“Soy inocente, voy a demostrar que soy inocente, no he arreglado absolutamente nada”, afirmó el alcalde de Cartago, Mario Redondo, al salir esposado de su casa, luego de ser detenido por la Policía Judicial como sospechoso en el Caso Diamante, el cual versa sobre presunta corrupción en obras públicas municipales.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó la casa de Redondo Poveda en el residencial Cartago, en la ciudad del mismo nombre, desde tempranas horas de la mañana de este lunes. Los agentes lo sacaron a las 10:53 a. m. de la vivienda con rumbo a los Tribunales de Justicia.
Al salir, él procuró hablar a la prensa. Alcanzó a decir un par de frases, pero los policías lo introdujeron de inmediato al asiento trasero de un vehículo.
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Media hora antes, los agentes del OIJ cargaron uno de los vehículos con cajas plásticas de color rojo que sacaron de la vivienda del alcalde. Al lugar se acercaron allegados de Redondo y su familia, quienes esperaron fuera de la casa mientras se desarrollaba la diligencia.
Supuesta red delictiva en siete municipios en torno a MECO
En el caso Diamante se investigan presuntos hechos de corrupción en la contratación y construcción de obra pública en múltiples municipalidades. Entre los 13 detenidos figuran seis alcaldes: Redondo Poveda, de Cartago; Johnny Araya Monge, de San José; Alfredo Córdoba Soro, de San Carlos; Humberto Soto Herrera, de Alajuela; Alberto Cole de León, de Osa y Arnoldo Barahona Cortés, de Escazú.
También, quedaron detenidos funcionarios de las municipalidades de Escazú, Alajuela, Golfito y San José, así como una persona vinculada a la constructora MECO, de apellidos Gutiérrez Vargas; y otra relacionada con la empresa Explotec, apellidada Cruz Porras.
De acuerdo con la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, aparentemente existe una organización criminal en la cual empresas otorgan dádivas y promesas de retribución a cambio de beneficios indebidos, principalmente para la constructora MECO, dentro de procesos de contratación administrativa para la conservación vial y la concesión de obra pública.
“Se presume que los funcionarios públicos favorecían a las empresas ejerciendo controles de licitaciones para la adjudicación de contrataciones, pago adelantado de facturas e inicio anticipado de obras públicas. A cambio, se sospecha que se dieron retribuciones ilegales, que incluyen dinero en efectivo, trabajos de construcción en viviendas de las personas involucradas y entrega de vehículos”, informó el Ministerio Público.
La Fiscalía indicó que se investigan varios presuntos delitos, incluidos los de cohecho, tráfico de influencias y penalidad del corruptor. El caso se tramita en el expediente judicial 20-009616-0042-PE.
Esta es la segunda vez en el 2021 que MECO figura en un caso de supuesta corrupción en obras viales. En junio, el megaoperativo del Caso Cochinilla dio a conocer una presunta red criminal que habría favorecido la contratación de las constructoras MECO y H. Solís en proyectos de obra pública a cargo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
El expediente judicial del caso Cochinilla reveló que Mario Redondo se reunió en unas dos ocasiones con el gerente de Operaciones de MECO, Abel González, dentro de vehículos estacionados en parqueos de comercios, con el fin de hablar sobre un contrato para asfaltar vías municipales en Cartago.
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