Cuba no es patrocinadora del terrorismo. Es una dictadura y viola sistemáticamente los derechos humanos, pero no pertenece a la lista de promotores del terror. No obstante, la administración Trump, en sus postrimerías, la incluyó junto con los únicos designados hasta ese momento: Corea del Norte, Irán y Siria.
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La decisión complace a buena parte de la comunidad hispana de Florida, estado decisivo en la política electoral estadounidense. Se enmarca, además, en una serie de decisiones de última hora diseñadas para complicar la gestión diplomática del presidente, Joe Biden, en varios rincones del planeta.
El impacto de la medida en la Isla es muy limitado, dadas las sanciones vigentes desde hace años y su recrudecimiento durante el gobierno de Trump, quien no tuvo reparos, en el 2008, para registrar su marca comercial en Cuba con el propósito de construir hoteles, casinos y campos de golf.
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En cambio, la designación tendrá efectos sobre la política exterior de Biden, cuya administración solo puede revocarla después de la larga revisión exigida para fundamentar el cambio. Mientras tanto, no habrá progreso en la normalización de vínculos ni en el replanteamiento del embargo comercial cuyo principal fruto, después de casi seis décadas, es el mayor sufrimiento del pueblo cubano. Tampoco habrá forma de remover una causa constante de irritación en las relaciones de Estados Unidos con América Latina.
Las razones esgrimidas para incluir a Cuba en la lista carecen de sentido. La Habana apoya al detestable régimen de Nicolás Maduro, de cuya connivencia con organizaciones terroristas sí hay indicios, pero esa relación indirecta es insuficiente para sustentar la designación, sobre todo cuando la propia Venezuela no aparece en la lista.
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En Cuba, por otra parte, hay tres estadounidenses buscados por crímenes cometidos en los años 70 y una decena de guerrilleros colombianos que llegaron para participar en las conversaciones de paz y no regresaron por temor a un enjuiciamiento. Ninguna de esas endebles razones impidió a la administración Obama removerla de la lista y restablecer relaciones diplomáticas.
A lo largo de la campaña electoral, Biden prometió rectificar «las políticas de Trump que dañan al pueblo cubano y en nada contribuyen a adelantar la democracia y los derechos humanos». Es el punto de partida de una política realista, comprometida con el cambio y apta para lograrlo. Sesenta años de fracaso deberían bastar para comprenderlo.
agonzalez@nacion.com