El Banco Central de Costa Rica quiere saber todo sobre todos y está muy cerca de lograrlo. Para elaborar sus estadísticas, dice necesitar la información suministrada por los ciudadanos al Ministerio de Hacienda bajo el entendido del secreto tributario. Rechaza la información anonimizada, como usualmente se maneja para fines estadísticos, y exige en cada caso conocer la identidad de los contribuyentes. Tampoco le parece demasiado pedir a Hacienda las bases de datos sobre facturación electrónica y ya logró obtenerla junto con los demás datos en poder del Ministerio.
El instituto emisor quiere saber, además, a quién le deben los costarricenses, cuánto deben y si en la operación hay codeudores. En suma, pidió a los cuatro bancos más grandes del país 373 datos de sus deudores, comenzando, por supuesto, por el nombre y documento de identificación. La capacidad de pago del cliente, sus ingresos, la fechade su última calificación de riesgo, el cantón y distritode destino del préstamo, la garantía, si hay mora, los días de atraso, el saldo y mucho más figuran entre las exigencias.
Algunos bancos ya cumplieron con el requerimiento. Lo recibieron acompañado de admoniciones sobre las consecuencias para los funcionarios y entidades que no obedezcan la orden de entregar información puesta bajo su custodia por un acto de confianza de los clientes, fundado en la ley.
Entre la espada y la pared quedó también la superintendenta general de entidades financieras, Rocío Aguilar, cuando le exigieron dar acceso a los “datos integrales de todas las operaciones de crédito”. La funcionaria rechazó el requerimiento, ofreció datos anonimizados y pagó el precio de una inusitada denuncia penal planteada por Hazel Valverde Richmond, gerenta del Banco Central.
La solución de desacuerdos por la vía penal es inaudita en las circunstancias, pero precisamente por eso denota la implacable voracidad del Banco por apropiarse de la información de todos los ciudadanos, incluidos los extranjeros, sin explicación convincente del beneficio público de esa acumulación y con indiferencia para las protestas de la comunidad financiera y otros sectores preocupados por mantener el derecho a la privacidad.
Ahora, trasciende que también la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) entregó la información salarial de 1,7 millones de trabajadores, su ocupación, jornada laboral y la provincia, cantón y distrito donde laboran. También proporcionó las cédulas jurídicas de las 75.498 empresas inscritas en la institución, el sector donde se desempeñan, el tipo de compañía y la cantidad de trabajadores. Facilitó, con todo detalle, las cotizaciones de patronos y trabajadores al Seguro de Salud, el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), al Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), al Fondo de Capitalización Laboral (FCL) y la contribución de cada trabajador al Banco Popular.
Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la Caja, pidió de inmediato a la Auditoría Interna abrir una investigación para esclarecer las razones de la entrega de esa “información confidencial”, según la calificó con indiscutible acierto. “La información confidencial no se puede dar, es así de simple”, enfatizó.
La utilidad de la enorme concentración de información en el Banco Central es cuestionable, pero los peligros están a la vista. Vivimos en un país donde la Plataforma de Información Policial, alimentada con datos privados de todos los ciudadanos, fue consultada ilegalmente por 24 agentes del OIJ y 4 fiscales para satisfacer su curiosidad sobre el portero Keylor Navas y dos de sus hermanas poco después de la millonaria contratación europea del futbolista.
Según Osvaldo Ramírez Miranda, de la Sección de Fraudes del Organismo de Investigación Judicial, han detectado bases de datos salidas de entidades bancarias y estatales en manos de estafadores, aunque no han podido determinar cómo las obtuvieron. La sospecha de “gatos caseros” en muchas estafas telefónicas, cuyos perpetradores manejan información privada, es frecuente.
Los hackeos a las entidades públicas, en especial al Ministerio de Hacienda, ponen de relieve las vulnerabilidades de sus sistemas y, si la información dispersa en múltiples sitios representa un peligro, concentrada preocupa mucho más. Pero la delincuencia no es el único motivo de desvelo. En un país donde se ha instrumentalizado la autoridad tributaria y otras dependencias del Estado para perseguir opositores, la concentración de tanta información privada no contribuye a preservar la salud de la democracia.
La Sala Constitucional podría decir la última palabra. El asunto ya llegó a sus puertas y ojalá se pronuncie con prontitud, dada la insistencia del Banco Central y la extensión de los efectos a toda la población. Los afectados ya se cuentan por millones y hay instituciones urgidas de saber, sin lugar a dudas, cómo proceder.