El Gobierno recortó en ¢54.000 millones el presupuesto destinado a pagar las cuotas estatales para las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) de la CCSS.
Por disposición legal, el Estado debe aportar para las pensiones de los trabajadores de los sectores público y privado un monto equivalente al 1,41% del salario de cada empleado. Para el seguro de salud, 0,25%.
Pero, en el Presupuesto del Gobierno Central para el 2023, las partidas para cubrir los aportes a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se redujeron de ¢382.700 millones a ¢328.700 millones al compararlas con el plan de gastos del 2022.
Un corte parejo del 14,2% recayó sobre las cuotas estatales para las pensiones de los trabajadores de los sectores privado y público descentralizado, así como las de trabajadores independientes, asegurados voluntarios y demás personas cubiertas por convenios especiales.
En el caso del seguro de salud, el Gobierno también rebajó en un 14,2% las cuotas del Estado en favor de las mismas categorías de asegurados y el aporte para pagar a la CCSS la atención de personas sin recursos, lo que se conoce como aseguramiento por cuenta del Estado.
Finalmente, rebajó en casi un 13% la contribución estatal para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades asociadas al tabaquismo.
Así consta en una comparación presupuestaria elaborada por la Contraloría General de la República.
Ministro: ‘No hay espacio fiscal’
Consultado sobre las rebajas en los aportes estatales para la CCSS, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, alegó que estas se deben a que “no hay espacio fiscal” para presupuestar más recursos.
“Es muy simple, la presión de la deuda estruja cualquier otro gasto. Y este presupuesto está hecho al centavo”, dijo el jerarca de Hacienda, quien recordó que el presupuesto debe cumplir con la regla fiscal (tope de crecimiento al gasto).
Añadió que el Gobierno presupuestó las cuotas patronales del Gobierno Central y el aseguramiento de personas privadas de libertad, pero “lo que está presupuestado para otros gastos relacionados con la prestación de servicios de la CCSS, depende de la valoración de la pertinencia de dicho gasto”.
En el caso del aporte estatal a las pensiones del IVM, el recorte es de ¢27.562 millones y, en el SEM, de ¢26.437 millones, lo cual suma ¢54.000 millones.
Preocupa sostenibilidad de CCSS
La contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, declaró que los recortes pueden agravar la deuda histórica del Estado con la Seguridad Social, la cual considera que crece como “una bola de nieve”, pero advirtió que el efecto de la medida no termina ahí.
“Nos preocupa los servicios y la sostenibilidad de la Caja Costarricense de Seguro Social. En este presupuesto, se disminuyeron las transferencias a la Caja”, aseguró la contralora.
Aseguró que el presupuesto planteado por el Gobierno sacrifica a los más vulnerables y contiene recortes “sin ningún criterio y definición de prioridades” que se centran en áreas prioritarias como Salud y Educación.
Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios tratan de restituir fondos a la CCSS. Para ello, en la discusión del Presupuesto del 2023, aprobaron una moción que reduce en casi ¢26.200 millones la partida para el pago de intereses de la deuda, a fin de reasignar los recursos a programas de salud y enfermedad de la Caja.
Esa moción formó parte de un paquete de reasignaciones por ¢81.000 millones que abrió un conflicto con el Gobierno, pues el presidente de la República, Rodrigo Chaves, calificó de “irresponsables” a los diputados por reducir el presupuesto para honrar intereses. Ahora, el plan de gastos se discutirá en el plenario.
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En setiembre pasado, el presidente Chaves afirmó que “la Caja está quebrada”. Así lo dijo cuando anunció la separación de Álvaro Ramos de la presidencia de esa institución. Citó que “el régimen del IVM tiene un déficit enorme y el servicio de salud tiene serios problemas financieros”.
La discordancia entre la CCSS y Hacienda
En el año 2021, el Estado transfirió a la CCSS un total de ¢348.800 millones en aportes estatales a pensiones y a la atención de salud. No obstante, la Caja le cobró facturas por ¢529.400 millones, según datos validados por la Contraloría General de la República.
Solo ese año, la diferencia fue de de ¢180.600 millones.
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Eso lleva a la contralora Marta Acosta a describir la deuda del Estado con la CCSS como “una bola de nieve” que crece año a año, sin que se definan soluciones para frenarla.
Actualmente, existe una billonaria diferencia en los cálculos sobre el monto de la deuda. Mientras la CCSS estima el pasivo contingente en ¢2,4 billones, a abril de 2022, Hacienda estima que es de ¢280.000 millones, es decir, ¢2,4 billones menos de lo estimado por la entidad de Seguro Social.
“Es una diferencia abismal. No se han logrado poner de acuerdo en cuánto es la deuda, mientras siguen llegando facturas de la Caja a Hacienda, algunas no registradas por Hacienda a la hora de liquidar el Presupuesto de la República”, aseguró la contralora.
Marta Acosta también manifestó que si se contemplara la totalidad de la deuda estatal que reclama la Caja, los resultados fiscales del Gobierno cambiarían abruptamente.
Un artículo publicado por La Nación en junio pasado expuso que la decisión unilateral de la Junta Directiva de la CCSS de elevar el aporte estatal al IVM provocó un incremento de la morosidad del Gobierno con el fondo, en vez de una mayor la recaudación, como lo tenía previsto la institución autónoma.
En 2016, el aporte estatal pasó de 0,58% a 1,24%. Actualmente, es del 1,41% y subirá a 1,57% a partir del próximo año. El porcentaje alcanzará un máximo de 1,91%, en el 2029, tal como se acordó en la reforma al régimen en el 2005.