en corrillos políticos

 
 
En el campo político, las noticias más importantes de la semana pasada giraron en torno al plan de empleo público y al tren eléctrico.

Le saluda Esteban Oviedo, editor de la sección de Política de La Nación.

En el caso del tren eléctrico, los diputados dictaminaron afirmativamente, en comisión, el crédito de $550 millones gestionado por la administración de Carlos Alvarado para financiar el aporte estatal de la obra.

Sobre empleo público, el candidato Rodrigo Chaves afirmó que el plan debería ser vetado. Ante ello, el presidente y los diputados reafirmaron su voluntad de avanzar con este proyecto que controlaría uno de los principales disparadores del gasto público, al tiempo que atacaría las desigualdades en las remuneraciones del Estado.

Tanto el crédito del tren como la reforma al empleo público nacieron en el 2019. Luego de ser presentados por el mandatario Carlos Alvarado, ambos expedientes pasaron los filtros del sistema democrático: hubo debate público, oposición, consultas a numerosos sectores y los diputados ejercieron su derecho de enmienda, como representantes elegidos por la ciudadanía.

Por si fuera poco, en el caso de empleo público, el plan pasó no una, sino dos veces, por la revisión de la Sala Constitucional.

Rodrigo Chaves, quien fue ministro de Hacienda de este Gobierno, les dijo a los sindicatos del sector salud que la reforma al empleo público fue sacada de la manga "rápidamente" para alcanzar el acuerdo de ajuste fiscal con el Fondo Monetario Internacional (FMI). También, les dijo que es un "adefesio" que debería ser vetado.

Siendo ministro, Chaves defendió este proyecto ante los diputados del plenario legislativo, en febrero del 2020, cuando ni siquiera se pensaba en la necesidad de acudir al FMI. En ese momento, el hoy candidato calificó el expediente como una reforma estructural fundamental.

Sin embargo, el origen del plan se remonta todavía más atrás, a noviembre del 2018. En ese mes, el Gobierno se comprometió a presentar una reforma al empleo público luego de sostener una reunión con la fracción del PLN.

Numerosos diagnósticos justificaban la necesidad de ordenar el empleo público. La OCDE, por ejemplo, identificó que el país gastaba el 50% de sus impuestos en salarios públicos, mientras que el promedio entre los países que integran la organización es del 25%. La situación obedecía a que el Estado costarricense paga 269 pluses diferentes que aumentan dependiendo de diversos factores.

La columna vertebral del plan de empleo público es, precisamente, sustituir el sistema de pluses por el salario global, lo cual fue avalado por la Sala IV para todo el sector público: ninguna institución queda fuera, excepto las empresas públicas en competencia.

El plan de empleo público fue presentado por primera vez en abril del 2019. Una primera versión fue congelada por los diputados en octubre del mismo año porque consideraban que era insuficiente para contener el gasto público. El PLN, el PUSC y el fabricismo pujaban por una propuesta más fuerte.

En febrero del 2020, durante una interpelación para explicar el aumento del déficit fiscal, el entonces ministro Rodrigo Chaves anunció la presentación de una nueva versión del plan de empleo público.

"La ley de empleo público es un cambio estructural, fundamental, de cómo se van a pagar las remuneraciones a los empleados públicos conforme se van añadiendo a la planilla del Estado. Y es un cambio fundamental; incluye salario único, incluye una serie de medidas, evaluaciones de desempeño, etcétera", dijo en ese momento, según el acta de la sesión.

Impulsado por la ministra de Planificación, Pilar Garrido, el proyecto regresó al Congreso en mayo del 2020 con un texto sustitutivo y empezó un largo camino de consultas a instituciones y discusión de mociones en la Comisión de Gobierno y Administración.

En el ínterin, conforme se agravaba la crisis fiscal por las medidas de confinamiento para contener la pandemia de covid-19, el Gobierno evaluó diversas medidas para equilibrar las finanzas públicas y atender a la población que se quedó sin ingresos.

La brecha entre ingresos y gastos se ensanchó y, en agosto del 2020, Costa Rica inició negociaciones formales con el FMI en busca de un crédito de $1.778 millones a cambio de un ajuste fiscal, es decir, un año y cuatro meses después de que el plan de empleo público fue presentado por primera vez al Congreso.

En enero del 2021, el plan fue incorporado dentro de la agenda fiscal pactada con el FMI, como el principal proyecto en materia de contención del gasto público. El Fondo, de hecho, señaló que la reforma era coherente con las mejores prácticas internacionales.

Como cualquier proyecto debatido en democracia, el texto fue sujeto de enmiendas. Muchos se opusieron, muchos apoyaron y, finalmente, la mayoría de los diputados tomó la decisión de avanzar con el texto.

La reforma encaró la oposición de los sindicatos, el lobby de las universidades públicas y los bloqueos viales del autodenominado Rescate Nacional.

Solo en el plenario, el expediente recibió más de 630 mociones que debieron ser discutidas una por una. Luego, 352 fueron reiteradas y discutidas de nuevo.

El plan fue aprobado por primera vez en primer debate el 17 de junio del 2021 y fue enviado de inmediato a la Sala IV. Luego, a finales de setiembre, llegó la primera resolución sobre el texto.

Los magistrados declararon constitucional la introducción del salario global y las limitaciones a las convenciones colectivas, pero declararon inconstitucional la rectoría del Ministerio de Planificación (Mideplán) sobre las instituciones con autonomía e independencia, como las universidades, las municipalidades, la CCSS, el TSE y el Poder Judicial.

Así, empezó un nuevo proceso de enmienda para adaptar el texto. Los diputados establecieron que las instituciones con independencia quedan fuera de la rectoría del Poder Ejecutivo. Estas entidades tendrán que regular su propio salario global acatando los principios de la ley, como la disponibilidad presupuestaria, al tiempo que el Mideplán sí podrá regular los puestos comunes para todo el sector público, es decir, los cargos no especializados, como choferes, por ejemplo.

El nuevo primer debate se produjo el 7 de diciembre del 2021 y, el 8 de febrero del 2022, la Sala IV no encontró vicios de fondo ni procedimiento en el texto depurado.

Ahora, la Asamblea está a la espera de que llegue el fallo completo para proceder con el segundo debate. Las estimaciones más recientes prevén un ahorro de ¢394.000 millones anuales.

Podrá el lector juzgar si el proyecto fue hecho a la carrera para sellar el acuerdo con el FMI.

Luego de la afirmación de Chaves, reiteraron su voluntad de avanzar con la reforma el presidente Alvarado, la presidenta del Congreso, Silvia Hernández, y el diputado fabricista Jonathan Prendas.

"¿Vamos a esperar 30 años más?", cuestionó Alvarado.

Prendas agregó sobre lo dicho por Chaves: “Ahora aparece diciendo que puede ser el paladín de los empleados públicos, pero ¿les estará mintiendo para luego darles un balde de agua fría?

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