La tarde del 11 de octubre, el Ministerio de Hacienda divulgó un extenso informe en el que cambió el tono de sus comunicados. La palabra deterioro se menciona siete veces y, desde el principio, se aboga por medidas para incrementar la recaudación de impuestos.

Atrás quedaron los eslóganes de campaña de que no era necesario subir tributos, sino que bastaba con administrar mejor, reducir la evasión con tecnología y revisar exoneraciones.

Al cabo de dos años y cuatro meses de gobierno, el informe fiscal con corte a agosto del 2024 confirma que el déficit fiscal está empeorando. Este año, el faltante subiría a un 3,7% del producto interno bruto (PIB), muy cerca del 3,9% del 2019. La recaudación de impuestos se desacelera y el gasto público aumenta, sobre todo por el aumento salarial concedido por el gobierno a los empleados públicos y las transferencias a instituciones.

El cobro del impuesto de renta a empresas cayó en la impresionante cifra de ¢114.000 millones, el costo anual de dos ministerios, en parte por la política de tipo de cambio.

A diferencia de comunicados anteriores, en que se celebraba la existencia de un superávit primario (diferencia positiva entre ingresos y gastos sin tomar en cuenta el pago de intereses de la deuda), esta vez Hacienda llamó a no engañarse.

El índice se deterioró y es un "grave error" creer que la situación está resuelta por el hecho de que aún exista, advirtió el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, pues el margen se estrecha por tercer año consecutivo. Hay "decisiones importantes que tomar", añadió el jerarca.

Consultado por esas decisiones, Acosta mencionó tres concretas:

-Aprobación del impuesto mínimo global a las multinacionales que hoy están exentas del impuesto de renta.

-Introducción del esquema de renta global, en el que los contribuyentes tributan sobre la totalidad de sus ingresos, no por separado. Si bien el gobierno presentó esta reforma desde mayo del 2023, en aquel momento hablaba de un ordenamiento con "efectos neutros", además de que admitía errores en el texto cada vez que se le señalaban los efectos tributarios para diversos sectores.

-Venta de activos como el BCR.

El ministro Nogui Acosta concluye que hay un dislocamiento entre el crecimiento de la economía y la recaudación de impuestos para financiar el Estado. El análisis de Hacienda, de hecho, indica que la economía crece a un ritmo más rápido que la recaudación tributaria.

Economistas consultados por La Nación también señalan que el gobierno cometió errores, como la colocación de bonos en exterior en momentos de altas tasas y el incremento salarial de este año.

Presupuesto lleno de huecos

Por otra parte, la discusión del Presupuesto Nacional del 2025 permite ver el delicado resultado de la situación fiscal: un plan de gastos que no garantiza la cobertura de servicios públicos esenciales.

En cobertura de la periodista de La Nación, Lucía Astorga, han trascendido considerables faltantes para financiar salarios y pensiones de docentes, así como comedores escolares y servicios básicos en cárceles. Además, existe un gigantesco hueco en el apartado de obligaciones del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El faltante es de casi billón de colones, al grado de que, si se pagara, el déficit fiscal subiría en un punto más.

En el trámite del presupuesto en la Comisión de Hacendarios, los diputados tomaron ¢62.000 millones de la partida de intereses de la deuda para cubrir algunos faltantes.

El ministro advierte de la inconveniencia de esa práctica. Alega que, si el tipo de cambio o las tasas suben, habrá una gran distorsión que elevará el pago de los intereses.

El problema es que las diputadas de gobierno también aprobaron tomar dinero de los intereses para cubrir expropiaciones de la vía a San Carlos, con lo cual contradicen el argumento oficialista. En tanto, la oposición sostiene que el cambio es factible porque Hacienda suele sobreestimar la partida de intereses.

La mayor parte de recursos redirigidos ni siquiera es para el FEES, sino para las juntas de educación. La oposición, además, inyectó recursos para contratar más policías, investigadores judiciales y fiscales, lo cual no fue previsto por el gobierno en momentos de alta inseguridad.

Está claro que la situación fiscal impide financiar las aspiraciones de un país golpeado por preocupantes deterioros en seguridad, salud, educación y transporte, por citar algunas materias.

El economista José Luis Arce advirtió de que la deuda pública en realidad es del 70%, si se toma en cuenta la morosidad del gobierno con la CCSS, y lamentó la indolencia de gobierno y oposición por el deterioro fiscal.

Difícilmente, las partes tomarán este tema en serio en el año preelectoral. Se desperdició el periodo ideal.

Nos contactamos de nuevo en una semana. Se despide Esteban Oviedo, editor de Política de La Nación.

¡Nos leemos en una semana!