“Los hechos del 9 de enero del 2021 iniciaron en un contexto de violencia de género que cada vez fue mayor, por esto, su expareja (de apellidos Montoya Espinoza) buscó auxilio policial y fue así como la oficial Kimberly Suárez Narváez llegó con otros dos compañeros (...).
“A partir de los testimonios quedó demostrado que hubo un forcejeo y oposición de su parte, que usted se hizo con el arma de reglamento de uno de los oficiales, la utilizó para amenazar y una vez fuera de la vivienda los enfrentó. Es importante hacer ver que Kimberly (Suárez) en todo momento estuvo preocupada por Montoya, buscó hacer algo para evitar una fatalidad (...), pero fue víctima del disparo que usted realizó, que lejos de ser accidental, como usted mencionó acá, no lo fue, usted atentó contra la vida de Kimberly”.
Los argumentos anteriores fueron explicados por el juez Norberto Garay Boza este lunes, después de revelar que él y sus compañeras, Laura Chinchilla Rojas y Ana Yanci Umaña Moreira, acordaron, a partir de las pruebas recibidas durante el juicio, imponer 38 años y tres meses de prisión a Jean Carlos Ruiz Juárez por incurrir en múltiples delitos, entre ellos, una tentativa de homicidio calificado en perjuicio de la policía Kimberly Suárez Narváez.
Por ese ilícito, al hombre se le endosaron tres décadas de cárcel, pero a este se le suman cuatro años de prisión por un delito de resistencia agravada, tres por violación de domicilio agravada, uno por amenaza agravada contra mujer y tres meses por maltrato. Asimismo, al sujeto se le achacó una contravención de lesiones leves y dos de palabras o actos obscenos, por los cuales en total se le impusieron 90 días de multa a razón de ¢1.000 diarios.
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En la etapa de conclusiones, la Fiscalía había pedido 39 años de prisión contra el acusado, por lo que su solicitud fue acogida casi en su totalidad. En tanto, la defensora pública Francini Cortés Segura expresó que se considerara el arrepentimiento de su cliente para obtener una pena menor.
Los jueces del Tribunal Penal de Heredia también declararon con lugar la acción civil resarcitoria, por lo que el individuo deberá pagar a la oficial de Fuerza Pública ¢128,9 millones, ¢98,9 millones por daños físicos y ¢30 millones por el perjuicio moral. A eso se suma las costas procesales y los honorarios para la oficina de la Defensa Civil de la Víctima del Ministerio Público, que en conjunto suman ¢14,6 millones.
“El Tribunal tuvo por acreditados todos los hechos que acusó el Ministerio Público, todo esto luego de valorar la totalidad de la prueba testimonial, documental, pericial y material”, aseguró Garay.
Las secuelas
Los jueces destacaron en su argumentación de la pena que a raíz del disparo que recibió Suárez (25 años) el 9 de enero del 2020, cuando atendía un caso de violencia doméstica en Llorente de Flores, Heredia, ella arrastra una serie de secuelas que la acompañarán por el resto de su vida.
Ella declaró en privado durante el debate, pero para los juzgadores su versión fue lo suficientemente clara para reflejar lo que vive desde que resultó herida en la cabeza.
“Usted estaba exacerbado y en medio de toda esa violencia disparó con intención homicida e impactó a Kimberly con consecuencias enormes. Numéricamente podemos decir que ella perdió el 75% de su capacidad y que nunca volverá a ser la de antes, pero además, ahora requiere asistencia de alguien para siempre en todas sus actividades cotidianas e incluso no reconoce en ocasiones a su hija o sus seres amados, como ella describió”, manifestó Garay.
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Ciclo de violencia
Por otra parte, en la justificación de la sentencia el juez también destacó que la relación que tuvo Ruiz, de 28 años, con una mujer de apellido Montoya fue corta pero cargada de “violencia machista”.
“De los testimonios se logró evidenciar que la socialización se vio marcada por el contexto de violencia machista y que hubo una serie de eventos propios de ese ciclo, porque hubo una agresión, luego un falso arrepentimiento y después de nuevo una agresión. Lamentablemente esta violencia fue en aumento, hasta que usted la tomó por el cuello y después la amenazó con hacerle daño a lo que ella más quería, que era su hijo, eso es inaceptable”, reprochó Garay.
El Tribunal Penal de Heredia destacó que el contexto jurídico costarricense está hecho para que mediante la aplicación de la ley “se superen aquellas añejas concepciones que estiman que existe una superioridad de los hombres sobre las mujeres, ya que la violencia de género existe y para erradicarla existen mecanismos”.
El juzgador consideró necesario ordenar al Ministerio Público un testimonio de piezas contra Ruiz para que se determine si incurrió en una tentativa de femicidio y un incumplimiento de las medidas de protección en perjuicio de Montoya.
Sus antecedentes
Ruiz, quien ya registraba antecedentes por robo agravado y robo simple, además de los de violencia doméstica, fue capturado minutos después de lo sucedido, cuando llegaron los refuerzos policiales.
Suárez, en tanto, fue atendida primero en el Hospital México y después en el Hospital de Trauma del Instituto Nacional de Seguros (INS). Tras abandonar el centro médico, ha tenido un largo proceso de recuperación; sin embargo, en noviembre pasado sostuvo que la situación le ha resultado “muy fácil” y que “no se ha sentido mal” durante la rehabilitación. “Me dolía un poquito caminar, pero yo siempre decía: ‘No, hay que caminar’. Gracias a Dios aquí me tienen, puesta para seguir trabajando”, manifestó.
Esas declaraciones las brindó poco después de ser condecorada con la medalla “Cruz Escarlata”, por su heroica acción para defender a una persona en riesgo.
La investigación por estos hechos se agrupó en expediente 21–000007–1611–PE. A Ruiz se le extendió la prisión preventiva hasta enero próximo, mientras la sentencia adquiere firmeza.