de Crédito) y Andrés Víquez Lizano (exsubgerente de Banca Mayorista). Ver tabla adjunta con delitos que se imputan a cada uno.
El abogado Rodolfo Brenes Vargas, quien representa legalmente a Barrantes y Ramírez, calificó de “lamentable” el hecho de “que el Ministerio Público no haya hecho el trabajo de individualizar claramente la conducta y la responsabilidad de todos los investigados y en lugar de eso lo que hizo fue meterlos a todos en el mismo saco y darles un mismo tratamiento”.
Agregó que “durante la investigación todos los testigos declararon que Rodrigo Ramírez es un hombre intachable, un funcionario ejemplar y que siempre actúa en defensa de los intereses del banco, mientras que de Gilberth Barrantes se destacó su amplia trayectoria y que, además, intervino en lo relacionado con el crédito cuando ya se había desembolsado la totalidad del dinero, es decir, en una frase muy tardía”.
“Lo que corresponde, en todo caso por parte de los fiscales, es determinar quién hizo cada cosa y aquí se está tratando a todos por igual, por lo tanto es injusto. Lo cierto es que tomamos la acusación con tranquilidad, sabiendo que cuando llegue el momento oportuno podremos dar los argumentos ante los jueces para explicar la conducta de ambos y evidenciar que ninguno de los dos cometió el delito alguno”, aseguró Brenes.
Según la investigación, que comenzó a partir de la solicitud, tramitación y desembolso de un crédito revolutivo que hizo el BCR a Bolaños Rojas y su grupo de interés económico, conformado también por Cortés y Rojas, aparentemente hubo una serie de irregularidades.
”Dicho crédito sería utilizado para la importación y posterior nacionalización de cemento fabricado en China. Sin embargo, de acuerdo con la hipótesis fiscal, en todas las etapas del crédito (negociación, aprobación, desembolsos y posterior renovación) habrían ocurrido irregularidades por parte de funcionarios públicos de la alta administración del banco, quienes permitieron el otorgamiento y continuo desembolso de fondos públicos, en detrimento de los intereses de la entidad bancaria y en favor del grupo empresarial de Bolaños”, explicó la Fiscalía en un comunicado de prensa.
Como parte de las múltiples diligencias también se determinó que, en apariencia, “el dinero entregado por el BCR para la compra de cemento habría sido utilizado para fines distintos”.
Posición del BCR
Luego de que trascendiera la finalización de la acusación por parte del Ministerio Público, el BCR indicó, por medio de un comunicado de prensa, que “reitera su respeto por las acciones llevadas a cabo por las autoridades judiciales”.
Sin embargo, destacaron que en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal “no podemos referirnos al caso que describe el expediente, debido a que la etapa en la que se encuentra la causa penal es confidencial, lo que nos impide referirnos ni hacer comentarios sobre la actuación del Ministerio Público”.
“Como siempre lo ha realizado, el BCR se mantendrá colaborando con las autoridades en el proceso respectivo y ha puesto a su disposición todos los elementos requeridos para el desarrollo de la investigación. Con respecto a la posibilidad de presentar una querella y acción civil resarcitoria, nuestros abogados se encuentran valorando las acciones por tomar, respecto de lo cual aún tenemos plazo para tomar una decisión”, precisaron en la nota remitida a los medios de comunicación.
El caso
Este asunto comenzó a ser investigado después de que el 29 de setiembre del 2017,La Nación reveló que el Grupo JCB le reportó al Banco Popular y al BCR las mismas importaciones de cemento a la hora de justificar el uso de millonarios desembolsos de dinero, provenientes de líneas de crédito.
Por separado, esas dos entidades le giraron $13,8 millones en total a compañías de Bolaños para traer este producto desde China, entre finales del 2015 y principios del 2016. El Popular le depositó $4,4 millones a la sociedad Inversiones e Inmobiliaria de Grupo JCB, mientras que el BCR le giró $9,4 millones a la compañía Sinocem Costa Rica.
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Información actualizada a las 5:16 p. m. con más datos.