El presidente de la República, Rodrigo Chaves, propone la venta del Banco de Costa Rica (BCR) para pagar deuda pública y generar ahorros en el pago de intereses.
Chaves anunció el planteamiento en su discurso de los primeros 100 días, el 16 de agosto. La propuesta no estaba contemplada en su plan de gobierno ni fue una promesa suya de campaña.
En criterio del mandatario, la venta de la entidad financiera estatal “es la mejor política pública con respecto al manejo de estos activos”.
Estos son los alcances y las implicaciones del proyecto de ley impulsado por el Gobierno, así como las críticas al plan:
Subasta queda en manos de presidente y ministros
El proyecto de ley deja en manos del Consejo de Gobierno el proceso de subasta de este activo estatal.
Serán el presidente de la República y sus ministros, en calidad de junta de accionistas del Banco, los encargados de resolver todos los procesos relacionados con la venta de la institución pública bancaria.
Asimismo, los ministros de Hacienda, Presidencia, Planificación, Economía y Trabajo conformarán un Comité de Venta, el cual recomendará al Consejo de Gobierno las decisiones administrativas que deban tomarse en el proceso de subasta del banco.
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Este es uno de los puntos donde más desencuentros existen entre el Gobierno y los diputados de oposición.
Eli Feinzaig, jefe de la bancada del Partido Liberal Progresista (PLP) considera que el proyecto “otorga demasiado poder a un comité de ministros” y señala que ese órgano propuesto por el Gobierno “es de naturaleza política, cuando debería ser de naturaleza técnica-financiera”.
También ese fue uno de los señalamientos de Kattia Rivera, jefa de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN). La liberacionista dijo que “una vez más, desde Casa Presidencial, se equivocan en la forma de abordar un proyecto”.
Futuro de aportes a pensiones del IVM y otros programas queda en el aire
Una interrogante que no responde el proyecto de ley es qué pasará con las cargas parafiscales.
Actualmente, el Banco de Costa Rica efectúa aportes anuales, a partir de sus ganancias, para financiar diversos programas públicos. Por ley, el 15% de las utilidades se destinan a las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM); el 5% al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) y el 3% a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
La iniciativa elimina todas esas obligaciones del banco una vez pase a manos privadas, pero el Gobierno no tiene un plan para reponer esos recursos a partir de otras fuentes.
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Daniela Rojas, jefa de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), había señalado que esa es una de las preocupaciones de su fracción en torno a la venta del banco.
“La mayor preocupación son las cargas parafiscales que estas instituciones hacen a otras entidades de carácter fiscal”, dijo Rojas en alusión a la subasta del BCR y a la venta del 49% de las acciones del Instituto Nacional de Seguros (INS). Esa también es una objeción de la jefa liberacionista, Kattia Rivera.
En declaraciones ofrecidas el pasado 15 de setiembre, el presidente Chaves restó importancia a la ausencia de fondos sustitutos para los aportes del BCR a las pensiones y otros programas.
También, catalogó de “absurdo” el argumento de oponerse a la venta del BCR por proteger los aportes que hace esa entidad, pues él considera que es más beneficioso generar ahorros en el pago de intereses de la deuda pública.
Cuando fue consultado sobre cómo reponer esas fuentes de recursos, Chaves contestó que “los tributos y los impuestos le corresponden a la Asamblea Legislativa”.
Asesor podrá llevarse un porcentaje de la venta
La persona o empresa financiera que asesoraría al Consejo de Gobierno, en el proceso de subasta del Banco de Costa Rica, podría dejarse un porcentaje del precio de venta del activo estatal como parte de su pago.
El proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo autoriza al Gobierno a pagarle un monto fijo, así como un incentivo basado en los resultados de la subasta del banco público, que tendría un valor cercano a los $2.000 millones, de acuerdo con una evaluación preliminar del Ministerio de Hacienda.
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La propuesta deja a discrecionalidad del Gobierno determinar la porción de ingresos que se dejará la persona asesora. Señala que, hasta después de la posible aprobación del proyecto, se realizarían estudios de mercado para determinar este pago variable.
Además, el Gobierno tendría derecho a elegir al encargado de la asesoría al margen de las normas establecidas en la Ley General de Contratación Pública. Los ministros la escogerían con base en entrevistas. De hecho, dice el proyecto de ley, se libraría al Gobierno de usar el Sistema de Compras Públicas (Sicop) para esta contratación.
Gobierno debe reunir 38 votos para aprobar proyecto
Para lograr la aprobación del proyecto de ley de venta del Banco de Costa Rica, el Gobierno deberá reunir los votos de 38 diputados.
Fue el propio presidente Chaves quien comenzó la discusión sobre el apoyo requerido para la aprobación del plan. Inicialmente, el mandatario indicó que únicamente se necesitaba de mayoría simple, pues el proyecto de ley “no extingue la personería jurídica”.
No obstante, el mismo proyecto de ley, en su primer artículo, contradice lo dicho por el mandatario, pues ese numeral autoriza la extinción del banco como institución autónoma.
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Finalmente, un criterio emitido por el departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa determinó que la venta del BCR a un sujeto privado requiere la autorización legal de una mayoría calificada de la Asamblea, es decir, los votos de 38 diputados.
Los números de la venta y su impacto en la deuda pública
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, afirmó que la intención del Poder Ejecutivo es recibir alrededor de $2.000 millones. No obstante, reconoció que el Gobierno aún desconoce el impacto real de la medida.
“Aún estamos en el proceso de cálculos, porque la idea es determinar cuánto se ahorra a futuro por una cancelación de bonos”, dijo.
Con la venta del BCR y el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), el Gobierno prevé recaudar ¢1,2 billones para reducir la deuda pública. Eso representa alrededor de un 4,3% de la deuda del país, la cual alcanzó al 2021 los ¢28 billones, cifra equivalente al 68,3% del producto interno bruto.
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¿Por qué el BCR y no el BN?
Acosta, afirmó que existen al menos dos razones para vender el Banco de Costa Rica, por encima del Banco Nacional, otra de las entidades financieras estatales.
“Hay dos particularidades del Banco de Costa Rica por el cual se vuelve un activo más fácil de vender. Primero, por las características de su cartera, porque es más corporativa. Esto es relevante porque es más de empresa y de negocio, y es el espacio donde los bancos podrían tener interés”, dijo Nogui Acosta.
El jerarca también destacó que, en contraste, el Nacional es un banco con un negocio vinculado fuertemente a vivienda, lo cual lo hace más difícil de colocar frente a un posible interesado.
Los pros y contras del activo rumbo a su privatización
Cuatro reconocidos banqueros analizaron las fortalezas y debilidades del Banco de Costa Rica (BCR) que podrían incidir en el proceso de subasta.
En su posible travesía hacia la privatización, la entidad financiera posee características atractivas para su venta. Por ejemplo, tieneuna cartera de crédito grande, los préstamos están balanceados por actividad y clientes, además de que hay ganancias estables, provisiones suficientes para atender posibles créditos malos y un nivel de morosidad por debajo del 3%, porcentaje que es considerado sano.
Sin embargo, tiene atributos que le afectan. En los últimos años, la entidad cedió terreno frente a sus competidores, en especial BAC Credomatic; el número de empleados y sucursales lo hacen pesado y es una institución que solo opera en Costa Rica. Además, al tratarse de un activo público, el proceso de venta tendría amplia divulgación, lo cual puede poner a dudar a eventuales interesados.
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De hecho, recién empezando ese posible proceso a la privatización, el propio presidente Rodrigo Chaves lanzó fuertes críticas al banco.
“Que hay gente que se opone a la venta; obviamente, va a haber gente que se opone. Lo que yo creo es que la gran mayoría del pueblo sabe que el Banco de Costa Rica es un banco comercial más, que no les ha dado un solo dividendo en su vida, que no le está dando crédito a las pymes (pequeñas y medianas empresas) y que ha tenido problemas de gobernabilidad y corrupción enorme”, declaró el mandatario el 12 de setiembre.