A 19 municipalidades les dieron la mano y se tomaron el codo, pues, en nombre de una ley de emergencia justificada en la pandemia, aprovecharon para disparar el gasto administrativo sin tener razones para ello. Los responsables, sin duda, son los 19 alcaldes, pero también los 40 diputados que les hicieron el favor de votar esa legislación con apellido: Partido Liberación Nacional (PLN).
Porque fue la bancada del PLN la que movió cielo y tierra, en mayo del 2020, para liberar a las 82 municipalidades de la regla fiscal que limita el gasto público. El plan se pintó como muy noble, pues pretendía garantizar la continuidad de los servicios en cada cantón, al suponer erróneamente que los ingresos municipales se vendrían al suelo debido a la crisis de la covid-19.
Ocurrió todo lo contrario. En los 19 cantones, los ingresos superaron el presupuesto proyectado, pero, aun así, alcaldes y concejales tomaron fondos de emergencia —como superávits e impuesto inmobiliario— para pagar gastos administrativos. Para hacerles el cuento corto: las 19 abusaron de ¢4.500 millones. No se vale.
Esta debería ser la última ley que se apruebe por presión de alcaldes y sin mayor reflexión. Porque eso fue lo que sucedió. Los complacientes diputados —¿ingenuos?— no incluyeron ni una sola restricción para los municipios que, al igual que estos 19, no tenían necesidad de usar fondos de emergencia. Era mesa servida para los espabilados.
Pero hay otra lección. La Contraloría General de la República, desde abril del 2020, cantó lo que iba a suceder. Les advirtió a los diputados de que liberar el gasto municipal era irresponsable, y, aun así, aprobaron lo que terminó siendo un fiasco.
¿Quién perdió? Los contribuyentes de Cartago, Curridabat, Mora, Turrialba, Golfito, Montes de Oro y otros cantones donde lo administrativo se comió lo pagado.
Lo sucedido en estos cuatro a causa del manejo municipal es mucho, demasiado. No solo hay corrupción con contratos de obra pública (caso Diamante), sospechosos nexos con narcotráfico (caso Corredores), sino también despilfarro de dinero público. Las municipalidades deben demostrar, antes de pedir más, que invierten en el pueblo, no en los administrativos.
amayorga@nacion.com
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