Moravia, Goicoechea y Tibás dejaron de recibir agua potable hace una semana por contaminación con un hidrocarburo todavía no identificado, situación preocupante por la incapacidad institucional y la prolongación de los efectos para las 200.000 personas perjudicadas.
También, porque no será la última vez si, como afirman los alcaldes de los tres cantones, existe “preocupación por la infraestructura de la tubería y el mecanismo de alerta cuando ocurren estas situaciones”. Pero este es solo un lado del problema.
Sin duda, la detección no correspondía al consumidor, sino a Acueductos y Alcantarillados (AyA) en la planta potabilizadora. Cuando este primer filtro falla, pone en riesgo la salud física y mental de las personas, cuyas vidas se alteran y se incrementa el estrés de proveerse del líquido con camiones cisterna o de desembolsar dinero para la compra de agua embotellada.
Resulta necesario, entonces, después de determinar qué contaminó el recurso hídrico y sentar responsabilidades, analizar los riesgos a lo largo del acueducto para mitigarlos, una tarea que compete, aparte del AyA, a las municipalidades, al Ministerio de Salud, al Minae y la ciudadanía en forma permanente.
Las fuentes de agua, además de su vulnerabilidad a infiltraciones de los oleoductos construidos a su paso, están expuestas al goteo de aceites e hidrocarburos cuando el mantenimiento de los tanques subterráneos es inadecuado en las bombas de gasolina; a la densidad poblacional, en ausencia de educación sobre la disposición responsable de desechos (en las plantas potabilizadoras terminan miles de pañales desechables, por ejemplo); y a los permisos para construir que se otorgan, en no pocas ocasiones, sin tomar en cuenta la protección de los ríos.
Quizás estos sean factores por considerar en el caso de los 200.000 afectados en Moravia, Goicoechea y Tibás, pero 8.000 vecinos de Cipreses y Santa Rosa de Oreamuno, en Cartago, tienen prohibido tomar agua del tubo o usarla para cocinar desde hace dos años, debido a la contaminación con un plaguicida utilizado para el control de enfermedades en cultivos de hortalizas.
Un fallo de la Sala Constitucional ordenó a Salud y al AyA hallar la solución definitiva al problema en Cartago y la Aresep afirma haber alertado al AyA en diferentes oficios después de efectuar fiscalizaciones desde hace años. Es decir, los riesgos se conocen y se ignoran. Como en el teatro griego, los “planificadores” ponen su fe en el deus ex machina, o,dicho en costarricense, en la Saprihora.
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La autora es editora de Opinión de La Nación.