En el próximo cuatrienio, el rumbo del país debe cambiar, pues en ocho años el péndulo ha oscilado mayormente hacia la izquierda, hacia un socialismo estatizante, combinado con una impericia en el manejo de las finanzas públicas pocas veces vista.
Hubo aumentos salariales del 12,4 % en el sector público, del 14 % en las transferencias a las universidades estatales y del 19 % en el presupuesto de la República. Además, la pasada administración maquilló los resultados y dejó un hueco para el erario de ¢900.000 millones.
En ocho años, hemos retrocedido como el cangrejo: la pobreza alcanza un 23 %, el desempleo un 16,4 %, el déficit y el endeudamiento nos asfixian, el Estado es cada día más ineficiente y pedigüeño. Nos han cargado de impuestos y regulaciones; ahora pagamos IVA por cortarnos el pelo, ir al gimnasio, ver televisión.
El péndulo debe oscilar hacia el sentido común, y dejar de lado las ideologías y los dogmas. Son necesarios gobernantes que tomen decisiones valientes, prácticas, lógicas. Que hagan la vida más simple y llevadera a los ciudadanos.
La falta de sentido práctico, sumado a la fijación del gobierno con los tributos, conduce a que prefieran convocar en las sesiones extraordinarias los impuesto sobre las casas de lujo —con el cual recaudarían ¢61.200 millones— y los premios de lotería —otros ¢41.800 millones— en lugar de la propuesta de la Contraloría General de la República para concentrar en el Banco Central el dinero de las instituciones.
El proyecto originaría ahorro en el pago de intereses, costos operativos y comisiones bancarias por el orden de los ¢380.000 millones anuales, sin necesidad de recurrir al recorte de gastos ni al aumento de impuestos ni a despido de funcionarios.
Es inconcebible que por ideología estatista los gobernantes de turno permitan que el Estado estafe al Estado mismo. Es lo que hace el Consejo Nacional de Producción, cuya función principal pareciera ser timar a escuelas, hospitales y cárceles mediante la venta de abarrotes por un total de ¢102.000 millones anuales con sobreprecios de hasta un 56 %, y en repetidas ocasiones los productos llegan podridos e incomibles.
La cantaleta estatista es que los productos son comprados a pequeños productores para ayudarlos, pero la realidad es que las jugosas ganancias se reparten entre grandes comercializadoras e intermediarios.
Japdeva es el ejemplo más patético del estatismo y del pavor que les tienen los políticos a los sindicatos. A sabiendas de que el puerto de APM Terminals ya entraba en funcionamiento, Laura Chinchilla dejó una reserva de ¢15.000 millones para el pago de prestaciones, dinero que fue malgastado irresponsablemente en la administración de Luis Guillermo Solís, en la compra de dos grúas porticas que, lógicamente, están subutilizadas.
En los tres años del actual gobierno, se le han girado ¢49.000 millones y recién acaban de ser aprobados ¢6.000 millones más a una institución que estaba generando ganancias por ¢795 millones al mes y tenía gastos por ¢3.400 millones. No se requiere ser un gurú de la economía para tomar la decisión de reestructurar la compañía, concesionarla o ponerle el candado.
Nos urge modernizar el sistema de transporte. Un tren interurbano de pasajeros y otro de carga que comunique Limón con Caldera son imperiosos. El gobierno declara de interés público el proyecto del tren, obviando un informe de auditoría presentado por la Contraloría, donde se indica que este carece de estudios suficientes para asegurar que es fiscalmente responsable, que no hubo una secuencia lógica en las etapas de preinversión y que no se conoce con certeza la demanda que tendrá el servicio, pues se calcula que solo movilizará a un 3 % de la población.
La inversión total es de $1.500 millones; $550 millones corresponden al crédito del BCIE, que aporta el Estado, y $1.000 millones de inversión privada, y a esto se debe sumar un subsidio de entre $50 millones y $150 millones al año durante 35 años con el fin de que la tarifa sea asequible para la población.
Considerando la apremiante situación fiscal, hay demasiado dinero en juego. El sentido común indica que el proyecto debe analizarse mejor y deben atenderse con seriedad las dudas de la contralora, porque, de lo contrario, podría derivar en un gran fiasco.
Causan estupor incongruencias que emanan del Ejecutivo, por ejemplo, insistir en la necesidad de aumentar la recaudación con más impuestos, pero defiende eximir de la regla fiscal al MEP, el INA y el CNP, por un total de ¢104.000 millones; o la firma de una nueva convención colectiva para otorgar plazas en el MEP a 4.000 cocineras; y, como si fuera poco, acepta no cobrar a los empleados cerca de ¢28.000 millones que les han pagado de más «por error».
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Resulta inexplicable por qué el gobierno ha permitido que el ICE tenga secuestrado el desarrollo tecnológico al rehusar devolver las frecuencias para desarrollar redes 5G. El país dejó de percibir por este retraso $321 millones y la pérdida alcanzará $1.134 millones en el 2024.
En Costa Rica tenemos un exceso de Estado que resulta sumamente oneroso, burocrático y controlador, y que ha desempeñado un papel filantrópico para con sus empleados.
Como apunta Mario Vargas Llosa en su libro La llamada de la tribu, «no se trata de suprimir el Estado, por el contrario, queremos un Estado fuerte y eficaz, lo que no significa un Estado grande, empeñado en hacer cosas que la sociedad civil puede hacer mejor que él». Para el escritor, «el Estado debe asegurar la libertad, el orden público, el respeto a la ley, la igualdad de oportunidades».
Valga la reflexión para que analicemos con supremo cuidado nuestro voto en las próximas elecciones.
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El autor es odontólogo.