¿Vetaría Carlos Alvarado la rebaja del marchamo? ‘Ustedes saben qué haría yo’

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¿Vetaría el proyecto de ley que rebajaría el marchamo por segundo año consecutivo? El presidente Carlos Alvarado, quien se opone a la iniciativa, respondió: “No ha llegado a mí, pero ya ustedes me conocen; después de tres años, ustedes ya saben frente a una situación de esas qué es lo que yo haría”.

Los diputados de oposición impulsan la reducción del impuesto a la propiedad que se cobrará dentro del marchamo del 2022 y, el lunes pasado, introdujeron una versión más moderada que la original, la cual reduciría los ingresos del Gobierno en ¢30.000 millones en vez de ¢60.000 millones.

No obstante, en consonancia con la postura de su ministro de Hacienda, Elian Villegas, el mandatario sostiene que el plan “no es oportuno ni responsable”, pues generará un nuevo faltante en los ingresos públicos. “En el momento en que estamos, eso no es oportuno, no es responsable. Esa es mi posición”, adujo el presidente.

El año pasado, Alvarado sí firmó el proyecto de reducción del marchamo que redujo las arcas públicas en unos ¢60.000 millones, aunque también se había opuesto previamente. El ministro de Hacienda alega que, en aquella ocasión, parte de la rebaja se compensó con el proyecto PAGAR, que destinó superávits de instituciones públicas al pago de la deuda pública.

El impuesto sobre la propiedad de vehículos representa cerca del 63% del valor total del marchamo. El resto del precio equivale a factores como el Seguro Obligatorio de Vehículos (SOA).

Según el mandatario, este proyecto exoneraría a la gente que tiene más ingresos, en un momento en el que el país encara una difícil situación económica.

La Contraloría General de la República advirtió de que este proyecto pondría en riesgo la recuperación fiscal que se espera para el 2022.

El ministro de Hacienda, en tanto, calificó el avance del proyecto del marchamo como un acto de “irresponsabilidad fiscal”. Dijo que “carece totalmente de lógica” aprobar la iniciativa si, a la vez, los diputados se oponen a la agenda de saneamiento de las finanzas públicas pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).