El deber de conocer la ley

Todos los ciudadanos estamos obligados a conocer la ley, pero, más, quien ejerce la presidencia de la República

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Es fundamental que un mandatario conozca el sistema jurídico del país que gobierna. Esto es un requisito, pues el dominio de las normas garantizará decisiones con sustento y apego al Estado de derecho.

Todo lo contrario sucede si las ignora, porque su actuar tendrá graves consecuencias en la institucionalidad, seguridad jurídica, democracia y, por supuesto, provocará perjuicios económicos al Estado y los ciudadanos.

En ese sentido, asombra ver cómo el mandatario Rodrigo Chaves desconoce la estructura del Poder Judicial y las competencias de la Sala IV o del Tribunal Contencioso Administrativo.

Lo peligroso es que incluso da cátedra, como lo hizo en su charla a la salida del Consejo de Gobierno, cuando se atrevió a decir que la Sala IV carece de competencia sobre el tribunal. Tan convencido estaba de lo que decía, que pidió a quienes le escuchaban ir a preguntar a los magistrados Paul Rueda y Fernando Cruz por qué la Sala “se está metiendo” a resolver temas que, según él, competen al tribunal.

Al abordar asuntos tan relevantes, don Rodrigo debe asegurarse de recibir asesoramiento profesional para evitar afirmaciones tan temerarias como deslegitimar la sentencia que obliga a restituir a dos directivos de la CCSSS suspendidos, arbitrariamente, por el Consejo de Gobierno.

Ni Rueda o Cruz deben explicar asuntos tan básicos, pues la Ley de la Jurisdicción Constitucional —de fácil acceso en Google— es puntual. Con solo leer el artículo 13 cualquiera tendrá noción de su alcance: sus sentencias son vinculantes para todos.

Desde la Casa Presidencial, el descrédito a competencias o sentencias del Poder Judicial trasciende lo casual porque se ha convertido en una conducta sistemática, justo cuando el mandatario acumula más procesos que concluirán, algún día, en una resolución. Cuestionar constantemente la legitimidad de magistrados, jueces y fiscales erosiona la confianza en el sistema judicial, sobre todo, en ciudadanos que ignoran cómo opera la institucionalidad o división de poderes.

Don Rodrigo debe tener presente, cada vez que aluda temas que le son complejos, de que el 8 de mayo del 2022 juró observar y defender la Constitución y las leyes. Lo juró a Dios y a la Patria.

amayorga@nacion.com

El autor es jefe de Redacción de La Nación.