El éxodo de miles de centroamericanos por inseguridad económica, violencia, desastres naturales y corrupción representa un desafío a largo plazo para los esfuerzos de los países de la región que buscan una migración ordenada. Sin embargo, es poco probable que estrategias de control migratorio detengan el ingreso irregular si no se otorgan simultáneamente alternativas legales para estas personas o se fortalezcan los sistemas de protección humanitaria para los que necesitan refugio.
La semana pasada, en la Cumbre de las Américas, realizada en Los Ángeles, Estados Unidos, 21 países respaldaron la necesidad de una estrategia para gestionar la situación en la región de manera más efectiva, mediante la creación o expansión de programas de trabajadores temporales que establezcan canales de migración circular, lo que permitiría a estos centroamericanos permanecer arraigados en sus comunidades de origen durante gran parte del año y, al mismo tiempo, cubrir la escasez de mano de obra en los países que reciben migrantes.
Un informe del Instituto de Política Migratoria (Migration Policy Institute, MPI por sus siglas en inglés), titulado Programas de trabajadores temporales en Canadá, México y Costa Rica ¿Son vías prometedoras para gestionar la migración centroamericana?, divulgado este martes, determinó que Canadá, México y Costa Rica son los países que tienen una amplia gama de oportunidades para adaptar y afinar sus vías de migración laboral para atraer a trabajadores temporales de Centroamérica, ya que son muy necesarios en varias industrias clave.
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De acuerdo con el estudio, Costa Rica tiene un sistema de migración laboral mucho menos desarrollado para los migrantes centroamericanos en comparación con Canadá y México. La Ley de Migración de Costa Rica de 2010 incluye cuatro amplias categorías migratorias: residentes permanentes, residentes temporales, no residentes y categorías especiales. Las categorías más relevantes para los centroamericanos son las especiales, ya que son las que les permiten postularse para ser trabajadores en territorio nacional.
El trabajo doméstico, de construcción y agrícola son las categorías de ocupación especial que han empleado a un gran número de migrantes, en su mayoría nicaragüenses. Aunque la cantidad de migrantes salvadoreños, guatemaltecos y hondureños aprobados para visas de trabajo es pequeña, especialmente en comparación con la cantidad de nicaragüenses, el aumento de solicitudes desde estas naciones en los últimos años sugiere que pueden estar interesados en oportunidades laborales en el país, y que esto se debe aprovechar.
Sin embargo, la situación debe interpretarse con cautela, ya que muchos trabajadores migrantes en estas ocupaciones son en su mayoría parte del mercado informal.
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“Históricamente, los centroamericanos han enfrentado barreras tanto legales como de accesibilidad para utilizar estas vías legales. Algunas ocupaciones no están oficialmente disponibles para los trabajadores migrantes, e incluso, si los migrantes centroamericanos están empleados en dichos sectores en la práctica, dicho trabajo no les ofrece ninguna forma de obtener un estatus migratorio regular.
“En el caso de las ocupaciones disponibles, la cantidad de documentos requeridos para solicitar una visa, los altos costos de solicitud y la informalidad general de estas ocupaciones tienden a disuadir a los centroamericanos de acceder a estos programas y a los empleadores de patrocinarlos. En particular, pocos centroamericanos han utilizado la categoría especial de trabajo agrícola para trabajar en ese sector. En cambio, se han basado en cruces irregulares a Costa Rica y contrataciones informales”, dice el estudio.
Por esta razón, el Instituto de Política Migratoria señaló que Costa Rica tiene seis formas de regular el trabajo informal de migrantes centroamericanos en el país, y que esto debe ser impulsado desde el Poder Ejecutivo y sus aliados en materia migratoria. A continuación las propuestas textuales:
1. Ampliar la elegibilidad del Sistema de Trazabilidad Laboral Migratoria (Sitlam) a los salvadoreños, guatemaltecos y hondureños, y aumentar su período de autorización de empleo para satisfacer mejor las necesidades de los empleadores a lo largo de los ciclos de cultivo estacionales.
Debido a que el reciente decreto presidencial que formalizó el Sitlam no establece requisitos de nacionalidad para la participación de los trabajadores migrantes, se necesitaría una regulación para expandir oficialmente la elegibilidad a los ciudadanos de El Salvador, Guatemala y Honduras.
Tal regulación también debería tratar de abordar las barreras de transporte, idioma e información específicas de estos otros migrantes centroamericanos para fomentar su reclutamiento exitoso bajo el Sitlam. Además, debería aumentar el período de autorización de empleo del Sitlam de 7 a 12 meses, la misma duración que la tarjeta DIMEX, para adaptarse mejor a la duración de los diferentes ciclos de cultivo estacionales y facilitar la oportunidad de los migrantes de trabajar con múltiples empleadores.
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2. Iniciar conversaciones bilaterales con Guatemala, Honduras y El Salvador.
Costa Rica se ha beneficiado con la creación de un sistema coordinado de trazabilidad laboral agrícola (el Sitlam) y un proceso de contratación internacional con Nicaragua. El Gobierno debería considerar abrir conversaciones bilaterales con los estados guatemalteco, hondureño y salvadoreño para establecer vías laborales estacionales similares, efectivas y mutuamente beneficiosas.
En particular, las discusiones deben estar dirigidas a determinar cómo los trabajadores de estos países socios pueden ayudar a llenar las brechas laborales existentes y emergentes en la economía costarricense.
3. Ampliar vías de residencia permanente para trabajadores de categoría especial.
El Gobierno costarricense debería considerar crear una vía para que los trabajadores de categoría especial, y en particular aquellos que cumplen con las demandas laborales en curso, se conviertan en residentes permanentes, una opción que actualmente no existe en la ley de migración del país.
Debido a que la mayoría de los centroamericanos que tienen una visa para trabajar en el país lo hacen bajo esa categoría, este paso les permitiría a aquellos que desean permanecer en Costa Rica de manera permanente un camino para hacerlo legalmente, mientras se abordan las necesidades laborales a largo plazo del país.
4. Ofrecer vías de migración laboral más accesibles para mujeres centroamericanas.
Las mujeres centroamericanas en su mayoría ocupan puestos en el trabajo doméstico y el sector de servicios, por lo que no se benefician del protocolo 2020, que se centra en la agricultura. El Ministerio de Trabajo y la Dirección de Migración deben tratar de comprender los desafíos que enfrentan estas trabajadores bajo las categorías de migrantes actuales y explorar opciones para hacerlas más accesibles.
Por ejemplo, es difícil para las trabajadoras domésticas con múltiples empleadores formalizar su trabajo debido a los cortos períodos de empleo en varios hogares, lo que limita su acceso a los beneficios y se suma a sus condiciones laborales precarias.
5. Ampliar los mecanismos de coordinación y comunicación con representantes del sector privado más allá del sector agrícola.
Las alianzas público-privadas fueron clave para el éxito del Convenio Binacional con Nicaragua y el protocolo posterior, especialmente en términos de brindar una supervisión más efectiva de las llegadas de migrantes. Las autoridades deberían aprovechar este impulso y expandir estas alianzas para brindar los mismos beneficios a otros sectores en los que trabaja un gran número de migrantes centroamericanos, creando un sistema de migración laboral más amplio, seguro y ordenado.
6. Fortalecer el cumplimiento de leyes laborales para garantizar la seguridad y las condiciones de trabajo dignas de los trabajadores migrantes.
Aunque la supervisión del Gobierno aumentó durante la pandemia, los informes de malas prácticas siguen siendo comunes. Para contrarrestar esto, el Estado debería desarrollar regulaciones que aborden la explotación de los trabajadores, incluyendo regulaciones enfocadas en las entidades que reclutan trabajadores migrantes.
El Gobierno también debería aumentar sus inversiones en la infraestructura de cumplimiento en sectores que emplean a un gran número de migrantes, incluidas las agencias que inspeccionan los lugares de trabajo y abordan el robo de salarios.
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‘Recursos limitados’
Frente a la necesidad de medidas para mejorar el control migratorio, el presidente Rodrigo Chaves expresó en la Cumbre de las Américas que Costa Rica es el país latinoamericano con mayor porcentaje de migrantes regulares en proporción a su población (un 12%) y que esa cifra podría subir hasta el 20% si se toman en cuenta los migrantes irregulares. “Esto es mucho y requiere de recursos que simplemente no tenemos”, advirtió.
“Costa Rica ha sido un país líder en la integración de personas refugiadas y en la protección de migrantes y queremos seguir siendo ese lugar de luz. Sin embargo, nos enfrentamos a la realidad de que los recursos para poder seguir siendo un lugar seguro para esas poblaciones están siendo cada vez más limitados. Nuestro espacio fiscal es estrecho y seguir haciendo las cosas que nuestro corazón nos impone requerirá de la cooperación de la comunidad internacional”, expresó el mandatario.
El Instituto de Política Migratoria, sin embargo, considera que pese a que las oportunidades para que los centroamericanos se movilicen de manera regular son escasas, expandirlas podría promover un movimiento más seguro, ordenado y regular en la región, para potencialmente reducir las presiones fronterizas. Destacó que los programas de trabajadores temporales atraen tanto a las partes interesadas del país de destino como a los trabajadores migrantes por varias razones.
“Para los migrantes, estos canales ofrecen una forma legal de trabajar en el extranjero por un período de tiempo determinado, ganando dinero que pueden llevar a sus comunidades de origen y ayudar a sus familias. La circularidad incorporada en estos programas de movilidad laboral a menudo es atractiva tanto para los países de destino que buscan un grupo de mano de obra confiable pero no permanente en industrias clave, como para los trabajadores migrantes que desean permanecer arraigados en sus comunidades de origen.
“Si el país anfitrión encuentra un valor añadido en retener a estos trabajadores de forma permanente, también puede crear vías que permitan a estas personas buscar la residencia permanente. Es necesario garantizar que estos programas ofrezcan a los empleadores un medio confiable y simplificado para contratar trabajadores; hacerlos más accesibles a los centroamericanos que buscan trabajo; así como salvaguardar los derechos de los trabajadores en el proceso de contratación y en el extranjero”, detalló el Instituto.
Según la organización, estos cambios requerirán un esfuerzo concertado y coordinado por parte de los gobiernos de los países de destino y de origen, y la participación de empleadores, reclutadores, organizaciones internacionales y otras partes interesadas clave. Sin embargo, los beneficios de satisfacer las demandas laborales y crear alternativas a la migración irregular serían considerables y marcarían un paso crítico en el desarrollo de un enfoque más sostenible para gestionar la migración en el hemisferio.