Martín Arévalo, director de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), no descarta la posibilidad de obtener el contrato con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) para llevar a cabo importantes obras en la ciudadela La Carpio, ubicada en la Uruca, San José.
El Gobierno pretendía firmar con UNOPS, sin ningún tipo de concurso público o licitación, un acuerdo por $6,5 millones (¢3.514 millones al tipo de cambio del Banco Central) para la construcción de sistemas de agua potable, residual y pluvial, control de incendios, iluminación, gestión de residuos sólidos y redes eléctricas.
De la cifra mencionada, el 5% quedaría en manos de la agencia de las Naciones Unidas como pago por administrar el proyecto. Las obras debían realizarse en 42 meses a partir de que el convenio entrara en vigor.
No obstante, la semana pasada, la Contraloría General de la República (CGR) objetó el contrato y rechazó refrendarlo, pues el Estado intentó calificar a UNOPS como un organismo de asistencia humanitaria para aplicarle el artículo 2 de la Ley General de Contratación Pública, vigente desde noviembre de 2022. Esa normativa permite hacer contrataciones excepcionales y directas “con otros Estados o sujetos de derecho internacional público de carácter humanitario”.
La Contraloría refutó la contratación por considerar que no se tiene acreditado que UNOPS “constituya un organismo de naturaleza humanitaria”. Además, señaló que para poder demostrar esa condición, la organización debería haber dejado claro desde su creación que fue establecida para brindar “ayuda a las víctimas de desastres naturales o conflictos armados” o “aliviar el sufrimiento o garantizar la subsistencia del ser humano”.
Para Arévalo, se pueden subsanar las consideraciones hechas por el órgano contralor. En su criterio, UNOPS cumple como una entidad de ayuda humanitaria.
Argumentó que, desde el año 2000, UNOPS trabaja con los Objetivos del Milenio, una serie de metas definidas por los países para luchar contra la pobreza extrema en varias dimensiones y que, desde el 2015, incorporaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
“Los objetivos, al final de cuentas, están dentro de un marco humanitario de la reducción de la pobreza, de las condiciones de salud, cuestiones de equidad de género, educación y acción para el clima (...) Ahorita estamos trabajando en acciones humanitarias en Ucrania, en Afganistán, en Yemen, en Sudán del Sur, nosotros tenemos, definitivamente, un carácter humanitario”, declaró el director de UNOPS en el país.
Añadió que no van a desistir de la idea de firmar el contrato con el Estado para las obras en La Carpio.
La inversión del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) intervendría un área total de 591.668 metros cuadrados, donde habitan aproximadamente 5.983 familias. El proyecto es arrastrado desde 2014 sin lograr concretarlo con éxito.
No hay respuesta institucional
La Nación contactó este martes a Wendy Molina, presidenta del INVU, para conocer si la entidad tiene interés de insistir en dejar el contrato en manos de UNOPS o acudiría al Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) por una licitación en la que invite a varias empresas, pero no contestó las llamadas realizadas a su teléfono celular.
La jerarca se comprometió a atender preguntas sobre este tema el sábado anterior, pero a último minuto canceló la entrevista.
También se buscó a Manuel Morales, director de Vivienda y Asentamientos Humanos, para conocer cuál será el futuro de las obras, pero respondió que “por protocolo” se debía agendar la entrevista a través de Tatiana Mora, encargada de prensa del INVU.
La semana pasada, en una llamada telefónica, el funcionario dio dos versiones sobre dónde surgió la idea de contratar a dedo a UNOPS. Primero declaró que fue una propuesta de varias instituciones públicas, pero no mencionó nombres. Al insistir en la pregunta sobre quién lo planteó respondió que la idea viene desde la administración anterior.
“Está claro que si bien UNOPS ejecuta o desarrolla proyectos que pueden impactar de forma directa y positiva el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, ello no implica que su naturaleza sea la de un organismo de carácter humanitario, pues como bien lo señala la Ley No. 9317 ya citada, UNOPS es un proveedor de servicios”, concluyó la Contraloría.
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La CGR no dio como válida la opinión del oficial senior de Asuntos Jurídicos de la agencia, avalada por la asesoría legal del INVU, que planteaba una “tesis abierta” del carácter humanitario de un sujeto internacional público.