Una de las noticias políticas más importantes de esta semana es el veto del presidente Rodrigo Chaves al proyecto de ley para adelantar la pensión a los funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Este veto debe ser tomado en serio. La historia y los estudios técnicos recientes sobre el fondo de pensiones del Poder Judicial, al cual están afiliados los funcionarios del OIJ, son suficientes para encender las luces de alerta. El proyecto podría ser perjudicial para los demás contribuyentes.

En versión corta:

-❎Este fondo de jubilaciones sigue teniendo un hueco de casi ¢800.000 millones

-❎Carece de capacidad para garantizar el pago de las jubilaciones a la totalidad de los futuros pensionados

-❎Sus administradores llevan años negándose a aprobar medidas correctivas

El presidente ejerció su potestad constitucional de veto señalando que el plan constituye una violación al principio de igualdad ante la ley, además de que lesiona el principio de razonabilidad técnica y el de sostenibilidad financiera.

Lamentablemente, el mandatario tiene un conflicto personal con el Poder Judicial y esto puede generar, en los diputados, la sensación de que le ganarán un nuevo pulso si emiten un resello. Sin embargo, los congresistas deberían repasar los hechos y los números para sopesar la conveniencia del plan. 

Veamos la historia reciente:

En el 2017, un estudio actuarial reveló que el fondo de pensiones del Poder Judicial tenía un gigantesco hueco de ¢5,3 billones, equivalente a un 60% del Presupuesto Nacional de aquel momento. Si bien las cotizaciones de los empleados eran altas, los beneficios del sistema eran impagables. En el 2018, los entonces diputados y el presidente Luis Guillermo Solís aprobaron una reforma para reducir el déficit actuarial.

-✂ El cálculo de la pensión se redujo de un 100% del promedio de los últimos 24 salarios a un 83% del promedio de los últimos 240.

-✂ Se elevó la cotización del empleado de un 11% a un 13% y se aumentó la edad ordinaria de pensión de 60 a 65 años.

-✂ Igualmente, se varió el factor que hoy es el meollo del conflicto: la pensión anticipada con penalización, que consiste en retirarse más joven con una pensión un tanto menor. Antes, los funcionarios judiciales podían adelantar el retiro a los 55 años; con la reforma, se subió el piso a 62 años para los hombres y 60 para las mujeres.

Las medidas permitieron reducir considerablemente el déficit actuarial. Sin embargo, estudios posteriores demostraron que aún persiste un hueco y los expertos plantearon numerosas medidas correctivas que, año con año, los administradores han postergado. En el 2023, por ejemplo, se propuso limitar a un 50% de la inflación, durante 10 años, los aumentos para las 4.009 personas que se pensionaron antes de los cambios del 2018.

El estudio más reciente, dado a conocer esta semana por el periodista Óscar Rodríguez, de La Nación, confirmó un empeoramiento del déficit. El faltante subió a ¢787.151 millones el año pasado, un 24,1% más de los ¢634.154 millones estimados en el 2023. Y el experto a cargo del estudio, Christian Torres, recomendó una medida que va totalmente en el sentido contrario de lo que plantea el proyecto de ley aprobado por los diputados: pidió penalizar con más fuerza el anticipo de la jubilación con un 7% menos por año, a fin de desincentivar este beneficio. ✂ ✂ ✂

“Para dimensionar la acción propuesta, en la actualidad el anticipo penaliza un equivalente a 1,54% por año para un hombre con edad de 62 años que anticipe tres años, para un total de 4,62%. Con la propuesta, ese último porcentaje aumentaría a 21% por el periodo de tres años”, se recalca en el estudio.

El proyecto de ley, en cambio, pretende que los policías judiciales puedan acogerse a una jubilación igual al 82% del promedio de los últimos 240 salarios mensuales, siempre que hayan cumplido 55 años, tanto hombres como mujeres, y hayan laborado 30 años.

Después de que, en el 2018, se subió la edad de pensión anticipada de 55 a 60 años, ahora los diputados quieren devolverla a 55 años, a pesar de que un experto recomienda desincentivar esta práctica.

Los diputados alegan que los funcionarios del OIJ laboran 12 horas ordinarias y solo después de eso cobran horas extra, además de que arriesgan su vida todos los días. Bajo ese parámetro, se tendría que otorgar el mismo beneficio a numerosos tipos de trabajadores, pero no es así. En la CCSS, por ejemplo, ya no existe la pensión anticipada para los hombres y para las mujeres es a los 63 años.

En cambio, si la verdadera intención de los diputados es mejorar las condiciones de empleo en el OIJ para ayudar en el combate a la inseguridad, lo que están otorgando es un incentivo económico, pero caen en el severo error de no financiarlo. Además, se requiere de un estudio independiente que estime el costo de esta medida.

El conflicto permanente que ha creado el Poder Ejecutivo dificulta distinguir estas cosas, pero es necesario frenar y sopesar. De lo contrario, los platos rotos lo pagarán las futuras generaciones.

Me despido anotando, abajo, tres recomendaciones de lectura de la semana. Le saluda Esteban Oviedo, jefe de Redacción de La Nación.

¡Nos leemos en una semana!