La Intendencia de Energía de la Aresep rechazó la pretensión de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), de cargarle a los consumidores los costos derivados de robos de combustible por tomas ilegales en el poliducto.
En los últimos tres años se han descubierto 356 tomas ilegales a lo largo de los 533 kilómetros de dicha tubería. Por esa tomas, los hampones han robado unos 12 millones de litros de combustible valorados en ¢6.000 millones.
El problema se agravó para Recope el año pasado, cuando el Instituto Nacional de Seguros (INS) declinó incluir el robo de combustible en la póliza vigente (del 30 de junio del 2018 al 30 de junio del 2019). La principal justificación del Instituto es que las sustracciones dejaron de tener carácter accidental.
Esto llevó a Recope a pedirle en marzo pasado a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), incluir el hurto de carburantes del 2018 en las tarifas como parte de sus costos de operación.
Según lo propuso en el estudio tarifario ET-024-2019, intentó cobrarle al bolsillo de los usuarios ¢1.537 millones. La Intendencia de Energía rechazó la pretensión.
Si bien esa instancia coincide en que el robo de combustible se vincula a eventos ajenos al control de Recope, su razonamiento es que esa situación debe atenderse de manera integral; más allá de un mero traslado del costo al usuario.
En su resolución RE-0048-IE-2019, del 10 de julio de 2019, la Intendencia señala que más bien deben formularse y aplicarse estrategias de prevención y mitigación de riesgos, “no sólo por el impacto que podría tener por la destrucción de la infraestructura, que es estratégica para garantizar la continuidad y la confiabilidad en la prestación del servicio, sino también por el impacto económico, social y ambiental asociado a este tipo de eventos”.
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En este contexto, asegura la Intendencia, los robos de combustible en el poliducto no pueden clasificarse como una pérdida operativa.
De todos modos, como es la primera vez que Recope pido dinero debido al robo de combustibles, la Intendencia considera que cuando la Refinadora retome el tema en un futuro ajuste tarifario, es necesario establecer un procedimiento que permita visibilizar y transparentar, ante los usuarios, las condiciones bajo las cuales se podría realizar el reconocimiento de ese costo.
Recope también informó que, aunque el INS dejó de brindarle el seguro por robo, elaboró un cartel para la contratación de cobertura de seguros, entre las cuales, se considera la cobertura de robo.
“Este cartel se encuentra en proceso de revisión y ajustes; y su finalidad es obtener, mediante los procesos de contratación administrativa, mejores condiciones y la posibilidad de que alguna aseguradora o reaseguradora nos ofrezca la cobertura de robo”, afirmó la Refinadora en su petición a la Aresep.
Al respecto, la Intendencia de Energía le ordenó a Recope que remita un informe sobre el estado actual de ese cartel a más tardar el 30 de agosto de 2019.
Este martes 9 de julio, un derrame de combustible por una toma ilegal en la tubería de Recope, contaminó la fuente de agua que abastece a los vecinos de Siquirres, Indianas y Pacuaritos.
Natalie Montiel, subgerenta de sistemas periféricos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), explicó que las lluvias arrastraron el combustible al margen del río Siquirres, lo que ocasionó la contaminación del líquido de donde esa entidad toma el agua.
El derrame se presentó desde el miércoles de la semana anterior y, según Montiel, no habían sido informados por la Refinadora Costarricense de Petróleo, por lo que fue hasta la madrugada de este martes que se identificó la presencia de hidrocarburos en la planta potabilizadora y se activaron los protocolos de emergencia.