La controversia entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el pago de cargas sociales produce un episodio sin precedentes en el país.

Desde hace más de una década, la CCSS insiste en que la ONU debe cancelar cargas sociales por los trabajadores costarricenses que emplea en el país. Sin embargo, el organismo internacional sostiene que goza de privilegios y, por lo tanto, no debe pagar esas obligaciones.

Para resolver esa diferencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto inició, desde noviembre del 2020, un proceso de diálogo que involucra a la Caja, la Procuraduría General de la República y las siete agencias de la ONU con estatus de morosidad ante la seguridad social.

Además, en las discusiones intervienen asesores legales de la ONU desde Nueva York, Estados Unidos.

El objetivo, según Rodolfo Solano, ministro de Relaciones Exteriores y Culto, es llegar a un acuerdo en los próximos meses, pero si eso no sucede acudirían a arbitrajes internacionales o solicitarían una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia para aclarar el asunto.

“Yo esperaría que en los próximos meses podamos, al menos, tener claro cuál es el horizonte, saber si mantenemos este asunto en un espacio doméstico o empezar a valorar un espacio a nivel internacional”, comentó Solano en una entrevista el martes anterior.

Desde el 2010, la CCSS acumula 15 expedientes de cobro administrativo contra siete agencias de la ONU por el presunto incumplimiento de obligaciones patronales por más de ¢1.300 millones.

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De las siete agencias, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es la que tiene el pasivo más alto: ¢886 millones desde el 2015.

En lista de cobro de la CCSS también aparecen la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). También, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y el Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Ilanud) .

Además, en la actualidad, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) es investigada por la forma en que emplea a su personal en el país.

La deuda se originó cuando empleados o exempleados de las oficinas de las Naciones Unidas denunciaron supuestos incumplimientos en el pago de cargas sociales. También hay casos en los que se abrieron procedimientos por inspecciones de oficio de las autoridades.

Desde el 8 de abril del 2003, por medio del dictamen C-100-2003, la Procuraduría General de la República estableció que las misiones diplomáticas que contraten personal costarricense deben cumplir con todas sus obligaciones como cualquier otro patrono.

“Este es un tema que tiene, posiblemente, más de 10 años o 15 años de estar dando vueltas (...). Tenemos una diferencia entre el Derecho Público costarricense y el Derecho Público Internacional, lo que procede es establecer un diálogo y ese es el primer paso”, subrayó el Canciller.

Las partes se plantearon un máximo de seis sesiones para llegar a un acuerdo; a la fecha ya se realizaron tres encuentros.

Natalia Córdoba, asesora jurídica de la Cancillería, explicó que si no se consigue un arreglo por medio del diálogo tendrían que analizar el mecanismo de resolución de conflictos previsto para cada agencia de la ONU en Costa Rica.

“Existen diferentes alternativas que podrían ser desde un arbitraje hasta una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Si llegáramos a ese momento correspondería hacer una valoración de las autoridades para determinar cuál sería la hoja de ruta”, dijo esta funcionaria.

Para la coordinadora residente de la ONU en Costa Rica, Allegra Baiocchi, las conversaciones actuales son el espacio para resolver la diferencia.

“Para la ONU es la oportunidad de avanzar hacia una solución definitiva de esta situación, basada en el marco legal internacional aplicable por medio de los convenios firmados por el país. Esperamos llegar a un acuerdo pronto que permita resolver esta diferencia con la CCSS”, afirmó.

A pesar de la discusión, el Canciller no cree que produzca grietas en la relación entre Costa Rica y la ONU.

Semanas atrás, el jerarca envió una nota a 44 jerarcas de instituciones para informarles sobre la negociación con las Naciones Unidas.

No frenan cobros

Solano reconoció que, como parte de las conversaciones, se acordó preguntarle a la CCSS si podía suspender los procesos de cobro administrativo contra las siete agencias de la ONU en estado de morosidad, pero la institución respondió que no.

Sin embargo, el Ministro subrayó que en ningún momento esa petición fue planteada como una condición para avanzar con el diálogo.

“Es muy importante entender que las Naciones Unidas no es, por así decirlo, un ogro institucionalizado, es un socio importante de Costa Rica, han sido un socio fundamental durante la pandemia, creemos en el multilateralismo”, aseveró el jerarca.

Allegra Baiocchi, coordinadora residente de la ONU en Costa Rica, confirmó la petición de frenar los cobros durante las negociaciones.

“Para avanzar hacia una solución definitiva en el diferendo con la CCSS sobre la base de un diálogo constructivo, basado en la buena fe y la transparencia, (...) la ONU planteó la posibilidad de que el estado costarricense pueda solicitar a la CCSS la suspensión temporal de los procesos que tramita contra las agencias de NNUU, mientras se resuelve el diferendo en el proceso de diálogo”.

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